Hay 1,7 millones de jubilaciones adicionales por moratorias

El Instituto Nacional de Desarrollo Social Argentino (IDESA) realizó un informe sobre la fuerte “licuación” producida por la devaluación, y que en estos momentos el gasto previsional recuperó los niveles que tenía con anterioridad a la crisis.

IDESA también informó que sin embargo, con similar nivel de gasto se está cubriendo a una mayor cantidad de personas debido a la incorporación de más de 1,7 millones de beneficios otorgados con las moratorias. Esto implica que estos beneficios otorgados a gente que no hizo aportes se están financiando con la “licuación” de los beneficios de quienes sí lo hicieron. Si esta injusticia no es corregida por el Congreso, la litigiosidad seguirá en ascenso.

Reproducimos a continuación el informe completo elaborado por el Instituto:

El superávit de las cuentas públicas logrado con posterioridad a la devaluación se basó fundamentalmente en que mientras la recaudación se ajustó de manera casi inmediata con la inflación y el crecimiento de la actividad, los componentes más importantes del gasto lo hicieron a un ritmo mucho más lento. Un gasto particularmente afectado es el previsional. Esto se logró apelando a un manejo discrecional de los ajustes en las jubilaciones. Un rol muy importante en este sentido lo jugó el intenso proceso de “licuación” que sufrieron los haberes superiores al mínimo.

Desde el 2001 hasta la actualidad, los haberes entre el mínimo y los $1.000 se incrementaron en 79% y los haberes superiores a $1.000 lo hicieron en apenas 63%. Para dar una idea del rezago que sufren estas jubilaciones basta con señalar que la inflación oficial en el mismo período ha sido de 116%.

La “licuación” de los haberes previsionales superiores al mínimo provocó una importante caída del gasto previsional medido en términos de PBI. Esto contribuyó a la formación del superávit fiscal, sin embargo, el fenómeno ha sido transitorio. Según datos de la Secretaría de Seguridad Social se puede observar que:

 El gasto previsional promedio entre 1997 y 2001 fue de 5,4% del PBI por año.

 Con la “licuación” producida luego de la devaluación, en el 2005, el gasto previsional baja a 3,9% del PBI por año.

 Luego comienza a crecer nuevamente hasta llegar, en el 2007, a 5,1% del PBI por año.

La evolución del gasto previsional medido en términos de PBI muestra que la falta de movilidad de los haberes hizo una contribución muy relevante a la generación de superávit fiscal. Hacia el año 2005, la caída de gasto previsional fue del orden de 1,5% del PBI por año. Este simple dato muestra hasta qué punto la “licuación” de haberes previsionales juega un rol fundamental en la recomposición de las finanzas públicas.

Sin embargo, el gasto previsional en el 2007 ha vuelto a recuperar el nivel que tenía con anterioridad a la crisis.

La reversión en la tendencia del gasto previsional a partir del 2005 no fue consecuencia de que se comenzara a aplicar la movilidad. Por el contrario, los jubilados cuyos haberes están por encima del mínimo siguen sufriendo las pérdidas en el poder adquisitivo que les causó la falta de movilidad. El aumento de las erogaciones se explica, básicamente, porque comienza a crecer de manera vertiginosa la cantidad de beneficios otorgados. Hacia fines del 2007, hay más de 1,7 millones de nuevos beneficios otorgados sin aportes a través de las moratorias. Con esto, la cantidad de beneficios del sistema creció en un 50% generando un aumento del gasto previsional del orden de 1,4% del PBI por año para el cual no se contempló un financiamiento específico.

En otra palabras, el otorgamiento de jubilaciones a gente que no hizo aportes está siendo financiado por el “ahorro” generado con la “licuación” de las jubilaciones de gente que hizo aportes para cobrar por encima del mínimo.

Esto permite entender porqué el proyecto oficial sobre movilidad previsional omite reconocer la falta de movilidad que se dio en el pasado. El objetivo subyacente es cristalizar y perpetuar la “licuación” acumulada en los últimos años a fin de contar con el financiamiento necesario para pagar los 1,7 millones de beneficios otorgados con las moratorias.

Sin embargo, las personas afectadas están recurriendo a la justicia para subsanar la arbitrariedad. Así, los fallos del Poder Judicial colisionan con la decisión del Poder Ejecutivo de “licuar” recursos de los jubilados para desviar el excedente a financiar los beneficios otorgados a gente sin aportes.

Por eso, para restablecer una justa movilidad en un marco de respeto por la Constitución es fundamental replantear el esquema de las moratorias. En lugar de usar un artilugio legal para dar acceso a jubilaciones de manera irregular e indiscriminada, es necesario establecer un mecanismo transparente y permanente de cobertura asistencial a favor de personas que llegan a la vejez y no tienen medios económicos.

Inclusión social no es distribuir discrecionalmente recursos previsionales apropiados de manera indebida, sino asignar fondos públicos para apoyar a personas en estado de vulnerabilidad. En este contexto, el problema más complejo de resolver es definir qué tratamiento dar a la gran cantidad de beneficios que se otorgaron con las moratorias favoreciendo a muchas personas de segmentos medios y altos, y que ahora generan un costo adicional para el Estado del orden de 1,4 puntos del PBI por año.

Fuente: Instituto Nacional de Desarrollo Social Argentino (IDESA)