Aprueban normas para combatir paga en negro y trabajo esclavo
“La norma pone un piso de derechos para los trabajadores que no están contemplados en la ley vigente y le permite a la autoridad de aplicación contar con herramientas legales que ahora no tiene para sancionar por el incumplimiento de esos derechos”, asegura Álvaro Ruiz, presidente de la CNTA y subsecretario de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, según se consigna en un artículo publicado en el semanario Miradas al Sur.
La resolución había sido rechazada por las entidades agrarias patronales, al igual que vinieron haciendo con el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para modificar la actual Ley 22.248, sancionada durante la dictadura y que cercena los derechos de los trabajadores agrícolas en relación con cualquier otro trabajado.
Sin embargo, contó con la aprobación de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre).
De acuerdo con un reciente relevamiento del Ministerio de Trabajo, el empleo informal en la región pampeana alcanza el 75% de los asalariados, el 57% en el Noroeste y el 75,7% en el Noreste.
La informalidad en el sector no sólo obedece a factores que tienen que ver con la estacionalidad del trabajo que impone la cosecha, sino también a la reconversión que se dio en el campo a partir de su tecnificación y la complejización del sistema productivo.
Requisitos
La resolución consta de 28 artículos en los que se establecen los requisitos que deben cumplir la vivienda donde se alojan los trabajadores, los servicios sanitarios, el suministro de energía eléctrica y cuestiones que tienen que ver con los familiares que pueden acompañar al trabajador como el cuidado y la contención de los hijos y la prohibición de que trabajen en caso de ser menores de edad.
La Comisión Nacional de Trabajo Agrario es un organismo tripartito, conformado por cuatro representantes del Estado (dos del Ministerio de Trabajo, uno de Agricultura y otro de Economía), dos por la parte patronal (los cuatro miembros de la Mesa de Enlace, CRA, Coninagro, SRA y FAA se rotan para ocupar los cargos) y por el lado de los trabajadores.
A principio de año, la presidencia de la Comisión elevó su propuesta al resto de los miembros.
“Cuando nos juntamos por primera vez, a mediados de febrero, los representantes patronales pidieron tres semanas más para analizar el proyecto. Aceptamos la solicitud pero les pedimos que en el transcurso nos vayan enviando las objeciones que pudieran encontrar para tratarlas ya directamente en el próximo encuentro. Llegó el día de la reunión, sin que recibiéramos ninguna observación, y allí nos volvieron a pedir más tiempo para estudiar algunas cuestiones. Consideramos que ya había pasado tiempo suficiente y que en realidad lo que estaban buscando era alargar los tiempos para que la norma nunca se pusiera en vigencia. Por lo tanto, no aceptamos ese pedido y los representantes patronales prefirieron retirarse de las negociaciones”, describe Ruiz.
A la vez, el funcionario señala que distinta fue la actitud de los representantes gremiales.
“Ellos plantearon observaciones en 6 de los artículos, las discutimos, algunos los modificamos y, finalmente, llegamos a un acuerdo.” En consecuencia, la norma salió aprobada con los votos de seis de los ocho representantes de la Cnra. La buena predisposición de Uatre para aprobar la norma lleva a pensar que el gremio puede ceder en la resistencia que mostró hasta el momento acerca del proyecto de ley que envío el Ejecutivo al Congreso.
En este sentido, Ruiz señala que “en los que tienen que ver con los derechos individuales, condiciones de trabajo, salario, derecho a huelga y a negociaciones colectivas, tenemos plenas coincidencias con el proyecto que presentó la Uatre”.
Las diferencias comienzan en cuestiones más corporativas.
“Ellos no quieren perder la alianza que tienen las entidades patronales en el Renatre (el organismo encargado de registrar a los trabajadores rurales) en donde el Estado no tiene ninguna injerencia y que demostró su fracaso, teniendo en cuenta el alto grado de trabajo no registrado que se da en el campo. Por eso es que en el proyecto proponemos crear otro organismo, presidido por el Estado y con representantes de los empresarios y los trabajadores”, sostiene Ruiz. Los más postergados. El alto grado de trabajo no registrado es una de las facetas más negativas que se manifiesta en el ámbito rural.