"Hay que proteger la titularidad de los argentinos sobre la tierra"
El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, destacó hoy la necesidad de considerar a la tierra "no como una inversión, sino como un recurso estratégico no renovable" y pidió que el Congreso trate con celeridad el proyecto de ley que limita la venta de tierras a extranjeros.
Domíguez asistió a la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, a cargo de Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro), para explicar los aspectos técnicos del proyecto de Propiedad de las Tierras Rurales, que remitió el Poder Ejecutivo en abril.
El ministro explicó que el proyecto le da a la tierra "un tratamiento distinto al de la inversión, porque se trata de un recurso estratégico no renovable" y afirmó que "hay que proteger la titularidad de los argentinos sobre ese recurso".
"Quien maneje el dominio de la tierra para los próximos años manejará el dominio de los principales recursos y el escenario del desarrollo del mundo", agregó.
El titular de la cartera agraria señaló que -según datos del Ministerio- hay aproximadamente 7 millones de hectáreas en manos de extranjeros en Argentina, sin descartar que esa cifra sea incluso superior debido a que "no existe un registro único" en el país.
En ese sentido, Domínguez planteó la necesidad de hacer "un riguroso registro" sobre la cantidad real de superficie que está en manos extranjeras para "no incurrir en la afectación de derechos adquiridos".
La iniciativa establece en 20% el límite de titularidad de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras, cuyo porcentaje se replica en provincias y municipios.
Además, las personas de una misma nacionalidad extranjera no podrán superar el 30% de ese total permitido y un mismo titular extranjero no podrá adquirir más de 1.000 hectáreas, en cualquier lugar del país.
Asimismo, el proyecto crea el Registro Nacional de Tierras Rurales, en el ámbito del Ministerio de Justicia, y dispone la realización de un relevamiento catastral y dominial que determine la propiedad de tierras en manos extranjeras, que se realizará dentro de los 180 días de la entrada en vigencia de la Ley.
Junto al ministro, asistió también el constitucionalista y colaborador en la redacción del texto, Eduardo Barcesat, quien juzgó que hay una "urgencia dramática" en la sanción del proyecto porque apunta a "asegurar el correcto acceso a los alimentos" de la población.