El Senado aprobó los "superpoderes" del Ejecutivo por un año más
La Cámara alta dio luz verde a los llamados "superpoderes". Anoche, los senadores dieron media sanción a la iniciativa que promueve la Casa Rosada que prevé limitar la capacidad del jefe de Gabinete de reasignar partidas al 5 por ciento del presupuesto sin aprobación del Congreso. El próximo paso será el debate en Diputados.
En la votación, el oficialismo logró 38 votos positivos, contra 24 negativos de la oposición, y logró la media sanción al proyecto que limita al 5% la cantidad de recursos que se podrán reasignar sin aprobación del Congreso, pero que no hace ninguna salvedad acerca de si se podrán usar partidas de gastos corrientes para gastos de capital.
Para convertirse en ley, el proyecto tendrá que ser discutido por la Cámara de Diputados, donde se prevé un debate polémico como el que ese cuerpo vivió la semana pasada, cuando discutió la prórroga de la legislación delegada, sancionada ayer por el Senado.
El senador oficialista, Nicolás Fernández, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, expresó ayer que "es la primera vez que un gobierno se autolimita en el uso de un instrumento que otros gobiernos lo usaron más ampliamente" y consideró que la norma significa "un salto cualitativo" en la institucionalidad del país.
La oposición, por su parte, manifestó que se trata de un "límite cosmético", porque excluye de los límites a partidas, como las Obligaciones a cargo del Tesoro, una jurisdicción que incluye partidas por 15.900 millones de pesos. Ese concepto fue compartido por las peronistas disidentes Liliana Negre de Alonso y la salteña Sonia Escudero.
En el debate, el titular de la UCR, Gerardo Morales, expresó su "más firme oposición al esquema de superpoderes porque está visiblemente relacionado con inseguridad jurídica".
Por su parte, el salteño Juan Carlos Romero expresó: "El debate parlamentario se ha resumido en la imposición cuantitativa de los deseos del kirchnerismo". Y agregó: "Desde el Peronismo Federal venimos pidiendo la derogación de los superpoderes, en defensa de la autonomía de las provincias para evitar la domesticación de gobernadores e intendentes". (LA NACIÓN)