Gobierno tucumano busca "limpiar" la legislación provincial

La próxima ley que sancione la Legislatura llevará el número 8.000. No obstante, en el gobierno tucumano está convencido de que el número de normas que efectivamente están vigentes en la provincia es mucho menor.

Por eso, en la Secretaría General de la Gobernación provincial, que encabeza Ramiro González Navarro, trabajan en un proyecto para reflotar la idea de elaborar un digesto jurídico, que recopile, unifique y ordene la legislación tucumana.

Durante la última sesión del año 2005, la Legislatura sancionó la ley (luego fue registrada con el número 7.692) que ordenó la conformación de una comisión de juristas. Esta, en el plazo de un año (prorrogable por uno más), debía comenzar con la limpieza legislativa; esto es, con la confección de un índice de la legislación vigente, ordenado por categoría y con las respectivas reglamentaciones.

A ello había que sumar un anexo referido al Derecho histórico provincial (normas derogadas o en desuso) y a las disposiciones de los organismos supraestatales de los que Tucumán fuera parte (por ejemplo, el Parlamento del NOA).

La iniciativa, en la que trabajaron el justicialista José Alberto Cúneo Vergés y el ex legislador Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes), jamás llegó a ponerse en práctica. Ella preveía que la Legislatura fuera la responsable de la confección y aprobación del digesto.

Cambio de dirección

Aunque en la repartición que conduce González Navarro tienen listo un proyecto para modificar la Ley 7.692, no descartan que la propuesta pueda ser mejorada con el aporte de los legisladores. “La 7.692 es una herramienta de referencia muy útil. No obstante, ya habíamos adelantado que sería de difícil aplicación en la medida en que colocaba a la Legislatura como responsable del digesto. Tal como se hizo en el orden nacional, consideramos que el Poder Ejecutivo es el órgano adecuado, ya que cuenta con una dirección específica (de Leyes y Decretos), que tiene a su cargo el registro y numeración de toda la legislación”, aclaró el funcionario.

Durante la anterior composición legislativa (2003-2007) fueron sancionadas 774 leyes y, en menos de tres meses, la actual Cámara hizo lo mismo respecto de 48 normas (esta cifra incluye la ratificación expresa o la aprobación con correcciones de Decretos de Necesidad y Urgencia). No obstante, González Navarro sostiene que no existe una inflación legislativa en la provincia.

El reordenamiento legislativo tiene por finalidad llevar claridad para afianzar el principio de que las leyes se presumen conocidas por todos. “Con el digesto sabremos cabalmente cuál es la verdadera dimensión de nuestra legislación. Hoy no están ordenados los textos de numerosas leyes, ya que se superponen las modificaciones parciales.

Por eso, frente a tal dispersión, ni siquiera los juristas más avezados saben a ciencia cierta cuáles son las disposiciones vigentes respecto de determinadas materias”, destacó González Navarro.

La dispersión es el enemigo a vencer

Los juristas suelen quejarse de la inflación legislativa bajo la premisa de que las normas, cualquiera sea la rama del derecho a la que ellas pertenezcan, deben ser simples, claras, breves y, fundamentalmente, pocas.

En la conferencia que brindó en Tucumán en agosto de 2005, en el marco de las charlas organizadas por LA GACETA, Jorge Reynaldo Vanossi, catedrático en derecho constitucional, advirtió que en el país había alertas institucionales que no se podían desoír; entre ellas, citó el incumplimiento de las normas.

Por ello, a la hora de elaborar recetas para superar esas debilidades, enumeró una serie de prioridades: “un marco legal preciso y estable, instancias administrativas ágiles y transparentes, y jueces independientes y eficientes”.

Tanto en el orden nacional como en algunas provincias (tal es el caso de San Luis) fueron encarados proyectos para ordenar la legislación y evitar la superposición de normas. (LA GACETA)