Denuncian ausencia, en la legislación fiscal, de instrumentos fuertes en materia de promoción

La problemática de la energía está delineando la política y la economía del mundo.

El telón de fondo que agita el mundo de la energía es la reducción de las reservas petroleras y gasíferas expresada en la elevación de sus precios y los efectos del uso de hidrocarburos como combustibles sobre el medio ambiente.

Esto hace que los esfuerzos de inversión se vuelquen hacia combustibles “limpios” y procedentes de fuentes renovables. En particular nos interesa el tema de los biocombustibles que genera fuertes debates en nuestro país y en la región sudamericana.

Esta orientación ya se expresa en países y regiones que están realizando un cambio de la matriz energética: la Unión Europea, el plan energético de Estados Unidos y los esfuerzos por parte de los países sudamericanos con fuerte potencial agrícola. Tal es el caso de Brasil y Argentina

En Argentina, a partir del año 2005 se comenzó a realizar inversiones en gran escala para su producción. Es que podría competir en el mercado mundial de biocombustibles a la par de Estados Unidos y Brasil.

Argentina posee un mayor desarrollo del biodiésel, a partir de aceites vegetales (soja, girasol colza). Las inversiones en marcha superan los 300 millones de dólares en casi 20 proyectos donde la localización predominante es el área del Gran Rosario.

También Argentina cuenta con una ley de promoción de los biocombustibles (Ley 26093) que establece beneficios impositivos y como contraparte exige para el 2010 un agregado de por lo menos el 5 % en los combustibles utilizados.

Todas estas tendencias, hacia fines de marzo , fueron objeto de controversia. Políticos latinoamericanos de fuerte tendencia ideológica como Fidel Castro y el Presidente Chávez de Venezuela realizaron objeciones a estos criterios.

Sus dichos estaban basados en los efectos sociales que produciría la competencia entre los alimentos y la energía por el mismo insumo: la producción agrícola.

Hasta allí, el episodio aparecía como un capítulo más de la disputa política internacional. Sin embargo, nos esperaba una sorpresa mayúscula: fuentes absolutamente insospechables avalaron aquellos criterios.

El Fondo Monetario Internacional en el informe internacional que surge de su reunión bianual, coincidía con esos análisis en los efectos económicos de la competencia por el uso del suelo.

Por su parte, una publicación de fuerte influencia en los círculos políticos e intelectuales estadounidenses, “Foreign Affairs” editada por el Council on Foreign Relations, introduce en su edición correspondiente a Marzo/Abril 2007 un meduloso trabajo de dos especialista en economía alimentaria de la Universidad de Minnesota (EE.UU.): C. Ford Runge y Benjamín Senauer. El trabajo denominado “How biofuels could starve the poor”, tal como indica su título, no sólo desarrolla los aspectos económicos (precios agrícolas) sino también las consecuencias sociales de esto.

Y los efectos económicos y sociales de la tendencia a sustituir hidrocarburos por biocombustibles ya no son sólo una hipótesis. A finales del 2006, el precio de la harina para elaborar tortillas en México, que recibe el 80 por ciento de sus importaciones de maíz de los Estados Unidos, se duplicó en parte a causa de un aumento del 50 % del maíz estadounidense en los meses previos.

Como los grupos de menores ingresos tienen en las tortillas de maíz su principal fuente de calorías, las protestas sociales no se hicieron esperar. En enero del 2007, el presidente mexicano se vio obligado a fijar un tope a los precios de los productos derivados del maíz.

En el caso de Argentina ya se está subsidiando numerosos productos agrícolas.

Incluso el debate ha llegado al propio seno del gobierno nacional. Informes surgidos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial profundizan los problemas económicos y energéticos de la producción de biocombustibles y etanol.

Estos trabajos también criticaban el impacto sobre los precios de los alimentos y la pobreza, derivados de la estrategia estadounidense.

Esto aparecía como contradictorio con la posición oficial de impulsar la actividad en biocombustibles y la Ministra Felisa Miceli se vio obligada a ubicar la posición oficial.

Estas controversias sugieren algunos interrogantes: ¿son realmente contradictorias las opiniones planteadas en el seno del gobierno y la preocupación por el desarrollo de los biocombustibles en Argentina?

De paso recordemos que no se trata sólo de una inquietud expresada por el sector agropecuario, inversores, políticos, etcétera. Estas expectativas de toda la comunidad han sido expresadas en la Ley Nº 26.093 de promoción de biocombustibles sancionada en Abril de 2006 y su reglamentación (Decreto 109 de Febrero de 2007).

Por otra parte, ésta aspiración ya ha sido concretada en importantes inversiones en el rubro.

