Desde hoy, 600 agentes salen a la calle a controlar el tránsito porteño

Un cuerpo clave para llevar adelante el sistema de registro con puntaje que regirá desde agosto.

Son integrantes de la ex Guardia Urbana que ahora sólo se dedicarán a los controles de alcoholemia y a labrar multas. Actuarán junto a la Policía, ya que aún no están autorizados a detener a los infractores.

Desde hoy, la Ciudad contará con una nueva fuerza para el control de la seguridad vial. Con los integrantes de la ex Guardia Urbana, empezará a funcionar el Cuerpo de Control de Tránsito y Transporte. Sin embargo, por ahora no tendrán autonomía y deberán trabajar junto con la Policía.

La puesta en marcha llega cuatro días después de que la Legislatura sancionara el nuevo régimen de registro de conductor con puntajes, o scoring, que plantea darle 20 puntos a cada conductor y descontárselos a medida que cometan infracciones. Este sistema regirá desde agosto.

El Cuerpo está conformado por 600 agentes, mayormente jóvenes. Se trata de personal contratado de planta transitoria que gana, en promedio, $ 1.448 por mes. Desde diciembre venían realizando un curso de capacitación con entrenadores de la Policía Federal.

Sus principales tareas serán concientizar a los conductores, realizar los controles de alcoholemia y elaborar las actas de infracción, pero siempre explicándole al conductor cuál fue la falta que cometió. También controlarán al transporte público, servicio muy cuestionado y que es escasamente sancionado.

En principio, la idea del Gobierno porteño es que los integrantes del Cuerpo de Tránsito concentren su trabajo en las 20 esquinas más peligrosas de la Ciudad, de acuerdo a un Mapa de Riesgo que elaboró la Dirección de Seguridad Vial. La peor, donde el año pasado hubo 45 accidentes graves, fue la de General Paz y Mariano Acha. Y nueve de las primeras 20 del ranking quedan en la avenida 9 de Julio.

La intención de Seguridad Vial es que los controles se hagan en postas: habrá un grupo de inspectores en una esquina, que cuando vean a un auto en infracción le avisarán a otro grupo, a unos 50 metros más adelante, para que lo pare.

La puesta en funcionamiento de esta Policía de Tránsito es una doble apuesta del Gobierno macrista: por un lado, porque le per mitió encontrar una salida para desmantelar la Guardia Urbana, a la que Macri, en la campaña electoral, criticó siempre. Por el otro, porque con el nuevo grupo de inspectores apunta a combatir uno de los problemas más graves de Buenos Aires: el descontrol del tránsito.

Pero por ahora el proceso no será tan sencillo. Los integrantes del Cuerpo de Tránsito saldrán a la calle acompañados por efectivos de la Federal. Por dos motivos: primero, hasta que se acostumbren a su nuevo trabajo. Pero sobre todo, porque los nuevos inspectores no tienen la autoridad para detener a conductores y exigirles su documentación.

El problema es que, en la medida que no cuenten con ese poder, el scoring (cuyo requisito básico para funcionar es que se identifique a los conductores para luego descontarles los puntos) seguirá dependiendo de la Policía. Por eso, la idea del Gobierno porteño es darles a los miembros del Cuerpo de Tránsito la facultad de parar los autos. Para ello, debería sancionar una ley.

El control y sanción de las infracciones de tránsito se encuentra en un momento particularmente complicado. La Dirección de Infracciones sigue siendo blanco de enormes críticas por la cantidad de tiempo que pierde la gente cuando quiere pagar una multa.

Además, hay graves fallas en la notificación de las sanciones, en muchos casos se pasan los dos años de duración de la infracción sin que quien la cometió sea avisado, por lo que las faltas terminan caducando. De hecho, el mes pasado la Comuna tuvo que borrar del sistema 2,5 millones de multas que ya habían vencido.

En tanto, muchas de las actas que hace la Policía son incompletas o están mal elaboradas, por lo que quedan sin valor. Por estos problemas, se cobra sólo el 20% de las infracciones que se labran.

Por otra parte, desde diciembre de 2007 no se están realizando fotomultas. Es que las dos empresas que las realizaban (hasta 150.000 por mes cada una) venían trabajando con contrato vencido. La idea del Gobierno es relicitar el servicio, y exigirles a los concesionarios que en lugar de hacer hincapié en el mal estacionamiento se hagan más multas por cuestiones de seguridad, como exceder la velocidad, por ejemplo. (CLARÍN)