IDESA cuestionó la equiparación laboral del personal doméstico
Según un informe dado a conocer hoy por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino -IDESA-, el proyecto de ley anunciado por el gobierno para equiparar los derechos laborales del personal que trabaja en casas particulares con los de cualquier empleado generará un "un masivo incumplimiento".
"Tal como ocurre en el segmento de las pequeñas empresas, el resultado con el servicio doméstico será un masivo incumplimiento de la norma. En lugar de priorizar la protección social nuevamente se opta por alimentar la floreciente litigiosidad", cuestionó.
Al respecto, consideró que "una de las peores alternativas es reproducir, como lo hace el proyecto, normas de dudosa eficacia entre las empresas medianas y grandes, y de muy masivo incumplimiento entre los establecimientos más pequeños".
En este sentido, el estudio plantea "si extender a una familia normas que fueron diseñadas para una empresa constituye una buena opción". "Resulta pertinente tener en cuenta las evidencias disponibles sobre el actual grado de cumplimiento de la normativa laboral en empresas de diferente tamaño", señaló.
Según indicó, en base a datos oficiales, entre las empresas con más de 40 trabajadores, el porcentaje de trabajadores registrados alcanza al 89 por ciento; entre 6 y 40 empleados, el guarismo baja 68 por ciento; y con menos de 5 dependientes, apenas alcanza al 31 por ciento.
El informe atribuyó el incumplimiento, en parte, a que "los controles se diluyen en la dispersión de los pequeños establecimientos", pero también a "que las normas superan las capacidades económicas y administrativas de los emprendimientos más pequeños".
"La debilidad de los controles y la limitada capacidad económica y administrativa del contribuyente se potencian cuando el empleador es una familia", advirtió, y precisó que pese a las reformas que incentivaron el "blanqueo" de las empleadas domésticas con desgravaciones del impuesto a las ganancias, un millón de trabajadoras del sector aún están "en negro".
El instituto sostuvo que el Congreso tiene la oportunidad "de hacer un aporte muy relevante a la equidad social y de género a partir de diseñar e impulsar un proyecto alternativo al enviado por el Ejecutivo". "De lo contrario, quedará subsumido en la mediocridad de insistir en normas de alta ineficacia social y cuyo único impacto de relevancia será engrosar los ingresos de la industria del juicio laboral", concluyó.