Cooperativas de préstamo en la mira del control del Impuesto a los sellos

La consolidación de deudas de empleados públicos con cooperativas y mutuales de crédito, promete seguir generando dolores de cabeza a estas organizaciones hasta ahora concentradas en prestar dinero a sectores de bajos ingresos.

Es que luego de la consolidación que implicó una reprogramación más benigna de los créditos tomados con altos costos financieros totales, el nuevo gobierno provincial puso atención en la recaudación pendiente en la materia.

Estas operaciones deben acreditar el pago del impuesto provincial a los sellos, cuya vigencia se mantiene para operaciones financieras. La consolidación de deudas permitió verificar que la inmensa mayoría de los contratos de estos créditos, obviaron pagar el impuesto.

Ahora, con los formularios que acreditan las deuda en la mano, funcionarios de la ATP se preparan para revisar uno por uno los contratos por los que se otorgaron los créditos originales, que deben pagar el impuesto en proporción al monto acordado.

La pista de este avance la dio el propio gobernador Jorge M. Capitanich en la conferencia de prensa de esta semana en la que se anunciaron los resultados de la recaudación de enero y se adelantaron lineamientos en materia tributaria para mantener y mejorar aun el desempeño del primer mes.

“Vamos a propiciar una verificación y análisis en operaciones financieras locales de impuesto a los sellos: estimamos la existencia de más de 50 millones en deuda en esta materia” adelantó el mandatario.

La Consolidación de Deudas fue una operación lanzada en la última etapa del gobierno de la Alianza, que rompió el liderazgo de cooperativas y mutuales en el segmento de menos ingresos de la población, mayoritariamente empleados estatales, a los que se cobraban cuotas societarias, capital e intereses con descuentos automáticos de sus haberes.

Ante la negativa de la provincia de seguir habilitando códigos de descuento, muchas de estas entidades los lograron mediante recursos de amparo en la justicia provincia.

Contra intereses anuales promedio del 30% en el sistema financiero formal para créditos de consumo, los “clientes” de las cooperativas pagaban en casos más del 70% anual y aún más sumando costos de cuota societaria y seguros.

Esto sucedía a pesar de la vigencia de un decreto 1994 que había establecido un techo de intereses del orden del 28% para los créditos otorgados con la garantía del descuento automático en los sueldos de los empleados públicos.

Mediante la operación, la deuda fue cancelada por el Nuevo Banco del Chaco con una ostensible reducción de tasas de interés que se fijó en 22,5% y de costos financieros totales.

Para acceder a la reprogramación, los empleados debieron renunciar a la utilización de su código de descuento, por lo menos hasta haber pagado el 50% de la deuda reprogramada.

El desarrollo del negocio tuvo una escala importante y desde el Banco se evaluó que la consolidación alcanzaría los 50 millones de pesos, cifra en la que finalmente cerró la refinanciación y el canje de acreedor.

La movida mereció la reacción de algunas organizaciones que se sintieron damnificadas por la jugada del gobierno que les quitó clientes y el flujo de fondos previsto por el dinero prestado.

Desde el Ministerio de Economía se aclaró entonces que la reprogramación no obligó a los beneficiarios a abandonar el resto de los servicios que reciben desde la entidad financista, a la que ahora deben pagar cuotas societarias con otro sistema que no sea el código de descuento sobre sus haberes.

Pero ahora se releva la conveniencia de verificar si los créditos otorgados y declarados por estas mismas organizaciones financieras en los formularios que se les presentaron para consolidar deudas, pagaron el respectivo impuesto provincial al momento de la firma.

La oportunidad del control, también podrá ser la de verificar si los montos declarados para la refinanciación, se ajustan a los contratos originales y a la amortización en ellos prevista. (NORTE EDICIÓN DIGITAL)