Está en situación irregular el 11,5% de los empleados públicos porteños

El Gobierno porteño denunció que 3.000 empleados públicos están en situación irregular. Entre ellos, jubilados y muertos que figuraban en la nómina de pagos. Además, no renovó los contratos de otros 3.000, porque tenían "cargos políticos".

Estos fueron algunos de los primeros resultados del censo del personal público que comenzó en marzo. Los presentaron ayer el jefe de Gobierno Mauricio Macri el jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta y el ministro de Hacienda Néstor Grindetti. "La prioridad siempre fue diferenciar al que trabaja del que no", aseguró Macri.

El Gobierno relevó a 90.150 empleados, de los cuales ya pudieron analizar la situación de 52.370. El censo alcanzó a toda la administración menos al área de Educación, cuyos resultados estarían listos en cuatro meses. Una vez sumados estos empleados, en la Ciudad estiman que llegarán a un total de 130.000 estatales.

Según explicaron en la Ciudad, encontraron 3.000 "inconsistencias". Unos 1.000 empleados renunciaron durante el proceso del censo, presumiblemente porque sabían que estaban en situación irregular.

Además, encontraron 38 casos de muertos que seguían cobrando, y 165 jubilados que continuaban en el padrón cuando no corresponde. Hubo además 1.710 empleados con licencias médicas "no verificables", algunas de más de 1.000 días; 80 casos de personas cuyos jefes de área dijeron que no iban a trabajar, y otras 50 que no se presentaron al censo. El Gobierno afirmó que investigará cada una de las irregularidades.

La Ciudad aseguró que pasó 11.000 empleados al Registro de Agentes en Disponibilidad, el "limbo" donde va a parar el personal a reasignar. "Había 1.000 docentes que cumplían otras funciones y fueron reubicados en escuelas, otros 1.000 derivados a cursos de capacitación, y 5.000 empleados en trámite de jubilación, a los cuales se les dieron incentivos económicos de hasta $ 40.000 para que aceptaran irse", explicó Grindetti.

Macri rescató el hecho de que 9.870 empleados se hubieran anotado en cursos de capacitación. También anunció que llamarán a licitación para tener un sistema único de liquidación de sueldos, y que contratarán 150 médicos laboralistas para corroborar los pedidos de licencia por enfermedad.

¿Qué dijo SUTECBA? "El censo nos sirve porque una vez que se sepa qué función cumple cada empleado podremos solucionar la situación precaria de los 17.000 contratados. Respecto de las irregularidades, se dieron todas entre contratados, ninguna con gente de planta permanente. Es cierto que algunos renunciaron porque tenían cargos políticos y se quedaron sin quien los apadrinara. Y respecto de los fallecidos que seguían cobrando, en todo caso es un error de la propia administración, que debería haberlo detectado antes", resumió Enrique Pistoletti, secretario de prensa del sindicato.

La historia del censo se remonta a diciembre, cuando a poco de asumir Macri anunció que no iba a renovar los contratos de 2.300 empleados porque los consideraba "ñoquis". Los gremios SUTECBA (el más representativo) y ATE llevaron adelante medidas de fuerza, y consiguieron que la Justicia frenara los cesanteos.

Paralelamente, Macri intervino la obra social ObSBA, con el argumento de reoganizarla y conseguir que los empleados pudieran elegir si quedarse en ella o afiliarse a otra. Para aliviar la pelea política, el Gobierno y SUTECBA acordaron el 9 de enero la realización del censo, que se hizo con 150 pasantes de la UBA. (CLARÍN.com)