Impulsan la creación de una Junta Nacional de Granos

El gobierno nacional avanzó en la aprobación de una ley que divide aguas entre las entidades del campo. La comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados decidió unificar dos proyectos para crear una Junta de Granos y un superente que controle la producción, el procesamiento y la venta de los alimentos. La comisión les dará despacho el martes próximo. Dentro del frente rural, la norma cuenta con el apoyo parcial de Federación Agraria, que reclamaba una nueva Junta, y es criticada duramente por las liberales Confederaciones Rurales y Sociedad Rural, que protestan contra el intervencionismo estatal.

La iniciativa para establecer un Ente Nacional de Promoción y Control Comercial Agropecuario y Agroalimentario (Enpycca), presentada por el diputado kirchnerista cordobés Alberto Cantero, prevé la creación de un organismo que intervenga en la distribución de las ganancias entre los productores y la industria, y que garantice a los más pobres el acceso a esos productos “a precios razonables”.

El organismo recuerda al Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), creado en la primera presidencia de Juan Perón, para centralizar desde el Estado el comercio exterior.

El ente propuesto, que reemplazaría a la ONCCA, tendría poder de comprar, vender, almacenar y distribuir productos agroalimentarios. Al detectar una infracción comercial, el titular del Enpycca podrá multar, suspender y hasta clausurar establecimientos.

FAA no ve con malos ojos el proyecto. “Es loable que el Estado tenga instrumentos para garantizar la soberanía agroalimentaria”, evaluó el dirigente Silvio Corti. Ulises Forte, vicepresidente de la entidad, aseguró: “Con el título estamos de acuerdo”. Pero tienen sus matices.

En el proyecto de ley, el ente está controlado por un presidente designado por el Gobierno y directores por concurso. La presencia de las entidades agropecuarias se reduce a dos asientos en un consejo asesor que comparten con otros dos representantes de las industrias, la distribución y los consumidores.

“Ninguno de los compromisos para regular el mercado y favorecer a los productores sirve si no hay participación con capacidad de decisión de las entidades agropecuarias”, dijo Corti.

Para Sociedad Rural y CRA, el proyecto no tiene una coma que se salve. “No nos parece criterioso; es negativo tener más intervensionismo en el mercado”, explicó Alfredo Rodes, director ejecutivo de Carbap y dirigente de CRA. “Una imagen: comparado con el corralito que le pusieron a los bancos durante la crisis, para nosotros el Enpycca es como un corralón”, disparó.

La comisión de Agricultura decidió unificar el proyecto con una iniciativa del diputado del Ari autónomo, Eduardo Macaluse, para crear una nueva Junta Nacional de Granos. El diputado tomó como propia una idea de FAA. El objetivo también era regular la cadena de valor. Pero la propuesta tenía muchas menos atribuciones que el Enpycca. “Yo planteé un club y Cantero la FIFA”, según graficó Macaluse. Pero las iniciativas tienen una diferencia fundamental en la participación de las entidades del campo.

Mientras Cantero las reduce a tener presencia acotada en un órgano consultivo, el proyecto de Macaluse establece un mecanismo de opinión vinculante, en el que los ruralistas podrían vetar o modificar las decisiones de la Junta. Cantero asegura que el suyo “es una estructura mucho más dinámica, más ágil y con menos intervención del Estado que lo que está planteando el proyecto de FAA”. Ahora deberán unir ambos textos y aprobar dictamen el martes que viene. Aunque los ruralistas están convencidos de que la grieta creciente en el bloque oficialista trabará la aprobación del proyecto en la comisión de Comercio

Sí a Martínez Raymonda, no a Urquía

El Gobierno reglamentó la Ley que obliga pagar a las cerealeras la alícuota de retenciones vigente al momento de exportar los granos y no la que regía cuando anotaron el embarque. La aclaración de la jefa de Estado da marcha atrás con una polémica modificación que había realizado el senador y dueño de Aceitera General Deheza, Roberto Urquía.

La reglamentación volvió al proyecto original del ex diputado Rafael Martínez Raymonda, quien había denunciado a las multinacionales de granos por declarar prematuramente exportaciones justo antes de que subieran las retenciones en noviembre de 2007.

Subsidios de 1.809 millones para que la canasta no suba

La Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) entregó subsidios a fabricantes de alimentos por más de 145 millones de pesos en lo que va de mayo, para evitar que la suba internacional de los commodities dispare el valor de la canasta básica. El organismo que dirige Ricardo Echegaray ya lleva girados a las empresas 1.809 millones de pesos desde principios del año pasado, cuando se inauguró el mecanismo.

Entre los últimos beneficiarios listados ayer en el Boletín Oficial figuran el molino Cañuelas, con más de 9 millones de pesos, y el frigorífico avícola Soychú, con más de 5 millones. También aparece la cadena Coto, que se anotó con 380.000 por su actividad como faenador de pollos. En su cadena de súper e hipermercados, Coto remarcó los precios de los alimentos más que sus competidores, según detectaron los encuestadores de la consultora Equis.

“La gestión para acceder a las compensaciones debe ser abordada con responsabilidad y profesionalismo, dejando de lado los cobros del mostrador y las presiones periodísticas”, expresó Echegaray a través de un comunicado. Aludió sin nombrarla a la empresa Molinos Río de la Plata, que había distribuido días atrás entre comercios una lista con aumentos de precios de hasta un 25% y que finalmente la retiró tras la promesa oficial de regularizar los pagos. Para Echegaray, el sector productor de alimentos “debe transparentar su producción e incorporarse a la economía formal. Hay una diferencia entre presentar papeles y estar en regla”. (CRÍTICA DE LA ARGENTINA)