Avances en el plan integral para sanear el Riachuelo

La cuenca Matanza-Riachuelo ha sido desde siempre un agujero negro en las administraciones nacionales y provinciales, un tema al que mejor había que dejar en un cajón antes que emprender una solución. Hubo quienes prometieron recetas mágicas y hoy siguen rindiendo cuentas ante la Justicia. Y es, coincidentemente, desde el Poder Judicial donde comenzó a despuntarse una solución para más de 6 millones de habitantes de la cuenca, al generarse un plan director para recomponer el mayor pasivo ambiental del país.

A poco más de cuatro años del histórico "Fallo Mendoza" de la Corte Suprema que emplazó al Estado nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires a realizar las acciones y las obras conducentes a reparar el daño ambiental existente, hay avances en distintos aspectos que hacen no solamente a la recuperación del agua, el aire y el suelo, sino también al control de la ejecución de las obras, al acceso público a la información y a la mejora en la calidad de vida de los vecinos.

Programa

"El fallo de la Corte fue un punto de inflexión en la situación del sistema de la cuenca Matanza-Riachuelo, que venía sin ningún tipo de actividad; se constituyó en el punto de partida de un proceso que está en pleno desarrollo", enfatizó en diálogo con Ámbito Municipal & Desarrollo Federal Anselmo Sella, adjunto I al cargo del defensor del pueblo de la Nación, trazando una línea divisoria, un antes y un después de la decisión del máximo tribunal, la que por primera vez generó la puesta en marcha de un plan director con claros objetivos.

El fallo ordenó a la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), que había sido creada en 2006 para permanecer por dos años solamente como un sello de goma, la puesta en marcha de un programa que contemple los siguientes objetivos: la mejora de calidad de vida de los habitantes de la cuenca, la recomposición del ambiente en la cuenca en todos sus componentes (agua, aire y suelos) y la prevención de daños con suficiente y razonable grado de predicción. De esa condena nació el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), que contiene diferentes líneas de acción que también habían sido fijadas por la Corte.

Otro aspecto central de la sentencia del máximo tribunal es haber designado al Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes como el brazo ejecutor de la sentencia, otorgándole una competencia más amplia para darle agilidad al avance del programa, siendo sus fallos sólo recurribles por la vía del recurso extraordinario ante la Corte. Fuentes del juzgado a cargo de Luis Armella, explicaron a Ámbito Municipal & Desarrollo Federal que "el juzgado apunta a la dignidad del ser humano, lo que implica un sentido más amplio que el del mero saneamiento". En tal sentido, el PISA es dinámico porque los objetivos son amplios y tienen puntos de intersección en donde avanzar en un sentido implica necesariamente el cambio de las condiciones en otra dirección.

En el avance del plan director hay aspectos que se traducen en resultados concretos, mientras que otros que no son perceptibles tienen una importancia central. En este último caso se encuentra la consolidación de la ACUMAR, que tiene competencia ambiental en toda la cuenca, por sobre las competencias ambientales del Estado nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y los 14 municipios que integran la cuenca. Por otra parte, la Corte creó un cuerpo colegiado coordinado por el defensor del pueblo de la Nación, integrado, además, por cinco organizaciones: Greenpeace, FARN, Asociación Vecinos de la Boca, Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y CELS. Este cuerpo se reúne una vez por semana y también por una orden del juez Armella se encuentra una vez cada 14 días con la ACUMAR. "Se ha generado una dinámica que nos ha permitido avanzar conceptual y operativamente en hechos concretos", sostuvo Sella.

En lo que hace a lo visible, las obras avanzan en distintas direcciones para cubrir los objetivos planteados en el PISA. Por caso, en lo que hace a la liberación y refuncionalización del camino costero, se llevan invertidos $ 398 millones en pavimentación de unos 20.000 metros (200 cuadras) del camino de sirga, del cual está libre un 84% de su extensión, lo que representa 33.698 metros, para lo que hubo que relocalizar seis asentamientos. Además hay dos que están en pleno proceso de mudanza y 37 empresas con desalojo total o parcial (ver Los números del cambio). Para tener una idea del grado de abandono en el control que existía en la cuenca, desde el juzgado de Armella señalaron el caso de una "una arenera que tenía bloqueado un acceso peatonal del Puente Pueyrredón". Justamente, fue el juzgado de Armella, respaldado en el trabajo del secretario Pablo Wilk, el que redefinió la utilidad pública del camino de sirga, llevándolo a un plano ambiental, desde la definición clásica del Código Civil que le da al camino de sirga un rol para la "comunicación por agua", lo que amplió los alcances de las obras.

