Ley de etiquetado: empresas piden más plazos y acotar impacto
Antes del 14 de marzo debería definirse la reglamentación de la ley de etiquetado frontal de alimentos que sancionó el Congreso. Si bien el trazo grueso de la normativa ya está encorsetado en el texto que aprobó el parlamento, algunas cuestiones puntuales de la letra chica se definen en esta instancia. Las empresas mantienen diálogo con el Ministerio de Salud y la Jefatura de Gabinete y piden mayores plazos para adaptar los empaques, diferenciar entre nutrientes agregados e intrínsecos y excluir algunos productos.
Luego de una intensa discusión que incluyó la virtual parálisis legislativa del proyecto, el 12 de noviembre se promulgó la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable. La normativa prevé la ubicación de octógonos negros en los envases de alimentos y bebidas para señalar el exceso de ciertos nutrientes según el criterio que plantea la Organización Panamericana de la Salud.
La industria alimenticia se opone a la ley tal cual está redactada, pero sabe que no habrá marcha atrás con su implementación. En cambio, confían en poder incluir algunas modificaciones en la reglamentación. “Hay diálogo con el Ministerio de Salud y también con el Jefe de Gabinete”, reconocieron a Ámbito desde una de las cámaras que agrupa a las firmas del sector, aunque al mismo tiempo, señalaron: “Hasta que no esté publicada no podemos saber qué conseguimos y qué no”.
Uno de los puntos que pide la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios es la extensión de los plazos para la puesta en marcha. En el debate parlamentario se trazó un límite de seis meses para las grandes empresas y de doce para las pymes. La intención del sector es extender ese período de gracia a un año y 18 meses respectivamente y que se implemente en etapas que vayan incrementando las pautas de cumplimiento. Argumentan que actualizar los envases, distribuirlos y hacerse de un stock considerable, llevará un mayor tiempo operativo.
Otros de los ejes centrales y que definirá el volumen de la aplicación final de la norma, es la diferenciación entre los nutrientes intrínsecos al alimento y los agregados. Se trata de un pedido concreto del sector que asegura que si esto no se tiene en cuenta “más del 90% de los productos de góndola estarán impactados con sellos”. En ese sentido, argumentan que “esto beneficia al producto que tiene más agregados porque los iguala con el mismo octógono negro, al que está al límite y el que lo sobrepasa por mucho”. Según reconocieron fuentes oficiales, el reclamo podría ser tenido en cuenta.
Al margen de lo que negocia la gremial empresaria, también hay discusiones que cada firma sostiene mano a mano con el Gobierno. Esa instancia apunta principalmente a las posibles exclusiones de productos puntuales, como los lácteos. En la discusión parlamentaria en comisiones el propio oficialismo reconoció que ese trazo fino se terminaría de definir mediante la reglamentación de la normativa.
Por Andrés Lerner
Fuente: Ámbito