Cambia el sistema de aportes jubilatorios para el trabajo rural
Los empleadores y el sindicato de la actividad rural podrán firmar convenios de "corresponsabilidad gremial" que modifiquen el esquema de financiamiento de la seguridad social para disponer que, al facturar y cobrar sus ventas, a los productores se les retenga un porcentaje o un monto fijo predeterminado, en sustitución de los aportes personales y las contribuciones patronales vigentes en la actualidad. El dinero luego deberá ingresar, a través del agente de retención, a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Según el sindicato de peones rurales, la medida -que sería efectiva en producciones como la del algodón y el tabaco- ayudará a un blanqueo de trabajadores, quienes sólo percibirán un cambio en cuanto a las prestaciones a las que tienen derecho: sus aportes jubilatorios se derivarán siempre al régimen de reparto, sin opción de ir a capitalización.
La ley 26.377, que fue publicada el jueves pasado en el Boletín Oficial tras ser aprobada en el Congreso, permite, en rigor, que en cualquier actividad económica las partes intervinientes en una relación laboral puedan firmar este tipo de convenios.
Corregir los alcances
Ese punto despertó una fuerte controversia y un hecho curioso. El proyecto original, que se había discutido en la Cámara de Diputados, establecía que el mecanismo sería sólo para actividades rurales, pero en el Senado se lo modificó: se amplió su alcance. El proyecto debió volver, entonces, a Diputados, donde los legisladores de la oposición se negaron a votarlo, mientras que los oficialistas lo aprobaron, pero sólo unos días después presentaron una iniciativa titulada "Ley correctiva de corresponsabilidad gremial". Ese nuevo proyecto, que ahora espera llegar al recinto, retoca varios artículos con la intención de dejar en claro que el régimen sólo podrá alcanzar al trabajo rural. Lleva las firmas de los diputados del Frente para la Victoria Agustín Rossi, Juan Carlos Díaz Roig y Héctor Recalde.
Los diputados María América González, del bloque Igualdad y Solidaridad-ARI, y Claudio Lozano, de Proyecto Sur, habían advertido que, tal como se aprobó la ley, prácticamente establece una reforma de todo el sistema previsional, ya que cada actividad podría fijar un mecanismo propio de financiamiento.
Según lo previsto, es la Secretaría de Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo, la autoridad que tendrá la atribución de decidir en qué casos se aplicarán los sistemas de retención de montos para la seguridad social, ya que deberá dar su aprobación, o no, a los convenios de corresponsabilidad gremial presentados por las partes. Esa misma secretaría deberá reglamentar la ley y, según pudo saber LA NACION, en la cartera laboral la intención es que la posibilidad de suscribir estos convenios se limite a los ruralistas.
Según Gerónimo Venegas, secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), la puesta en marcha de este proyecto impactará, para esa actividad, en una mejora de los niveles de registro de trabajadores. De acuerdo con datos del Renatre, la institución que integran la Uatre y las cuatro entidades empresariales del sector, y que es el organismo que deberá firmar los convenios de corresponsabilidad, hay casi 600.000 trabajadores inscriptos.
Cada convenio tendrá alcance para una actividad productiva y una de las alcanzadas sería la cosecha de algodón. Si bien la alícuota de la retención estará sujeta a la letra de cada convenio, Venegas afirmó que el monto tendrá que ver más con lo facturado por el productor que con la cantidad de trabajadores, de tal forma que las grandes explotaciones que ocupen poca mano de obra subsidien a productores más chicos que, proporcionalmente, den más empleo.
La tarifa deberá prever recursos para los sistemas de jubilaciones, asignaciones familiares, obra social, riesgos del trabajo y PAMI. (LA NACIÓN)