Avanza proyecto de ley que extiende el pago de Ganancias a la renta financiera

Fue elaborado por la AFIP y se encuentra listo para que el Poder Ejecutivo lo envíe al Congreso Nacional. Si es aprobado, obligará a pagar impuestos a las personas que vendan acciones de empresas que no cotizan en Bolsa.

Mientras el foco de atención mediática se centra en el reclamo por la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, una reivindicación compartida por el universo sindical, un debate de igual o mayor trascendencia tiene lugar actualmente –con el mayor hermetismo– dentro del gobierno en torno a la aplicación de gravámenes a una parte de la renta financiera, actividad que actualmente cuenta con un trato privilegiado en materia tributaria en términos comparativos con el resto de los sectores sujetos a tributación.

El objetivo de gravar la renta financiera forma parte de un conjunto de modificaciones tributarias cuyo eje central es la modificación del Impuesto a las Ganancias y que fue plasmado en un proyecto de ley elaborado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). La iniciativa recibió una serie de modificaciones a lo largo del año y hoy se encuentra a la espera de su envío al Congreso por parte del Poder Ejecutivo. "El proyecto está listo y en las últimas semanas comenzó a moverse", reconoció a Tiempo Argentino una alta fuente oficial con conocimiento del tema en estricto off. Lo mismo reconocieron distintas fuentes privadas consultadas por este diario.

Al menos en su versión original, la propuesta oficial extiende el alcance del Impuesto a las Ganancias a la venta de acciones de sociedades que no cotizan en el mercado de valores por parte de personas físicas residentes en el país, una medida que apunta centralmente a gravar la compra y venta de empresas.

Las transacciones de acciones y bonos que sí cotizan en Bolsa también serían gravadas, pero sólo para el caso de las operaciones que involucran a extranjeros, no así para los residentes.

Tal como anticipó este diario en su edición del 25 de marzo pasado, el Plan Antievasión III –como se titula la norma– también incorpora una serie de modificaciones a la hora de determinar cuál es el resultado impositivo gravado de los fideicomisos, que pasan a ser considerados como una sociedad anónima y, como tales, obligados a pagar el 35% sobre las utilidades obtenidas.

El alcance se extiende a fideicomisos no financieros, como sucede por caso con aquellos destinados a financiar inversiones en el sector de la construcción. Utilizados para lo que comúnmente se llama "compras desde el pozo", los fideicomisos para la construcción son instrumentos que permiten a los desarrolladores encarar proyectos conjuntamente con inversores minoristas, quienes pagan una cuota que equivale generalmente al costo de la unidad del edificio, quedándose con la diferencia generada una vez que venden la vivienda a precio de mercado. Esta modalidad ha tenido un importante crecimiento durante los últimos años, ya que se trata de una herramienta útil a la hora de canalizar recursos de pequeños inversores que se vuelcan a la construcción como forma de proteger sus ahorros, según argumentan desde el sector inmobiliario.

Al asimilarlas con una sociedad anónima, la iniciativa prevé que los fideicomisos se conviertan en responsables del pago de la alícuota del 35% de las ganancias obtenidas. Por el contrario, actualmente el tributo es sobrellevado por quien vende los derechos a una parte del fideicomiso (vivienda), quien suele arbitrar el precio de transferencia bajo el concepto de construcción al costo. La intención de la AFIP es que el pago de Ganancias se establezca tomando en cuenta el valor de mercado de los departamentos que se construyen.

"Los emprendimientos a partir de fideicomisos han sido muy frecuentes en lo que va de este año, especialmente con la normativa que permite pesificar el precio y ofrecer cuotas en pesos a quienes compran. En su gran mayoría se han hecho con esta modalidad", explicó a Tiempo Argentino Roberto Arévalo, titular de la Cámara Inmobiliaria Argentina.

