Mendocinos deben 540 millones en impuestos provinciales

Las cuentas del Estado provincial sufren una enfermedad crónica de larga data, cuyo síntoma clave es la dificultad de cobrar las deudas que tienen grandes contribuyentes. Un problema complejo sobre el que pocos médicos se animan a dar un diagnóstico certero.

Por eso antes de hablar de subir impuestos o quitar las exenciones, como los gremios estatales proponen y los empresarios temen, es conveniente analizar cómo recauda Mendoza, qué hace frente a una deuda superior a los $500 millones que crece anualmente y cómo proceder ante compañías morosas que, incluso, tienen contratos con el propio Estado.

A ninguna empresa le resulta sencillo cobrar a todos sus clientes cuando opera con cuentas corrientes. Entonces el Estado, que solamente por impuesto Inmobiliario tiene 509 mil contribuyentes a quienes enviar boletas para que paguen, requiere un esfuerzo mayor.

Aún cuando se dice que no faltan remedios que alivien el mal de las cuentas provinciales (este año correrían el riesgo de cerrar con déficit), algunas deudas son un paquete que pasa de administración en administración sin abrirse del todo y mucho menos cobrarse.

De este modo la Provincia acumuló acreencias impagas por un total de $540,4 millones al cierre de 2007, de acuerdo con la información que publica la Dirección General de Rentas (DGR) en su página de Internet.

Lo extraño es que desde 2005, durante un período en el que la economía provincial creció a tasas anuales de entre 9 y 10%, el enfermo empeoró. En los últimos dos años aumentó en $20.413.840 el volumen de dinero que deben los morosos al Estado local, es decir casi un 4% más.

Alicia Chacón, titular de la DGR desde diciembre último, cuenta qué hace el organismo recaudador para que los mendocinos cancelen sus deudas.

Primero, aclara, “tenemos especial interés en que cumplan en tiempo y forma. Que tengan en cuenta que si vivimos en sociedad cada uno debe pagar impuestos de acuerdo con su capacidad contributiva”.

En este sentido, el Ministerio de Hacienda lanzará en las próximas semanas una campaña de concientización tributaria y proyectan abrir más oficinas en el interior de la provincia. La DGR ya tiene 32 delegaciones y receptorías en Mendoza y una en Capital Federal.

A los mendocinos que no pagan a término el impuesto Inmobiliario o Automotor les envían notificaciones. Son unas 40 mil, ocho veces al año, según consta en Rentas. A los contribuyentes más grandes, agrega Chacón, estas notas que recuerdan las fechas de vencimiento con el lema “evite apremio” se las entregan en mano los verificadores de Fiscalización Permanente.

La directora de Rentas reconoce que una debilidad en el envío por correo es la falta de actualización de domicilios. Un caso extremo fue el de César López, un jubilado de Godoy Cruz que a fines de febrero recibió 200 boletas del impuesto inmobiliario por segundo año consecutivo. Todas a nombre de la empresa Piazza y Piana SAICIA, la constructora que le vendió a él un departamento y que figura entre las 20 principales deudores, con $137.543 a pagar a diciembre de 2007, según consta en www.rentas.mendoza.gov.ar.

A veces las deudas también se traban por errores en la facturación. A diferencias de lo que ocurre con otros cargos fijos como el teléfono, una persona no está obligada a pagar una boleta del Inmobiliario o Automotor cuando considera que está mal confeccionada. Puede reclamar primero a la DGR y esperar que lo resuelva.

En menor medida, Rentas llama a las personas por teléfono para que abonen o les recuerda el vencimiento a través de un mensaje de texto al celular de quienes alguna vez se comunicaron con el call center al 0800-666-7626.

Cuando incluso así no cancelan sus deudas se recurre al apremio, que es un aviso de gestión administrativa que le da al contribuyente un plazo de cinco días para inscribirse en un plan de pago o bien para comprobar que ya abonó. Esa es una gestión administrativa.

En cambio, para el caso de quienes no pagan Ingresos Brutos, los sabuesos del Estado apuran directamente con inspecciones e intimaciones (apremios), por ser éste un tributo autodeclarado que grava en un 3% el ingreso de empresas y personas. Todavía ese impuesto no cuenta con una base de datos amplia que facilite la tarea de notificar así como tampoco un sistema informático que agilice los trámites, explicó un contador especialista en impuestos.

Por su parte Mario Comellas, vicepresidente segundo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y también especialista en temas impositivos, asegura que “la presión que existe por parte de los organismos (recaudadores) es muy grande”, y considera que el problema de Rentas puede tener relación con que “en Tribunales las deudas duermen mucho tiempo”.

Las causas pasan a la justicia, sean del impuesto que sean, cuando vence el tiempo del apremio, que a veces se extiende a 10 días. Y aún habiendo un juicio de por medio el contribuyente puede acercarse a la DGR e iniciar un plan de pago. Si se vencen tres cuotas sin abonar debe volver a Tribunales. “Esa es otra información que necesitamos depurar”, admite Chacón.

La sucesora de Alejandro Donati (ahora en Hacienda de Capital, quien no quiso hablar del tema ante al pedido de Los Andes), también reconoce que las deudas que están en la Justicia “necesitan de un seguimiento muy estricto, con personas especializadas desde un departamento específico”, que proyecta crear. Para reestructurar el organismo la funcionaria se ha puesto el plazo de unos tres meses, durante los que con “medidas escalonadas la gente va a ir viendo una mayor presencia”.

