El Estado pagará este año $ 1.943 millones por los juicios de jubilados

Este año, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) tiene previsto cancelar 26.070 sentencias firmes que fueron favorables a demandas presentadas por jubilados. Esos fallos representan un total de 1.943 millones de pesos, que serán cancelados de dos maneras: $ 1.040 millones se pagarán en efectivo y los restantes 903 millones serán en bonos.

Este detalle fue adelantado a Clarín por Claudio Moroni, el titular del organismo que se encarga de administrar y pagar las jubilaciones estatales.

El flamante funcionario aseguró que este año la partida para cancelar sentencias supera a la de 2007. El año pasado este mismo rubro insumió 1.505 millones de pesos, según informó. Y precisó que 597 millones se cancelaron en efectivo y los otros 908 millones en bonos del Estado.

Según las normas vigentes, la cancelación de demandas con bonos corresponde a los reclamos judiciales presentados con anterioridad a diciembre de 2001. En tanto que la porción que se paga en efectivo comprende los períodos posteriores a esa fecha.

De los números brindados a este diario por el funcionario surge que las sentencias rondan los 76.000 pesos cada una, en promedio. Esto está influido por la retroactividad en juego y el fuerte impacto de los intereses, ya que se trata de reclamos en muchos casos presentados a fines de los años 80 o comienzos de los 90.

Moroni también destacó que con las cancelaciones previstas la ANSeS haría frente al stock de sentencias firmes. Y planteó que hacia mediados de 2008 comenzaría con una reducción neta de sentencias, a razón de 600 por mes. Esto surge de que la ANSeS reconoce fallos de Justicia en nuevas causas a favor de los jubilados a razón de unos 1.400 casos por mes; y las cancelaciones rondarían las 2.000 mensuales.

Los jubilados que cuentan con la sentencia a favor también recibirán otro efecto favorable del fallo: la ANSeS deberá reajustarles los haberes que están cobrando en la actualidad de acuerdo a los nuevos valores estipulados en las sentencias.

Mientras tanto, se estima que hay unos 85.000 reclamos de reajustes formulados por jubilados y pensionados que están en distintas etapas administrativas y judiciales. Se trata de reclamos hechos por la mala liquidación de los haberes previsionales o falta de reajustes de los años 90. A estos deben sumarse los nuevos reclamos, que abarcan el período posterior a la devaluación del peso de enero de 2002.

Pero tras la feria judicial -que concluye el último día de enero- se espera que se incremente el número de causas. Es por el fallo de diciembre de 2007 de la Corte Suprema en el caso Badaro, que reconoció un ajuste del 88,6% para el período que va de enero de 2002 a diciembre de 2006.

Se estima que hay un poco más de un millón de jubilados y pensionados que recibieron ajustes inferiores al porcentaje fijado por la Corte y un gran sector podría hacer el reclamo judicial alentado por el precedente del fallo del Alto Tribunal. En cambio, otro 2 millones que estaban recibiendo en 2001 el haber mínimo o levemente por encima, recibieron aumentos similares o superiores a la inflación del período.

Según las estadísticas de la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social (ámbito de Capital Federal y Gran Buenos Aires) y previendo que el fallo de la Corte sería favorable a los jubilados, vino en aumento el número de juicios. De 6.000 juicios por año que, en promedio, hubo entre 2003 y 2005, en 2006 trepó a 15.167 y habrían superado los 20.000 en 2007. (CLARÍN)