Daniel Scioli desistió del proyecto para declarar la emergencia económica

Ayer, en un día lleno de nerviosismo y con negociaciones a contrarreloj que no prosperaron, el gobernador Daniel Scioli tuvo que bajar su proyecto de ley para declarar la emergencia económica en la provincia. Los números no le daban.

Tras horas de estricto silencio, que produjo desconcierto en quienes siguen sus movimientos cada vez con más distancia, el gobernador hizo anunciar su nueva jugada política. El encargado fue su jefe de Gabinete, Alberto Pérez, a quien le había tocado la difícil tarea de intentar acercar posiciones con los legisladores bonaerenses. En rueda de prensa desde la sala de periodistas de la gobernación, Pérez adelantó que el Estado provincial impulsará un proyecto en la Legislatura para adherir a la Ley de Emergencia Económica Nacional, vigente desde enero de 2002 y prorrogada en diciembre de 2011.

“En caso de enviar un proyecto de ley, (la gobernación) va a adherir a la Ley de Emergencia Económica y financiera nacional. Por ahora evaluamos esa posibilidad. Es la última instancia”, informó Pérez. Según el jefe de Gabinete de Scioli, la adhesión a la ley nacional, que fue aprobada por el Congreso tras el estallido de la crisis de 2001, permitiría “renegociar contratos no laborales, con empresas, con contratistas del Estado, y permite contar con instrumentos financieros, algunos de los cuales van a permitir acelerar el pago del aguinaldo”. Desde enero de 2002 hasta la actualidad, las distintas administraciones que se han sucedido en la Presidencia vienen utilizando la ley de Emergencia Económica para reorientar partidas del presupuesto según las prioridades –no previstas– de la coyuntura.

Sin embargo, la ley nacional no prevé, en su articulado, ninguna medida de emergencia que pueda afectar los derechos laborales de los trabajadores que se desempeñan en el Estado. Eso dejaría a Scioli sin la posibilidad de promover la jubilación anticipada de aquellos empleados públicos que cuentan con años de servicio como para retirarse. Esa alternativa forma parte del paquete de medidas de “ajuste”, o reducción del gasto que el gobierno provincial estuvo barajando en los últimos días. Anoche, el jefe de Gabinete bonaerense presentó además el texto del decreto que establece el pago en cuotas del medio aguinaldo correspondiente a junio. El Decreto 558/2012, fechado el 5 de julio, lleva la firma de Scioli y de todos sus ministros, y consigna algunas explicaciones que justificarían el pago en cuotas.

“Actualmente se advierte un desequilibrio financiero del presupuesto provincial, producto de una inesperada modificación de la coyuntura económica, sobreviniente al momento en que se proyectaran los valores del presupuesto general correspondiente al ejercicio 2012, lo cual incide en la disponibilidad de los recursos existentes para afrontar el pago de la primera cuota del SAC de los agentes públicos de la provincia”, dice el texto. El Decreto 558 fue recurrido ante la justicia por tres sindicatos bonaerenses (ATE, los médicos de CICOP y los judiciales de la AJB). El juez en lo Contencioso Administrativo, Luis Federico Arias, ordenó pagarlo sin desdoblamiento. La gobernación apeló el fallo a través del fiscal de Estado. Pero el debate, sin duda, terminará recayendo en la Suprema Corte bonaerense.

Ayer, mientras el sciolismo evaluaba qué hacer con su proyecto de declarar la emergencia económica, el máximo tribunal de la provincia mantuvo una reunión extraordinaria para tratar el fraccionamiento del aguinaldo. Una primera versión, surgida en La Plata, adjudicaba a la Corte bonaerense una posición favorable a convalidar la medida. Una versión posterior, que llegó a oídos de Tiempo Argentino, asegura que la postura del tribunal sería más bien la contraria. Otra de las alternativas que estuvo evaluando la gobernación no parece correr mejor suerte: los bonos Bogar 2018, que forman parte de los títulos en poder del Banco Provincia, se desplomaron un 2,56 por ciento. El sábado, Scioli había dejado entrever la posibilidad de que el Estado provincial colocara esos bonos en el mercado por unos 6000 millones de pesos.

En las primeras horas de ayer, Scioli había insistido con la posibilidad de “hacer líquidos” los títulos que están en poder del Banco Provincia. “Tenemos títulos que se pueden hacer líquidos para enfrentar el escenario. Es un stock de bonos que tiene el Banco Provincia en su poder”, dijo en alusión a los bonos Bogar. La jornada mostró también otro capítulo de contrapuntos entre funcionarios nacionales. El ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, le aconsejó “no victimizarse” y concidió en que “evitar” la ley de emergencia sería “lo mejor”.

Fuente: Tiempo Argentino