Por ahora, los más grandes morosos, esos cuyo nombre es público desde hace dos años en Internet, se han “escapado”. Las obligaciones con el Estado, cuyo monto alcanzaría para construir 127 escuelas (ver a parte), están concentradas en pocas manos. Sólo 50 grandes firmas suman poco más de la mitad de la deuda reconocida en Ingresos Brutos. Muchas de los cuales se repiten en las planillas de 2005 y las de 2006 sin cambios.

En el caso de las empresas en concurso de acreedores y aquellas que ya quebraron es todavía más difícil para el Estado recuperar el pasivo. Un dato para tener en cuenta es que siete de los diez mayores deudores de Ingresos Brutos, dos de los principales morosos de Inmobiliario y seis de los diez que más deben de Automotor están en concurso de acreedores o han quebrado (ver “Lista...”).

Ese es el caso de la quebrada TAC, ya que una vez que se remate su patrimonio, los ex-empleados cobrarán primero porque son acreedores de privilegio. Luego se salvarán las deudas con el sistema previsional (Anses y las AFJP) y aquellas por impuestos como Ganancias que la empresa retiene del sueldo de sus empleados. Recién allí, si alcanza el dinero, la provincia recibirá los $6,9 millones de deuda que sumó la cooperativa de transporte por patentes no pagadas.

La misma directora de Rentas admite que una parte de las deudas que figuran en la web serán imposibles de recuperar. El Código Fiscal determina que un pasivo debe considerarse incobrable cuando se comprueba “insolvencia financiera y/o patrimonial del contribuyente y/o responsable” o en caso de “la desaparición del contribuyente y/o responsable”.

Sin embargo, Alicia Chacón, que antes de ser directora tuvo 20 años de trayectoria en la DGR, dice que gestiones anteriores “han mejorado mucho la forma de proceder” y promete “buscar por la experiencia personal y la de mis colaboradores lo que haya sido mejor para el control de la recaudación” (ver aparte).

Ella insiste en que es necesario “depurar” (observar uno por uno cada caso) la lista de morosos por Inmobiliario, Automotor e Ingresos Brutos que es publicada para cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal, desde 2005.

No todos igual

La desigualdad entre contribuyentes grandes y chicos es un punto en contra de la salud de las cuentas públicas. Por algo Chacón dice que quiere “dar un poco más de equidad a la gestión de cobro”.

Es que mientras el común de los deudores puede tramitar un plan de pago a un máximo de tres años, otros consiguieron adherirse a moratorias más flexibles a través de acuerdos con el Poder Ejecutivo.

Hubo convenios entre el Estado provincial y empresas de servicios públicos que les permitió a las firmas acumular deudas.

La Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, por ejemplo, se abstuvo de pagar Ingresos Brutos cuando en el 2002 la Provincia quitó la exención a la distribución eléctrica residencial. “Todas las empresas distribuidoras manifestamos que no podía hacerse porque había un contrato de concesión de 10 años que no podía modificarse”, explicó Emilio Magnaghi, presidente de la empresa.

Las distribuidoras recurrieron al EPRE (Ente Provincial Regulador Eléctrico), quien resolvió que el impuesto debían pagarlo los usuarios y contra esta resolución Prodelco (asociación de defensa del consumidor) presento una acción de amparo que lo impidió.

Como, a la vez, las distribuidoras de energía habían pedido desde hacía años un incremento en la tarifa, cuando renegociaron los contratos de concesión con la administración de Julio Cobos, el Ejecutivo les financió la deuda a 10 años, con un 3,5% de interés en compensación por el tiempo de vigencia de las tarifas fijas.

Una ventaja similar obtuvieron las empresas de transporte urbano de pasajeros en la última licitación y se pudieron presentar aun con deudas de impuestos. Por lo cual las firmas que prestan el servicio de media distancia demandarán un trato similar cuando les llegue el turno.

Desde la empresa Nueva Generación, que también opera los recorridos de El Rápido en los departamentos del Este, explicaron que las deudas con Rentas “son por el acta acuerdo que se firmó en el ‘96” (con el entonces gobernador Arturo Lafalla) por la que el Gobierno les habría permitido a las empresas no pagar el impuesto automotor. “Para media distancia nunca se derogó, se mantuvo vigente”, dijo una alta fuente que pidió guardar su nombre.

Por otra parte, si bien “hay una ley de licitaciones por la cual, en principio, a los interesados se les debe pedir el libre deuda de impuestos con el Estado provincial -explica el contador Comellas- la Provincia puede considerar algunas situaciones”.

Algo que los mismos empresarios reconocieron a Los Andes: “Nos presentamos en la licitación del ferrotranvía urbano con un certificado de libre deuda por la totalidad de los impuestos provinciales”, dijo Magnaghi, responsable de la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz.

Y en Nueva Generación agregaron: “Nuestra deuda no es desconocida por el Estado porque la empresa se ha presentado en dos licitaciones y en ellas uno de los requisitos era el certificado de estado de deuda”.

Para nadie es ajeno el hecho de que no todas las deudas se resuelven dentro de la DGR, del mismo modo que son públicas y reconocidas la mayoría de las firmas que tienen obligaciones por resolver con el Estado. (LOS ANDES ONLINE)