Ocho de cada diez consumidores no saben cuáles son sus derechos

Ocho de cada diez consumidores no saben que en lugar de aguantarse la bronca tienen leyes que los defienden. No saben que esos derechos son parte de una norma que ya tiene 15 años. Tampoco saben que hace dos meses el Congreso aprobó una veintena de artículos de esa ley para resolver conflictos más actuales entre usuarios y empresas.

Después de más de tres años de discusión, los legisladores acordaron modificaciones que brindan más herramientas para enfrentar abusos. Algunos de esos cambios son: la extensión de tres a seis meses el plazo de las garantías de electrodomésticos o ropa; el derecho a pedir la baja de un servicio que se contrató por teléfono o por Internet mediante el mismo medio; y la posibilidad de reclamar una multa por daño (antes iba a as arcas del Estado) de hasta unos 5.000 pesos en caso de un artículo defectuoso o un servicio que no cumplió con lo prometido.

Pero a pesar de estos avances, una encuesta realizada por D’Alessio Irol para Clarín indica que el 79% de los consumidores no tiene conocimiento de los derechos que les otorga la Ley de Defensa del Consumidor, 24.240, y de sus modificaciones, la 26.631. El trabajo se hizo los días 4,5 y 6 de junio sobre un universo de 487 personas de todo el país, a través de encuestas telefónicas y online.

Los expertos consultados por Clarín coinciden en que la gente no conoce estas herramientas porque falta mayor difusión por parte del Estado. "La ley es buena pero falla la implementación", asegura Pablo Chamatrópulos, del Centro de Orientación, Defensa y Educación del Consumidor (CODEC).

"Son pocos los consumidores que acceden a la ley —agrega— comparados con la cantidad de abusos que existen a diario en el mercado. Peor es el diagnóstico en cuanto al rol del Estado: salvo algunas excepciones, a duras penas los organismos oficiales se dedican a conciliar los casos que reciben".

Con la reforma también se aumentó diez veces el tope máximo de multas que el Estado puede aplicar a las empresas que cometen infracciones: ahora es de $ 5.000.000, antes era de $ 500 mil. Pero para Chamatrópulos "en más de 10 años de aplicación de la ley la autoridad nacional no aplicó ni siquiera la mitad del máximo. Apenas registramos dos antecedentes de multas de $ 500 mil".

Daniela Hacker, autora del blog noticiasdeconsumo.com, destaca que con esta modificación, los consumidores tienen la opción de reclamar por servicios públicos en los organismos de Defensa del Consumidor. "Esto es fundamental, debido a que los entes reguladores (por ejemplo la CNC, la Comisión Nacional de Comunicaciones), resultaron ineficaces para dar pronta respuesta a los usuarios".

Horacio Bersten, coordinador jurídico de la Unión de Usuarios y Consumidores, explica que para proteger a los consumidores "el Estado debe brindar información masiva y realizar un control real y efectivo: la información no se ofrece y el control brilla por su ausencia. Es obvio que en estas condiciones no hay protección adecuada".

La diputada Patricia Vaca Narvaja, ex subsecretaria de Defensa del Consumidor y una de las principales promotoras de la reforma, afirma: "La Nación, las provincias, los municipios y también las asociaciones de consumidores son los responsables de la aplicación de esta ley, que es una herramienta espectacular para la gente".

Pero lo cierto es que la Subsecretaría de Defensa del Consumidor estuvo casi un año sin titular. Hace unos días asumió María Lucila "Pimpi" Colombo, quien deja la presidencia del Consejo Nacional de la Mujer. "Esperamos que asuma su cargo cabalmente y proceda a controlar. Mientras tanto el único control real de las empresas que cometen excesos es el que realizan las asociaciones de consumidores", concluyó Bersten. (CLARÍN)