La AFIP frenó una organización que contrabandeaba productos electrónicos
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó que partir de una investigación de la Aduana y la Fiscalía Federal N° 2 de la Ciudad de Córdoba se logró desactivar a una organización que contrabandeó productos electrónicos por más de u$s 2 millones.
Quedaron comprometidas dos importantes cadenas que fueron las que comercializaron la mercadería en Córdoba.
Como resultado de los procedimientos se detuvieron esta mañana a 5 poderosos empresarios involucrados en la maniobra, a quienes podrían aplicarle "una pena de entre 4 y 10 años de prisión", informó la AFIP.
Señaló el organismo que, en total, la Justicia Federal de Córdoba libró siete órdenes de detención, y que "hasta el momento hay dos personas prófugas".
La investigación comenzó cuando los agentes aduaneros detectaron importantes inconsistencias documentales en un importante comercio del rubro electrónica e informática de esa ciudad.
La AFIP indicó que a partir de las acciones de fiscalización, se detectó la venta de notebooks que no contaban con la tecla “Ñ” en su teclado. "Esto incrementó la sospecha ya que las computadoras que se comercializan en los mercados de habla hispana cuentan normalmente con esa letra", indicó el organismo.
La organización tenía su base en la ciudad de Córdoba, con participación de personas en Buenos Aires y en Miami, EE.UU. Además contaban con asesoramiento contable, jurídico y logístico para efectuar cada una de sus maniobras.
Para lograr el contrabando realizaban operaciones financieras on-line donde depositaban dinero en cuentas de los Estados Unidos, desde donde provenían las mercaderías de manera ilícita.
"La red utilizaba facturas apócrifas, empresas fantasmas, simulaban operaciones bursátiles y hasta constituían sociedades con personas indigentes, proveedores falsos y falsificaban sellos con el objetivo de burlar los organismos de control", señaló.
A partir de las investigaciones, el Juzgado Federal N° 2 de la Ciudad de Córdoba, a cargo de juez Alejandro Sánchez Freytes, ordenó más de una decena de allanamientos.
Durante esos operativos, de los que participó además el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), secuestraron notebooks, netbooks, tablets pc, teléfonos celulares, cámaras fotográficas digitales, GPS, filmadoras digitales, consolas de video juegos, proyectores. Además se incautó documentación y soportes informáticos de relevancia para la investigación.