Las provincias se quejan de que cada vez es menor su participación en el reparto

La Constitución Nacional de 1994 ordena al Congreso, en su artículo 75, aprobar una ley que asegure a las provincias "la automaticidad en las remesas de los impuestos coparticipados". La Carta Magna es clara, ya que establece que la distribución entre la Nación y las provincias "contemplará criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional".

Este mandato constitucional sigue incumplido y explica la concentración de los recursos en el Tesoro nacional, en desmedro de las provincias, ya que actualmente la transferencia automática es de apenas el 27% de la recaudación nacional, el valor más bajo de los últimos cincuenta años. Si bien la Nación realiza transferencias adicionales a las provincias, éstas no están sujetas a normas objetivas que determinen cómo debe ser la distribución. No existen reglas sino decisiones discrecionales que debilitan la autonomía política de los gobiernos provinciales. Sin un adecuado régimen de coparticipación, el federalismo es una ficción utópica por la clara dependencia de la Casa Rosada.

Los números muestran que las provincias han perdido participación en el reparto. Desde 2002 hasta la fecha, los Estados resignaron a favor de la Nación 9390 millones de pesos, equivalente a una pérdida mensual promedio de 134 millones en concepto de transferencias automáticas coparticipables. El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) demostró la coparticipación per cápita al dividir el total de recursos que recibe cada provincia por la cantidad de habitantes.

De este modo, Tierra del Fuego, con más de 5000 pesos por año por cada fueguino, fue la más beneficiada. Le siguieron Santa Cruz, Catamarca y Formosa. En la otra punta del índice está Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Buenos Aires, cerrando la Capital Federal, que es la que menos coparticipación recibe. En San Juan, según el estudio, la coparticipación per cápita es de alrededor de 2000 pesos.

El país necesita con urgencia una ley de coparticipación federal de impuestos que promueva la igualdad de oportunidades entre todos los argentinos, incentive los esfuerzos de las provincias por cuidar su capital humano en salud y educación, y también estimule su propio esfuerzo tributario.

Es tiempo de revisar el sistema coparticipable y cambiar los coeficientes fijos por otros que respondan a la cambiante realidad de nuestro país. (DIARIO DE CUYO)