Cuando pagar una multa de tránsito es un calvario

“Es la segunda vez que vengo. Para pagar una multa perdés como mínimo toda la mañana. Hoy vine a las 9 y terminé a las 3 de la tarde”, se quejó el taxista Abel González, uno de los dos mil infractores que se aglutinan todos los días en el primer piso de la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI) del gobierno porteño para cancelar sus multas por faltas de tránsito, multas bromatológicas, incumplimientos en construcciones, publicidad mal puesta, habilitaciones mal hechas, clausuras y todo otra suma que haya que pagar por violación a las normas. Las oficinas están ubicadas en el primer piso de Carlos Pellegrini 211. El trámite no es un trámite: es un calvario. La dirección cuenta con 700 empleados para todo servicio. 550 están dedicados a atender al público, un empleado público cada 3,27 personas. No parece estar mal, pero sí.

Todos los infractores consultados coinciden en que el problema no sólo es la demora, sino la desinformación. “Llevo cinco esperando y todavía tengo para rato, porque cuando entré me informaron mal y terminé haciendo otra cosa”, dijo Jorge Biebel, tres horas para “embocar el trámite correcto”. “Hay que asumir que nadie viene de buen humor a pagar una multa”, argumentó un vocero comunal para explicar el desorden que se vive en esa oficina todos los días. Los hombres PRO sostienen que la demora se redujo de cinco horas a dos, pero Crítica de la Argentina comprobó que el promedio que la comuna considera superado se repite todos los días. Es que la batalla cotidiana entre empleados desbordados e infractores impacientes transforma el área en una olla a presión que comienza a liberar sus primeros chispazos al mediodía. “Mire señorita: si usted quiere imprimirme todo para que les pague sin quejarme está muy equivocada porque me están cobrando cosas que nunca hice”, dijo furioso uno de los infractores a una empleada que se limitó a mirarlo impasible y anticiparle su condena: “Entonces tendrá que esperar señor”.

“¿Ves? Eso pasa siempre –dijo el remisero Andrés Heredia–, lo único que te preguntan es: ¿te imprimo para pagar? Pero no se dan cuenta de que muchas veces nos clavan multas que nada que ver”, se quejó. Para los profesionales del transporte público –taxistas, remiseros y motoqueros– las oficinas de infracciones no son más que el purgatorio de un largo infierno que comienza en la calle. “Primero que no hay nadie que ordene el tránsito. No es que no haya policía, sino que no controlan el tránsito porque están más preocupados en clavarte una multa que por descongestionar una calle. Si querés manejar como lo hacen en Europa, acá quedás como un reverendo tarado, tardás muchísimo más para hacer el mismo recorrido y encima te ligás multas injustas. Pero lo peor es que cuando venís a pagar a esta oficina, te comés un garrón enorme porque perdés un día de laburo”, dijo Heredia mientras el resto de sus colegas asentían.

Desde el gobierno porteño explicaron que se procesan 100 mil infracciones por mes, pero si sólo llegan más de 40 mil personas por mes a pagar sus infracciones, la pregunta es ¿qué pasaría si el nivel de recaudación aumentara? “Esto sería peor”, razonó Henry Pereyra, un motoquero que en su octava visita por la oficina reconoció: “La única forma para no perder tiempo es pagando, si no, aunque tengas razón, te tienen dando vueltas como una calesita y encima si querés apelar, tenés que volver dentro de 20 días a ver si tenés suerte”.-

Dos días adentro de la camioneta

Un matrimonio cuya camioneta fue secuestrada el sábado último por inspectores de tránsito de Mar del Plata, luego de un control de alcoholemia, permaneció hasta el mediodía de ayer adentro del vehículo, en un playón municipal. Atrincherados en el interior de la cabina de la cuatro por cuatro, se negaban a pagar la multa que les permitiría seguir viaje.

Todo comenzó entrada la madrugada, cuando personal de la Dirección de Tránsito de la ciudad balnearia salió a realizar un operativo de control de alcoholemia, en la avenida Costanera y Bernardo de Irigoyen, Playa Grande. Los inspectores constataron que el hombre tenía 0,8 gramos de alcohol en sangre, superior al máximo permitido, por lo que procedieron al secuestro de la camioneta.

Pero el conductor y su esposa se negaron a dejar el rodado, y un inspector municipal condujo el vehículo “secuestrado” hasta el playón de la Secretaría de Tránsito, junto a su dueño como acompañante y la mujer detrás. Así empezó la historia que duró hasta ayer, cuando el matrimonio pagó y se fue. (CRÍTICA)