Casi cinco veces más burocracia que en los países desarrollados
La media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto del oficialismo que ratifica el aumento de las retenciones se obtuvo gracias a que se dispuso compensar a los productores más pequeños. El esquema de compensaciones elegido fue motivo de intensas polémicas y negociaciones.
Sin embargo, hay evidencias para afirmar que las posibilidades de que el esquema sea administrado de manera ágil son remotas. En consecuencia, no va a evitar que se desaliente la producción pero abrirá nuevas oportunidades para expandir la burocracia y la corrupción.
Las retenciones móviles ya tienen media sanción legislativa. En la negociación política fue clave el esquema de compensaciones a favor de los productores más pequeños.
Para quienes comercialicen menos de 300 toneladas se promete devolver un monto que llevaría la carga “efectiva” de la retención al 30%. Para los que comercialicen entre 300 y 750 toneladas la devolución la reduciría al 35%. Para los que comercialicen entre 750 y 1.500 toneladas se procura que la carga “efectiva” se reduzca al 35% para las primeras 750 toneladas. Quienes comercialicen más de 1.500 toneladas no tendrán derecho a reintegro.
El esquema es políticamente atractivo porque discrimina por tamaño de la explotación. Pero, desde el punto de vista administrativo, demanda gestionar reintegros de montos importantes a miles de productores dispersos geográficamente que tienen una larga tradición de operar en la informalidad. ¿Cuenta el Estado con capacidad de gestión suficiente para abordar semejante desafío?
No es posible una respuesta terminante, aunque existen antecedentes. Uno importante es la Encuesta a Empresas del Banco Mundial para medir el porcentaje de tiempo de trabajo de una semana típica que las empresas destinan a cumplir con los requerimientos que imponen las regulaciones. La comparación para el año 2006 muestra que:
En los países desarrollados se destina el 3% del tiempo disponible en una semana típica a cumplir con los requerimientos de las regulaciones públicas.
En el promedio de Latinoamérica este porcentaje se eleva al 11% de la semana.
En Argentina, en cambio, se destina el 14% de la semana.
Las empresas argentinas destinan 4,8 veces más de tiempo a los requerimientos de las reparticiones públicas que sus pares de los países desarrollados. La carga administrativa que soportan las empresas argentinas resulta incluso más alta que la del promedio de Latinoamérica. Esto manifiesta un problema estructural. Una gran cantidad de energías, tanto públicas como privadas, se dilapidan en hacer trámites, eludir trámites o, directamente, corromper funcionarios para poder superar los trámites.
En el aumento de las retenciones con compensaciones subyace el mismo problema. Por un lado, el Estado administra muy mal los impuestos tradicionales, especialmente, el impuesto a las ganancias y el inmobiliario rural. Por esto, se apela a los derechos de exportación para reforzar los ingresos públicos y suplir así la elevada evasión en impuestos más complejos pero menos distorsivos.
Por otro lado, el Estado ha demostrado una gran incapacidad para operar mecanismos eficaces de transferencias de ingresos a los hogares pobres. Ante esta debilidad, se apela a las retenciones para morigerar el aumento de los precios y dar paliativos, con bajísimos niveles de focalización, a las familias más pobres.
Los datos de la Encuesta a Empresas y el hecho de que se apele a un instrumento tan rudimentario como las retenciones demuestran que el “bien escaso” en el sector público argentino es la capacidad de gestión. En consecuencia, proponer montar un complejo y sofisticado mecanismos de compensaciones con reintegros es más un acto de oportunismo político que un paliativo a una decisión de política tributaria equivocada.
Los productores van a internalizar en el proceso de toma de decisiones que el impuesto pleno es lo que va a operar, ya que lo más probable es que el esquema de compensaciones nunca funcione, o, si lo hace, será sólo por medio de intermediarios o los corruptos.
El Senado tiene la oportunidad de evitar una contradicción tan visible como costosa. Para ello, se debería aceptar un nivel moderado de retenciones asumiéndolo como un mecanismo transitorio frente a la incapacidad demostrada por el Estado para cobrar con razonables niveles de eficiencia los impuestos y suministrar con razonables niveles de eficacia paliativos a los hogares pobres. De todas formas, lo más importante va a seguir siendo fortalecer la organización del sector público. Especialmente, la administración tributaria y la gestión del gasto social para que sea posible promover la producción, eliminando las retenciones, sin comprometer el objetivo de mayor nivel de equidad social. (AGENCIA NOVA)