La discusión del campo es un tema político, y no económico

El mismo día en que las entidades de empresarios del campo convocaron a las primeras medidas de fuerza, el precio de la soja empezó a sufrir una fuerte caída en el mercado de Chicago.

Desde el 12 de marzo hasta la primera semana de abril, el derrumbe en la cotización fue de 18%. El perjuicio para los exportadores locales, sin embargo, habría sido de apenas 8%, de no haberse paralizado las operaciones por el conflicto local. La diferencia (a favor) habría reflejado el impacto positivo de las retenciones móviles, frente al anterior sistema de retenciones fijas. Dicho de otro modo, el desplome de la oleaginosa, de 538 a 448 dólares la tonelada, habría tenido como correlato una baja en la alícuota del impuesto, desde 45 a 40%.

Pero el episodio pasó desapercibido a causa del ruido mediático casi unánime en respaldo de lo que se denomina “el campo”, y que actúa como una cortina de humo más densa aún que la sufrida semanas atrás en Buenos Aires y Rosario, por la quema de pastizales. Se fueron perdiendo así argumentos técnico-económicos y la pulseada fue cobrando un claro cariz político. Con el agravante de que el desabastecimiento y la remarcación de precios de alimentos se hacen sentir, sobre todo para los sectores populares.

También es preocupante que, mientras se va resintiendo la actividad en diversas ramas económicas y regiones, sigue sin aparecer la clara responsabilidad que les cabe a los grandes propietarios de tierras, los oligopolios ligados con la producción y la comercialización interna y las compañías exportadoras de granos, carnes y lácteos.

Acaso, como novedad, debe destacarse la propuesta de reforma agraria integral que en estos días le presentaron al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, los integrantes del Movimiento Nacional Campesino e Indígena, una agrupación de 15 mil familias de pequeños agricultores de Buenos Aires, Córdoba, Cuyo, Formosa, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Misiones, que concurrieron al encuentro acompañados por la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.

Desacuerdos

Entre un paro y otro, las conversaciones de la Comisión de Enlace de las entidades del agro con el Gobierno habían logrado ciertos avances. Por ejemplo, la ampliación del cupo de exportaciones de carne (de 500.000 toneladas en 2007 a 550.000 este año); la apertura del registro para envíos de trigo; el reconocimiento de un mayor precio por la leche a los tamberos; la aplicación de reintegros a pequeños y medianos productores (y compensaciones por flete para los más alejados de los puertos), que redujeron para esos casos las retenciones a niveles previos al anuncio del 11 de marzo. Pero como la Sociedad Rural, Coninagro, Federación Agraria y Confederaciones Rurales no lograron su objetivo de derribar las “móviles”, se reanudó la confrontación.

Las entidades aseguran que “se convierte una oportunidad en crisis” y reclaman por una “política agropecuaria de largo plazo”, a la vez que rechazan la que les ofreció el Gobierno: un documento de 14 puntos presentado como temario a tratar de cara al Bicentenario, que planteaba la necesidad de armonizar las exportaciones con el consumo interno.

El plan también empeñaba la palabra del Gobierno en materia de incentivos para la carne vacuna y porcina, el sector lácteo, los cereales y oleaginosas, arroz, tabaco, algodón, horticultura y fruticultura frescas, forestación, olivo, yerba, apicultura, frutas, hortalizas y orgánicos.

En vacunos, el Gobierno propuso pasar de la comercialización de media res a una por cortes, incentivar la retención de vientres y aumentar el peso de faena. Además, apostar por una sustitución paulatina del consumo por otras carnes (en particular, de porcinos) y alentar el desarrollo de la industria láctea.

Se alentó además la producción de arroz y la hortícola. Para el algodón, se planteó la posibilidad de extender la superficie cultivada de 400.000 a un millón de hectáreas y mejorar los rendimientos, de 1.300 a 2.000 kilos por hectárea. También se había encaminado la solución para unos 4.700 productores que mantienen deudas por unos 800 millones de pesos con el Banco de la Nación. Y en cuanto a los cereales y oleaginosas, se propiciaron también políticas tendientes a morigerar el alza de precios de insumos agroquímicos importados. Pero esto no satisfizo a los negociadores del campo, quienes, según dijeron, dudan de que se cumplan las promesas del Gobierno. Y sobre todo, porque no lograron eliminar las retenciones móviles.

El conflicto incluyó las gestiones de las entidades agropecuarias para lograr el respaldo de gobernadores, legisladores e intendentes. En ese marco, el presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, aseguró que se podría garantizar el consumo interno de alimentos y al mismo tiempo aprovechar la demanda externa. “No somos liberales, no nos resulta lo mismo que la gente pueda comer o no pueda comer”, sostuvo Buzzi, para quien “se podría crear un fondo para garantizar una canasta básica, y el resto exportarlo”.

El dirigente respaldó asimismo la campaña “Basta de mentiras”, organizada junto con las otras tres entidades del sector, según la cual “el campo no es responsable de la inflación”. La iniciativa destaca la brecha entre los precios que reciben productores y consumidores: en el caso de la carne de ternera, 3,5 y 18,9 pesos el kilo, respectivamente; en el pollo, 0,60 y 5,20 el kilo; en la leche, 0,83 y 2,63 el litro; en el queso, 8 y 32 pesos el kilo; en el cerdo, 4,50 y 16,20 el kilo; en la batata, 0,30 y 2 pesos el kilo; en la calabaza, 0,50 y 1,50; y en la papa, 0,70 y 2,70, entre otros ejemplos.

No está de más recordar las razones por las que resulta bien difícil cambiar este esquema tributario. En primer lugar, porque se busca evitar que las alzas de las materias primas agrícolas provoquen mayores subas en el precio de los alimentos, lo que agudizaría todavía más la pérdida de poder adquisitivo de la población. El sociólogo Artemio López y el economista Ernesto Kritz coinciden en señalar que el número de pobres aumentó desde comienzos de 2007 a la fecha entre 1,1 y 1,6 millón. Los afectados suman ahora 11 millones (tras haber caído a 9,7 millones a fines de 2006), como consecuencia de la brecha entre una canasta alimentaria encarecida e ingresos rezagados.

Los intermediarios

Reducir las presiones inflacionarias de manera estructural es otro objetivo deseable, si es que se logra frenar la sojización e incentivar la producción de trigo, maíz, carne y lácteos. También está demostrada la ventaja relacionada con la mayor previsibilidad para el sector productor ante la volatilidad de las cotizaciones. Los mercados a término reconocieron este beneficio, al admitir que su rol pierde sentido con el nuevo esquema, y se sumaron de inmediato a la protesta porque ven cómo se les escurre de las manos esa jugosa intermediación.

Así las cosas, si los sectores más concentrados del campo ganan la pelea, los granos darán mayores utilidades a quienes los cosechen y vendan. En especial, grandes terratenientes, pooles de siembra, intermediarios comerciales –redes de supermercados y exportadores– y proveedores de insumos. El fisco, en tanto, resignaría algunos puntos porcentuales de recaudación. Lo más dramático, con todo, y sin entrar a evaluar las consecuencias políticas, sería la persistencia de la concentración productiva y el ya mencionado encarecimiento de alimentos. (REVISTA ACCIÓN DIGITAL)