Montoya defendió ante la Corte Suprema de Justicia los embargos administrativos a deudores

El Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, Santiago Montoya, en su carácter de presidente del Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales, defendió ayer ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación los alcances de la ley provincial 13.529, que permite trabar embargos a morosos apenas iniciado el juicio de apremio.

La exposición de Montoya se produce en calidad de "amicus curiae" (amigo de la Corte) en el pleito "AFIP c/ Intercorp SRL. S/ Ejecución Fiscal", ya que la firma efectuó un planteo de "inconstitucionalidad" frente a la normativa que habilita al organismo nacional para embargar bienes y otros activos sin orden judicial previa.

El titular de Arba destacó la importancia de que las leyes acompañen la posibilidad de efectuar cobros extrajudiciales porque "otorga mayor dinamismo al sistema a la vez que descomprime la carga judicial". En ese sentido, detalló que en la Provincia "se registran anualmente 393.000 deudas susceptibles de recuperación vía judicial (que no pertenecen a hogares de bajos recursos)" y advirtió que "la dinámica de cobro judicial implicaría en la práctica el colapso del sistema judicial provincial. Ello se advirtió en el año 2005, cuando se iniciaron aproximadamente 100.000 causas".

Montoya aseguró que la ejecución de medidas cautelares "aporta resultados directos e indirectos en la recaudación tributaria, ya que el propio contribuyente, desechando cuestionamientos de ilegitimidad, ha procedido a convalidar el sistema, allanándose al pago de las obligaciones en ejecución".

Cabe destacar que en la audiencia estuvieron presentes el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Luis Lorenzetti, la vicepresidente, Elena Inés Highton de Nolasco, y los ministros Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Eugenio Raúl Zaffaroni y Carmen María Argibay.