Para responder a estas incógnitas, debemos realizar una advertencia previa. En muchas oportunidades, las distintas posiciones en la temática de biocombustibles, aunque se refieren a un mismo producto, se ubican en perspectivas totalmente diferentes: allí se entremezclan problemáticas muy heterogéneas tales como, la integración del modelo productivo de la empresa agropecuaria (microeconomía); el desarrollo sectorial y regional de nuevos procesos productivos (mesoeconomía); el autoabastecimiento energético (macroeconomía de un país) y la interrelación de los mercados alimentario y energético para reemplazar de manera parcial los hidrocarburos a nivel planetario (macroeconomía mundial).

Como en muchas de las controversias del mundo actual las diferencias suelen originarse porque nos enfrentamos a un falso problema, o bien estamos debatiendo cuestiones heterogéneas creyendo que son homogéneas.

Es probable que una ubicación correcta del problema coadyuve a encontrar coincidencias allí donde, de manera aparente, existen puntos de vista contrapuestos.

Dentro de la diversidad de objetivos, nuestro marco legal prioriza al respecto: las posibilidades de la pequeña y mediana empresa, el desarrollo regional, el autoabastecimiento energético y el medio ambiente.

Los fundamentos de la reglamentación de la ley de promoción de biocombustibles, contiene expresiones específicas al respecto: “Que la diversificación de la oferta de combustibles constituye uno de los ejes de la política nacional en materia de combustibles.

Que la incorporación de Biocombustibles a la matriz energética nacional tiene sustento en la necesidad de promover el uso de combustibles que comprometan en la menor medida posible el medio ambiente, en el marco de una política consistente con la aspiración plasmada en el Artículo 41 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Que la promoción de Biocombustibles constituye una política adecuada para enfrentar los desafíos de abastecimiento que tiene el país en el marco de una economía en crecimiento.

Que deben adoptarse dentro de las distintas esferas y jurisdicciones del Gobierno Nacional medidas conducentes a los fines de favorecer la introducción y uso de Biocombustibles en el mercado nacional. [. . .]

Que resulta necesario reglamentar la manera en que los incentivos fiscales, destinados a promover la inversión en plantas productoras de Biocombustibles, se dirijan de forma prioritaria a las Pequeñas y Medianas Empresas, al desarrollo de las economías regionales y a los productores agropecuarios, a fin de evitar la concentración de la oferta de Biocombustibles en nuestro país.

Que, además, se hace necesario definir el concepto de autoconsumo contemplando a las personas físicas o jurídicas constituidas de conformidad con el inciso b) del Artículo 13 de la Ley Nº 26.093 y establecer los alcances de los beneficios promocionales para dichos beneficiarios. (Fundamentos del Decreto 109/2007 reglamentario de la Ley 26.093)

Como vemos, excluye de manera implícita la inserción en el mercado internacional donde reside el nudo del problema.

Si el mercado de granos y la producción de biocombustibles van a estar integrados al mercado mundial, los efectos económicos y sociales pueden llegar a resultar muy graves.

Para evitarlo se requiere, de manera adicional, fuertes regulaciones que impidan la interpenetración de esos mercados.

Una sumatoria de errores interpretativos en el proyecto original impidió en la práctica que hubiese una fuerte promoción en la materia.

El proyecto definitivo aprobado no contiene beneficios específicos para la actividad y por ende la garantía de estabilidad fiscal fue eliminada. Se aplica a la actividad de biocombustibles los instrumentos de promoción ya existentes en la legislación tributaria a través del otorgamiento de cupos fiscales en el presupuesto nacional.

Los beneficios promocionales son:

Como vemos, en relación a la importancia estratégica de la actividad, fija beneficios muy limitados. El problema no radica en la falta de conciencia respecto a la importancia de los biocombustibles sino en la ausencia, en la legislación fiscal, de instrumentos fuertes en materia de promoción.

Si no aplicamos una promoción muy definida, corremos el riesgo de un efecto macroeconómico que empuje la producción hacia la exportación y por ende se insertará en el mercado mundial con los efectos consabidos sobre el precio de los alimentos.

Sin embargo, las autoridades son concientes de estas limitaciones. Por una parte, la Agencia Nacional de Inversiones impulsa el diseño de un Plan Estratégico con el sector privado para el desarrollo de biocombustibles en la Argentina para aprovechar un contexto internacional en el que se esta poniendo énfasis en las energías alternativas.

Para ello se coordinará trabajos con diferentes ministerios en el marco de una estrategia país para los biocombustibles. (Infobae, 24-03-07).

Por la otra, la Ministra Miceli ha anunciado (La Nación 07-04-07) el envío al Congreso de un proyecto de ley para renovar y profundizar el régimen de promoción de inversiones.