La Corte Suprema puso un freno al impuesto a la riqueza bonaerense

La Corte Suprema de la Nación hizo lugar al reclamo de un contribuyente y le ordenó al Gobierno bonaerense que se abstenga de cobrarle el impuesto a la riqueza, que alcanza a quienes tienen un patrimonio superior a 500.000 pesos.

Con esta decisión, la Corte se declaró competente para resolver la cuestión de fondo: decidir si el impuesto creado durante la gestión del ex gobernador Felipe Solá es inconstitucional, tal como reclama el contribuyente Pedro Ramírez.

El argumento del demandante es que este tributo se superpone con el impuesto a los Bienes Personales que existe a nivel nacional, y con el impuesto inmobiliario bonaerense.

Sobre esta base, la Corte Suprema dictó una medida cautelar en la que le ordena a la provincia "que se abstenga de liquidar, reclamar, intimar y proseguir con la exigencia del pago" del tributo.

El pronunciamiento es un revés para Santiago Montoya, a cargo de la flamante la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), y el principal impulsor del tributo. Fuentes cercanas a Montoya destacaron que "la Corte no frenó la aplicación del impuesto, la medida es únicamente para el caso Ramírez, por lo que el tributo se seguirá cobrando". Y recalcaron que la Corte "sólo tomó una medida cautelar. Lo que hizo fue ordenar que no se le cobre el impuesto a este contribuyente hasta que el tribunal se expida sobre la constitucionalidad".

El tribunal le dio 60 días al gobierno de Daniel Scioli y al fiscal del estado para que acerquen sus argumentos acerca de la constitucionalidad de la medida.

Ignacio Fernández Borzese, el abogado de Ramírez, resaltó que la demanda se basó en pedir la inconstitucionalidad del impuesto, ya que "por las normas de coparticipación no puede haber un impuesto provincial idéntico a uno nacional", y esto es lo que ocurre en relación a Bienes Personales.

El abogado resalta la importancia de la medida cautelar ya que la Corte "consideró suficientemente acreditada la verosimilitud de la demanda, lo que da pistas acerca de que, cuando se pronuncie sobre la cuestión de fondo, lo hará de en favor de nuestro planteo".

"Como la Corte Suprema es el máximo tribunal de la Argentina, la decisión es inapelable para el gobierno bonaerense" señaló Borzese. Y aunque ratificó que la medida solo vale para este contribuyente, apuntó que seguramente generará "un número mayor de juicios en los que la Corte debería pronunciarse en el mismo sentido".

Hace dos meses, la Suprema Corte bonaerense se había declarado incompetente sobre este tema a partir de que varios jueces están alcanzados por el impuesto. Pero según Borzese, aunque el tribunal cambiara de opinión y avalara el impuesto, este pronunciamiento no tendría validez frente al de la Corte Suprema, ya que este sigue siendo la máxima autoridad.

Cerca de 30.000 personas se presentaron ante el fisco bonaerense para pagar el impuesto. Esto representa el 27% de los 110.000 contribuyentes alcanzados por el tributo. El "impuesto a la riqueza" establece que quienes tengan bienes con valuaciones superiores a 500.000 pesos e inferiores a los 750.000 tendrán que pagar un extra del 0,25% en la alícuota del impuesto inmobiliario.

El gravamen abarca no solo a los bienes ubicados en la provincia, sino también a los que están en el resto del país y en el exterior.

Los que acrediten bienes de entre 750.000 y 1,2 millones de pesos pagarán el 0,5%, y los que tengan bienes por más de ese monto abonarán un suplemento impositivo del 0,75%. El fisco bonaerense espera reunir 300 millones de pesos por este nuevo tributo, que son considerados clave para aliviar el déficit provincial. (CLARÍN)