En cuanto a los paraísos fiscales, se introduce una serie de medidas tendientes a darle mayor rigor a la fiscalización de las transacciones externas a fin de evitar maniobras de evasión. Así, se establece que ya no serán deducibles de Ganancias los pagos a terceros (personas físicas o entes) radicados en países de "nula o baja tributación" –tal es su nombre técnico en la jerga impositiva–, reteniendo la autoridad tributaria el 35% con carácter de pago único y definitivo. Asimismo, la normativa se extiende para el caso de las transacciones con personas o empresas del exterior que, aunque no provengan de paraísos fiscales, sí utilicen cuentas abiertas en entidades bancarias o financieras radicadas en los mencionados países de baja o nula tributación. "Se presumirá sin admitirse prueba en contrario que el 100% de las sumas pagadas constituye ganancia neta de fuente argentina", dice el texto al respecto.

En materia de quebrantos, se establece una limitación importante, siendo deducibles contra las ganancias producidas en los cinco ejercicios fiscales siguientes a la generación del quebranto, pero sólo hasta el límite del 30% de tales ganancias por año fiscal.

¿Cuál es el impacto en las cuentas públicas de las actuales exenciones a la renta financiera? El Presupuesto estima para el próximo año Gastos Tributarios –los montos que el Estado nacional deja de percibir en concepto de ingresos tributarios como consecuencia del tratamiento diferencial a ciertas actividades– por $ 65.658 millones, cifra que equivale al 2,57% del PBI estimado para 2013. Sobre ese total, los Gastos Tributarios que afectan al Impuesto a las Ganancias alcanzan $ 13.260 millones, equivalente al 20% del total y 0,52% del PBI. Dentro de ese monto, los más importantes beneficios se corresponden a las exenciones de los intereses de activos financieros, tales como títulos públicos, depósitos bancarios y obligaciones negociables y de las entidades sin fines de lucro. Según la "Ley de Leyes", para 2013, los intereses por títulos públicos alcanzan $ 2451 millones, en tanto los intereses por depósitos en entidades financieras y obligaciones negociables percibidos por personas físicas superan los $ 2800 millones. Cabe destacar que en todos los casos se trata de estimaciones "mínimas", es decir, tendientes a lograr una aproximación que no sobredimensione el cálculo. Las ganancias obtenidas por personas físicas residentes en el país o beneficiarios externos que provienen de la compra y venta de acciones y demás títulos valores se encuentran dentro de las exenciones del Impuesto a las Ganancias.

El consenso en torno a la viabilidad del proyecto no es sencillo. Y no sólo por la oposición y lobby del sector financiero privado, algo esperable si se tiene en cuenta que la iniciativa tiene como objetivo incrementar la recaudación proveniente de ese segmento de negocio, sino porque tampoco existe un total acuerdo dentro del propio gobierno, lo que explica –en parte– el ya extenso tiempo transcurrido desde su elaboración.

Y es que, si bien la idea de gravar la renta financiera forma parte de la base de sustentación política del gobierno, están quienes piensan que la medida podría ir en detrimento de un mercado de capitales ya de por sí pequeño, incapaz de actuar como canalizador de inversiones hacia el sector productivo.

Con el objeto de revertir tal tendencia, el Congreso debate por estos días un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo que establece una serie de modificaciones dentro del funcionamiento del mercado de capitales local, en especial a partir de la entrada de más actores, de la federalización del sistema y de una mayor regulación por parte de la Comisión Nacional de Valores. Según evaluó el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, a través de declaraciones al canal de noticias CN23, todas esas medidas implican un redireccionamiento de inversiones financieras de corto plazo actuales a proyectos que generen empleo, actividad económica y mercado interno. "Se trata de una profunda reforma estructural que dota al mercado de capitales de mayores instrumentos para el financiamiento de proyectos productivos, queremos llevar el mercado de capitales al resto de las provincias, que haya agencias internacionales, que el ahorro local genere fuentes alternativas de financiamiento", explicó días atrás el titular del Palacio de Hacienda.

Fuente: Tiempo Argentino