El Gobierno cobrará US$ 400 millones más por retenciones

El Gobierno se aseguró el ingreso de al menos otros US$ 400 millones por retenciones a las exportaciones de productos agropecuarios, al publicarse ayer en el Boletín Oficial la ley 26.351, que hace retroactivo el último aumento (de entre 5 y 10 puntos) de ese impuesto, anunciado por la administración anterior en noviembre pasado. La nueva ley también deja sugestivamente abierta la puerta a futuros incrementos de esos derechos.

La norma, que había tenido sanción definitiva en la Cámara de Diputados el 26 de diciembre pasado, obliga a las empresas exportadoras a pagar las retenciones con el último incremento incluido sobre parte del volumen que habían declarado antes de esa suba.

En concreto, sobre la porción que no hubiesen comprado a los productores antes de inscribirla en el registro obligatorio de declaraciones juradas de ventas al exterior. Y si no pueden demostrar que habían adquirido la mercadería a los productores, tendrán que pagar con aumento.

Es que, para poder embarcar los granos o sus subproductos, las firmas exportadoras deben anotar previamente las operaciones en ese registro. Además, al anotarlas allí -hasta la sanción de esta ley- quedaban congeladas las condiciones impositivas que luego regían la operación en cuestión.

Aunque los habituales voceros de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina-Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-Cec) evitaron pronunciarse ayer sobre la ley, las empresas exportadoras ya habían cuestionado la retroactividad de esta norma, que según ellos suma incertidumbre en la comercialización de granos.

Por eso, distintas fuentes no descartaban que los exportadores acudan a la Justicia para reclamar su inconstitucionalidad porque, entienden, el derecho asegura la no retroactividad de las leyes. "Los exportadores no lo van a pagar, van a interponer recursos de amparo, como ya lo han hecho en el pasado en situaciones similares", dijo un economista del ámbito agropecuario.

El proyecto de ley original había sido del diputado demócrata progresista Rafael Martínez Raymonda (que integra el bloque macrista), pero luego fue tomado e impulsado por el oficialista Frente para la Victoria a instancias de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

El aumento

Tras varias semanas de rumores, el entonces presidente Néstor Kirchner decidió aumentar fuertemente las retenciones a las exportaciones de todos los granos y subproductos para reforzar los ingresos públicos. Como los registros de exportaciones de maíz y de trigo se encontraban cerrados, el mayor impacto recayó sobre el complejo sojero. Las retenciones para la soja en poroto pasaron de 27,5 a 35 por ciento, y para el aceite y la harina saltaron del 24 al 30 por ciento.

Sin embargo, cuando se cerró el registro de ventas al exterior y se anunciaron los incrementos, la exportación ya había declarado ventas al exterior por unos 8,5 millones de toneladas, sobre las que, en teoría, tributaría retenciones de 24% para aceite y harina y de 27,5% para el poroto.

Ahora, los que no demuestren que esa mercadería no sólo estaba declarada, sino también comprada, deberán tributar 32 y 35 por ciento, respectivamente. Según la AFIP, la diferencia llega a US$ 350 millones, pero otras fuentes de la producción lo ubican en torno de los US$ 400 millones.

El artículo cuarto de la ley es claro: "Quedan alcanzadas [...] aun aquellas declaraciones juradas de ventas al exterior que hayan sido registradas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley". Pero si no fuera suficiente, el quinto insiste: "Las disposiciones del artículo 4° se aplicarán en la forma retroactiva que el mismo dispone".

35% retención al poroto de soja

Desde noviembre pasado, el derecho de exportación de este grano subió 7,5 puntos.

30% retención al aceite y a la harina de soja

Desde el mismo mes, los subproductos de la oleaginosa tributan 6 puntos más.

8,5 toneladas registradas

Antes de la suba de retenciones, la exportación registró ventas por este volumen. (LA NACIÓN)