El fisco bonaerense iniciará juicios a 100 mil productores

El titular de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), Santiago Montoya, advirtió que “la administración tributaria está preparada, si fuera necesaria, como lo hicimos en 2004, para iniciar hasta 100 mil acciones judiciales” que alcanza a productores rurales de la provincia.

El funcionario bonaerense señaló en declaraciones a Télam que “al margen del conflicto de los sectores del campo con el gobierno federal, nosotros tenemos leyes impositivas provinciales que están vigentes hace muchos años y no hay argumento para no cumplirlas”.

El conflicto que sostiene el sector agropecuario con el Gobierno nacional no ocasionó, según el titular de ARBA, una caída en la recaudación pero esto se debe a que el Impuesto Rural tuvo un vencimiento en marzo y habrá otro recién este mes. Sin embargo, el impacto del conflicto sí se hizo notar en el Régimen de Información para la Explotación de las Propiedades Rurales Medianas y Grandes.

“Esa obligación de informar fue incumplida en 70% en su aspecto formal, que es la presentación jurada, y nos hace presagiar niveles sustancialmente bajos de cumplimiento real en el pago de los tributos”, precisó el funcionario.

Ese régimen de información, explicó Montoya, “nos permite desentrañar la cosecha de soja, maíz, trigo, sorgo y girasol que estamos viendo por satélite, qué se está produciendo en cada una de las parcelas, quién es el responsable de esa producción y por lo tanto quién paga el impuesto sobre eso”.

Previendo el eventual incumplimiento en el pago de los tributos provinciales, Montoya lanzó la advertencia de futuras intimaciones, luego participar en un encuentro del Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales (CATS), en el que expuso Julio Lesmes, funcionario de la Agencia Tributaria Española.

Montoya señaló que con los recursos fiscales “hay que pagar sueldos de maestras, enfermeras, policías, y no le podemos decir que estos meses no cobran porque está el conflicto por las retenciones” y exhortó, por este motivo, a que los productores cumplan con la provincia.

En relación a la falta de presentación de las declaraciones juradas, el funcionario indicó que “ya están en curso las intimaciones, hay un período de descargo y posteriormente pueden empezar los sumarios, que podrían concluir en multas de decenas de miles de pesos”.

Luego de esta primera etapa de intimaciones, según Montoya, vendrán “las acciones determinativas, que permiten establecer, gracias a los medios tecnológicos, el valor de la producción, el impuesto que se debió haber pagado y obviamente producir un título de deuda que es sometido a una acción judicial”.

El fisco provincial esperaba un mayor nivel de cumplimiento al régimen informativo porque, según el titular de ARBA, “fue ajustado en base a lo que nos pidieron las entidades agropecuarias, para adaptarlo a las posibilidades operativas de los asociados”.

“Cuando existe una vocación de consultar, de ajustar las normas, no cumplen; y cuando no existe esa voluntad, como ellos dicen que pasó en el caso del conflicto con el gobierno federal, tampoco cumplen”, denunció Montoya.

Soja en Capital Federal

Mientras tanto el titular de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, Ricardo Echegaray, hizo pública ayer la información brindada por los productores agropecuarios a ese organismo que da cuenta de datos ciertamente insólitos.

Según la información que difundió el Organismo sobre las declaraciones juradas de los productores, “existen en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 1.040 explotaciones agropecuarias que producen en conjunto 3,2 millones de toneladas de soja, y 310 mil toneladas de girasol”.

Estos datos ubican a la Ciudad que gobierna Mauricio Macri como el octavo territorio autónomo en el ranking de las provincias con mayor cantidad de explotaciones rurales. Algo que a todas luces resulta un disparate mayúsculo.

“Con esa calidad de información es difícil diseñar políticas” disparó el presidente de la Oncca, remarcando sin decirlo la mala fe de los productores al declarar el origen geográfico de su producción. Echegaray descartó que pudiera haber alguna confusión con las declaraciones de domicilios fiscales ya que en los formularios que se deben presentar al organismo están taxativamente separadas ambas informaciones.

Echegaray adelantó que si la información suministrada al organismo no es rectificada por los titulares responsables, por razones obvias esos productores no podrán acceder al beneficio del sistema de compensaciones que se espera instrumentar para la Resolución 125 vía Congreso nacional, aunque cuadraran en las característica productivas que se exigen. (El Enfiteuta.com)