Colegio Público de Abogados de la Capital Federal impulsa proyecto para regular honorarios profesionales

Acuerdos con clientes y criterios diversos por parte de jueces al momento de fijar honorarios motivó a que desde el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal se impulse un proyecto para regular los honorarios profesionales.

El proyecto firmado por el legislador PRO Daniel Lipovetzky reproduce en gran medida los principales puntos de la propuesta del CPACF que está siendo debatida en el Senado. Por un lado, el carácter alimentario del honorario profesional y por lo tanto “sólo embargable hasta el 20 % del monto a percibir” siempre y cuando supere el salario mínimo vital y móvil (si es menor será inembargable); y por otro, un esquema de valores por diversos servicios profesionales regidos por una unidad de medida arancelaria la cual estará atada al salario de juez.

Según expresa el proyecto la unidad de honorarios profesional del abogado o procurador “representará el uno y medio por ciento de la remuneración total asignada al cargo de juez de primera instancia con jurisdicción y competencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entendiéndose por tal la suma de todos aquellos rubros, sea cual fuere su denominación, incluida la bonificación por antigüedad de cinco años”. Para definir el valor de la unidad de medida arancelaria, “el Tribunal Superior de Justicia suministrará mensualmente el valor resultante, eliminando las fracciones decimales”.

De aprobarse este proyecto, los abogados que litigan ante los dos fueros del Poder Judicial de la Ciudad tendrán sus honorarios atados a los aumentos salariales que reciban los jueces porteños y recibirán por atender asuntos de faltas el equivalente en pesos a 15 unidades arancelarias, por contravenciones 20 unidades, por asuntos penales 30 unidades, y por todo asunto contencioso, administrativo y/o tributario, 40 unidades.

También la iniciativa regula honorarios mínimos por labor extrajudicial, estableciendo para las consultas verbales el valor de 0.5 unidad mínima arancelaria, por la redacción de cartas documento 1 unidad, por la redacción de contratos de locación del 1 al 5 por ciento del valor del contrato con un mínimo de 2 unidades, y, entre otros honorarios, establece un mínimo de 8 unidades por la redacción de contratos o estatutos de sociedades comerciales. Y por la interposición de acciones de inconstitucionalidad, de amparo, hábeas data, hábeas corpus, se fijarán honorarios con un mínimo de 20 unidades.

Más allá de esta tabla de valores prefijados, “los abogados y procuradores podrán celebrar con sus clientes pacto de cuota litis”, el cual “no podrá exceder del 35 % del resultado del pleito, cualquiera fuese el número de pactos celebrados e independientemente del número de profesionales intervinientes”. “Sólo podrá ser superior a ese porcentaje para el caso que el profesional tome a su cargo expresamente los gastos correspondientes a la defensa del cliente y la obligación de responder por las costas, en cuyo caso, el pacto podrá extenderse hasta la mitad del resultado líquido del juicio”, expresa el texto de la iniciativa.

“El presente proyecto de ley, toma como base el proyecto elaborado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que ha sido presentado en el Congreso Nacional para reemplazar las leyes de honorarios vigentes y que resultan de aplicación para la actividad de los abogados y procuradores por su actividad en los fueros Nacionales”, explica Lipovetzky en los fundamentos del proyecto.

Y remarca: “En la búsqueda constante de la plena autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su asimilación con las Provincias, resulta indispensable completar el plexo normativo local, con la promulgación de leyes que reemplacen la legislación Nacional que en la actualidad se aplican en esta ciudad ante la orfandad normativa”.

La iniciativa, que deberá ser tratada en las comisiones de Legislación General y Justicia, comenzó a debatirse días atrás en un seminario sobre el Ejercicio de la Abogacía en la Ciudad celebrado en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña. En dicho encuentro, el presidente del CPACF, Jorge Rizzo, reclamó el rápido tratamiento del proyecto en el Parlamento local, y destacó el carácter “alimentario” y el “orden público” de los honorarios, además de los beneficios de una unidad de medida arancelaria que “los dejará fuera de los azotes inflacionarios”.

Fuente: EnNotas