“La lucha por el patrimonio es de todo el país”

Ana Bóscolo, experta en derecho urbanístico, indicó que en varias provincias tienden a proteger y promocionar sus bienes arquitectónicos. Según la especialista, no es incompatible pensar en la preservación de los bienes y en el progreso a la vez.

Ella acudió al llamado de aquellos que iniciaron las ya conocidas marchas de los viernes, a las 21. Ella no dudó en recorrer los 1.200 kilómetros que nos separan de la ciudad portuaria para cumplir con su profesión y especialidad. Pero también porque no se olvida de sus amigos, “compañeros de ruta”, como también le gusta llamar a ese grupo de arquitectos tucumanos que comparten su misma convicción: la preservación y la valoración del patrimonio histórico y cultural.

Ella es Ana María Bóscolo. Es abogada, pero desde hace varios años pasa más tiempo con los arquitectos que con sus colegas. Es miembro del Icomos (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) y realizó una maestría en derecho urbanístico. Además, es consultora externa y asesora a las provincias de Chubut, Santa Cruz, Corrientes y Buenos Aires en materia patrimonial.

Con su experiencia a cuestas, asegura que es necesaria la preservación del patrimonio de Tucumán porque pertenece a todos los argentinos y arenga a los tucumanos a no claudicar en su afán de no permitir la venta de edificios centenarios, de valor intangible. “Tenemos el derecho a peticionar, el derecho a audiencias públicas y a recoger firmas”, sentenció.

¿Por qué visita Tucumán?

 Estoy muy agradecida de estar aquí, porque tengo muy buenos amigos y compañeros de ruta en la protección del patrimonio cultural, no solamente de esta ciudad, sino del todo el país. Estamos para ayudar a proteger y a promover el patrimonio cultural de Tucumán.

¿Por qué es importante la protección del patrimonio histórico?

 Ha sido una lucha muy larga para que las ciudades respeten una calidad de vida. Tucumán tiene un ingrediente más: es una ciudad histórica por ley nacional. Este carácter de ciudad histórica no sólo impacta en Tucumán, sino también en toda la Nación. Por eso es importante proteger el patrimonio de Tucumán, porque no es solamente para los tucumanos, sino para todos los argentinos.

¿Cómo se interpreta la voluntad del PE de vender, al mejor postor, el patrimonio histórico?

 Estamos estudiando y reflexionando jurídicamente las distintas causas y alternativas por las cuales se sancionaron estas leyes. Hay motivos de carácter económico; otros vinculados con el progreso, con generar fuentes de trabajo. Pero esto no quiere decir que, en cumplimiento de estos objetivos, violemos la Constitución Nacional. Esta es la cuna de Juan Bautista Alberdi, el ideólogo de nuestra Constitución. Y eso deberíamos observar.

¿Resulta incompatible preservar el patrimonio y, a la vez, sumarse al progreso?

 No, es compatible. Esta protección no quiere decir que no progresemos, ni tampoco quiere decir que avasallemos calidad de vida, o que vayamos en contra de la Constitución Nacional y provincial. En eso estamos reflexionando.

¿Existen otras provincias donde también se atente contra la conservación del patrimonio?

 Es muy común. Lo que sucede en Tucumán, sucedió en Córdoba y en la ciudad de Buenos Aires. En esta última el defensor del Pueblo planteó un recurso de amparo por la destrucción de la casa del fundador de Flores -la Casa Millán- y obligó al Gobierno de la ciudad y a la empresa constructora a pagar una suma de dinero por su destrucción. Son todos casos que están en la jurisprudencia. Felizmente, estamos en un buen momento, desde el punto de vista jurídico, acumulando experiencia y casos.

¿Se da una tendencia de no protección del patrimonio?

 Muy por el contrario. Cada provincia compite ofreciendo su patrimonio. Por ejemplo, la provincia de Santa Cruz compite con la de Chubut, ofreciendo la Cueva de la Manos, El Calafate, sus bellezas naturales. Chubut, a su vez, compite con otras provincias patagónicas, promocionando pueblos como Gaiman o los pueblos galeses. Vamos a un ritmo de protección del patrimonio.

Por cualquier vía

Bóscolo tiene previsto sumarse activamente al expediente judicial abierto en la Justicia provincial y, a la vez, en una eventual causa ante los Tribunales Federales. Sin embargo, su participación no se limitará sólo al asesoramiento jurídico. “No debemos estacionarnos en una sola acción”, aclaró.

¿Qué medidas se piensan tomar en Tucumán?

 Estamos reflexionando sobre las acciones a tomar. No queremos estacionarnos en una sola acción. Pueden ser las vías judiciales, las administrativas; las de la participación comunitaria y social; la convocatoria a la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos; las vías hacia la opinión de organismos internacionales, como el Icomos.

¿Deducirán una nueva causa o se sumarán como tercero interesado en la causa provincial?

 Estamos estudiando todas las vías. También se puede plantear una vía como la manifestación ante la Unesco. Porque tenemos convenciones internacionales, celebradas en nuestro país, y que tienen rango constitucional, como la convención sobre los derechos humanos. Y como el derecho del patrimonio natural y cultural, es un derecho humano, debemos observar esa convención internacional. Todas las vías son posibles.

Si acuden a la Justicia Federal, ¿qué argumento invocarán?

 Por una cuestión de estrategia del ejercicio de la profesión, sería arriesgado comentar algo.

¿Son efectivas las marchas que se están concretando?

 Las marchas no deben abandonarse. Esto es una larga trayectoria, pero nunca deben abandonarse, ni el propósito ni las acciones. (LA GACETA ONLINE)