Industrias

"El sistema industrial de la cuenca durante muchos años fue un poco opaco para las autoridades ambientales; no se tenía un diagnóstico claro más que el resultado de tener un río muy contaminado. Y esa fue una de las dificultades para poner en marcha el control de la contaminación industrial, que es uno de los puntos centrales del fallo de la Corte, al punto de que tuvo que establecer un programa bastante minucioso de pasos a seguir para lograr ese control, empezando por identificar a todas las empresas que están en la cuenca", detalló Leandro García Silva, quien se desempeña en el Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Defensoría del Pueblo de la Nación. El relevamiento realizado arrojó 22.454 establecimientos empadronados, de los cuales 11.457 son industriales -antes del control se suponía que había tan sólo unas 4 mil industrias-. Del total, ya fueron inspeccionados 17.518, de los cuales 1.403 fueron notificados como agentes contaminantes; de ésos 767 comenzaron a aplicar un Programa de Reconversión Industrial (PRI) ya aprobado, mientras 232 empresas fueron clausuradas y 50 ya se han reconvertido.

Justamente, la cuestión del control industrial es un aspecto controvertido, ya que mientras ACUMAR aplica en el programa de saneamiento normas para determinados vertidos, el defensor del pueblo de la Nación pretende que se establezca como parámetro la carga de masa, es decir, la cantidad total de vertidos que el río tiene la capacidad de recibir. García Silva puso un clarificador ejemplo sobre lo que pretenden: "Podés tener permitido poner una cierta cantidad de sustancia en el agua, pero esto se controla por la concentración, como por ejemplo, una cucharada de azúcar por tasa, y mientras sea una cucharada por tasa, aunque vos tires 200 tazas estás en norma, pero evidentemente la cantidad de azúcar no es la misma si vos tenés una taza o 200 tazas; sin embargo, en ambos casos estás en regla. A lo que apuntamos es a que se mida la cantidad total de sustancia que se vuelca en el río, independientemente de en cuánta agua vaya diluida. Ese paso todavía no se dio, pero es indispensable". Si bien es un objetivo ambicioso, este pedido ya ha sido aceptado tanto por ACUMAR como por el juez Armella para su estudio, con lo que finalmente podría llegar a aplicarse en una etapa posterior. Por su parte, Sella agregó al respecto: "En general nos parece que ACUMAR tendría que profundizar el proceso de control industrial. Si bien es muy complejo podría tener mejores resultados de los que se han obtenido hasta ahora. Y es un tema fundamental porque todo esto tiene que ver con la concepción de lo que es el ambiente. El informe elaborado por el defensor del pueblo es del año 2002 y del 2003; en segundo lugar tenemos la Ley General del Ambiente del año 2002; en tercer lugar, la reforma de 1994 estableció en la Constitución nacional el derecho a un ambiente sano y fijó que el ambiente es un bien colectivo y público, de manera que nadie tiene ningún tipo de justificación para decir que tira vertidos que dañan el ambiente. Además, el fallo de la Corte ya tiene cuatro años".

Municipios

Con una extensión de 64 kilómetros, el río Matanza-Riachuelo atraviesa los municipios bonaerenses de Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, General Las Heras, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo, Morón, Presidente Perón y San Vicente, y la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, a lo que se le debe agregar la responsabilidad de las jurisdicciones nacional, provincial y porteña sobre la cuenca. Para evitar la intromisión de la política en detrimento del plan de saneamiento, en el juzgado de Armella advirtieron que "la intención es tomar a la cuenca como la hizo la naturaleza para sacarle el mapa político. Sí dividimos la cuenca en Alta, Media y Baja porque las problemáticas son diferentes en los municipios y de esta forma se puede atender regionalmente cada situación".

En tal sentido, la cuenca Alta es esencialmente de características rurales, posee núcleos urbanos pequeños y una menor densidad industrial, aunque las producciones son más grandes y usan intensivamente el agua, como frigoríficos o mataderos. En el caso de la Media y la Baja se encuentra la mayor concentración industrial de la Argentina; según algunas estimaciones el 30% del Producto Bruto Industrial se genera en la cuenca.

Al respecto, García Silva explicó: "El plan de saneamiento hace algunas distinciones, no tanto en cuanto a las normas. En la cuenca Alta es necesario poner el énfasis en las grandes empresas y en la actividad agropecuaria, como los tambos. Mientras en la cuenca Media y Alta considera que hay lugares que todavía están en buenas condiciones ambientales, porque así como el río a la altura de Avellaneda, Lanús y La Boca está en pésimas condiciones, cuando se avanza en la cuenca hay zonas que no están deterioradas y que van a ser el reservorio del ecosistema" (ver Bañados de Rocha, una gran reserva).

