Estiman que un fallo de la Corte contra la Anses costaría entre $70.000 y $90.000 millones
La Corte Suprema definió el martes que el 18 de diciembre dictará sentencia sobre un tema clave para el Gobierno relacionado al índice de movilidad utilizado para estimar los haberes al momento de jubilarse, que tendría un costo de entre $70.000 y $90.000 millones si finalmente resuelve en contra del criterio que quiere aplicar la Anses.
El organismo previsional plantea que debe utilizarse retroactivamente el indicador de la Secretaría de Trabajo de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) y dejar de lado el de salarios básicos de la industria y la Construcción (Isbic), que arroja una remuneración promedio superior y fue utilizado hasta la sanción de la Reparación Histórica.
Por medio de la resolución 56/18, el Ejecutivo estableció que utilizará el Ripte, no sólo entre los que aceptaron la reparación histórica sino a los beneficios anteriores a 2016. A partir de ahí el organismo previsional comenzó a apelar todas las sentencias firmes que había sobre reajuste de haberes.
Según el Gobierno, el stock total de juicios contra la Anses en trámite es de 400 mil, de los que un cuarto tienen sentencia firme y a otro cuarto no les correspondería incremento alguno. Es decir que hay otros 200.000 a la espera de una resolución en tribunales.
La capacidad de pago del organismo previsional está en torno a las 40.000 sentencias anuales, con unos dos años de demora. Para este año se habían presupuestado casi $35.000 millones y para 2019 se proyectan casi $50.000 millones. Es por eso que el impacto de un fallo a favor de los jubilados por parte de la Corte recién impactaría en el 2020 con los primeros casos, mientras que el grueso llegaría recién a partir del 2021.
El abogado previsional Adrián Tróccoli calculó que esta diferencia llega a unos $14.000 millones anuales a valor actual, en concepto de los haberes que habrá que reajustar y el flujo que la Anses le debe a quienes iniciaron juicio por jubilaciones mal liquidadas durante años.
Por lo tanto, teniendo en cuenta el stock total de juicios y el ritmo de pago de las sentencias, llevaría unos cinco años cumplir con todos los litigios, lo que de acuerdo a los especialistas arroja una cifra que está entre los $70.000 millones y $90.000 millones.
"El costo anual de un fallo en contra de la Anses equivale al 0,9% del gasto en beneficios" del organismo previsional, comparó Tróccoli. Además explicó que a futuro la tasa de litigiosidad continuará reduciéndose, como ocurrió en los últimos años, ya que salvo casos aislados "no quedan jubilados que no hayan iniciado juicio o aceptado la reparación histórica".
El caso que debe tratar la Corte es el "Blanco, Lucio Orlando c/Anses", y es uno de los tantos iniciados por quienes se retiraron después del 2002. El planteo es por la actualización de los haberes hasta el 2009, cuando se sancionó la ley de Movilidad Jubilatoria. Por eso el ritmo de inicio de los litigios ha ido cayendo con fuerza en los últimos años, por la baja incidencia que tiene en los nuevos jubilados los años en discusión.
Es por eso que si se tiene en cuenta el bajo impacto fiscal de un fallo en contra de la Anses -a pesar de que el Gobierno asegura lo contrario- y que la mayoría de las cámaras federales resolvieron a favor de la utilización del Isbic, los expertos esperan que la Corte termine terciando en el mismo sentido en que lo hicieron los jueces de las instancias previas.
Fuente: Diario BAE