En cuanto al compromiso de cada uno de los niveles de Gobierno con el plan de saneamiento, Sella enfatizó: "Hay Gobiernos, como el de la provincia de Buenos Aires, que han puesto mucho esfuerzo, y las municipalidades también, lo que pasa es que cada uno tiene sus dificultades internas. En cuanto al Gobierno de la Ciudad viene bastante demorado, sobre todo en la adquisición de algunos inmuebles para lograr la relocalización de asentamientos. Hay que exigir cada vez mayor compromiso de cada uno de los Gobiernos. Todo esto es un proceso que ha significado quitarles competencias ambientales a quienes antes las disponían y las ejercían libremente. Hoy existe una agencia federal que monopoliza la competencia ambiental en toda la cuenca".

En cuanto a los beneficios políticos para los jefes comunales bonaerenses, desde el juzgado de Armella sostuvieron que "el plan de saneamiento llevado adelante por ACUMAR es una oportunidad para los intendentes porque les permite mostrar gestión, ya que son beneficiados con grandes obras, como la red de cloacas y agua potable".

Cloacas

En lo que hace a la calidad de vida de los habitantes, la extensión de la red de agua potable y de cloacas al 100% de cobertura se está llevando adelante mediante un plan director de la estatal AySA, menos en el caso de Merlo, donde la cobertura le corresponde a la empresa Aguas Bonaerenses, que aún no ha definido el programa. En la cuenca hay dos plantas de tratamiento: una que sirve para una parte de La Matanza en la zona de San Justo-Ramos Mejía, que es la planta Sudoeste, al lado del Mercado Central, y otra que se llama El Jagüel, que está en el cruce de la Ruta 205 y la Riccheri, en los Bañados de Rocha, que cubre una zona de Monte Grande. El resto de la cuenca que tiene cloacas en la zona de AySA forma parte del sistema de cloacas máximas; estas dos plantas descargan en el Riachuelo. Para poder brindar cobertura al resto de la población que no tiene cloacas va a ser necesario darle tratamiento y esto forma parte del plan director de AySA. La planta Sudoeste fue ampliada al doble. El resto de la ampliación va a ser posible cuando se termine una de estas obras básicas que va a financiar el Banco Mundial: un gran caño que se llama colector margen izquierdo, que va a bordear el Riachuelo del lado de Capital para conducir todas las cloacas que vienen de Capital, Vicente López, San Isidro y Morón, que van a ser volcadas al Río de la Plata igual que ahora, pero a la altura de Avellaneda, con un tratamiento en la planta Riachuelo que ya fue licitada y se comenzó a construir, que tiene un emisario largo hacia el interior del Río de la Plata. Esto va a liberar los caños que están al sur del Riachuelo, en Avellaneda, Quilmes y Almirante Brown. El plan contempla otras plantas más pequeñas en Lanús, La Matanza y Lomas de Zamora. Hay otra planta importante gemela a la del Riachuelo que es la de Berazategui, con un emisario hacia el Río de la Plata. En la actualidad, el 80% de los efluentes van a Berazategui sin tratamiento. El plan de AySA va a cambiar el modo de tratar los residuos, que hoy es nulo. Estas obras contemplan una inversión en plantas depuradoras cloacales del plan cuenca Media y Baja de $ 4.772 millones y $ 912 millones para el resto de obras de cloaca que están en ejecución y las que ya fueron contratadas. Otro de los aspectos que se plantean en el plan es el saneamiento del espejo de agua. "La recuperación de cualquier río depende de su propia capacidad de autodepuración; el río es algo que está fluyendo, lo que uno tiene que hacer es tomar el flujo en los orígenes y evitar que se contamine. Si uno evita que se contamine la lluvia, es más limpia en general. La lluvia que llega a los ríos trae el lavado de toda la ciudad que lo rodea, con lo cual también hay ciertos tratamientos que se le hacen al agua antes de que llegue al río, etapa en la que aún no estamos pensando, pero la recuperación del Sena y del Támesis tuvieron en etapas posteriores tratamientos de agua de lluvia", explicó García Silva.

En cuanto al futuro uso del agua, hay una discusión planteada entre la ACUMAR y el defensor del pueblo de la Nación. Cuando la autoridad de cuenca definió qué uso se le quiere dar al agua del Riachuelo, estableció una escala que va de 1 a 6, y aspira a llegar a un uso 4, pero en la defensoría consideran que se puede llegar a un uso 6, lo que va a permitir actividades sobre el agua, de forma más permisiva y de más de contacto con ella.

Fuente: Ambito.com