Podría volver la doble indemnización
En los últimos días, el Ministerio de Trabajo debió intervenir en las relaciones entre empresarios y trabajadores, a través del régimen siempre vigente de Procedimientos Preventivos de Crisis, para evitar o atenuar los efectos de la retracción de la actividad sobre el empleo, los costos empresarios y las finanzas públicas.
Los casos más comunes están vinculados con la rama automotriz, tanto terminal como sus partes, y la siderometalúrgica, más diversos casos menores, considerados individualmente, como las Pyme, tanto industriales como más aún las agropecuarias.
Si bien el régimen de la doble indemnización por despidos que rigió desde 2002 a 2007 es un resorte de política económica, como pueden ser los subsidios a las empresas para eximirse del pago de las cargas patronales, o a los trabajadores para compensar parte de la baja del salario por el recorte de la jornada laboral, a la luz de la experiencia de su vigencia en esos seis años Infobae.com consultó a destacados asesores laborales sobre la conveniencia o no de su retorno en la actual coyuntura.
A priori, los especialistas Vicente Garófalo y Ernesto Kritz observan que ese régimen no impidió durante la depresión de 2002 que se destruyeran centenares de miles de puestos de trabajo que llevaron la tasa de desempleo a más de 23%, ni que en los años siguientes, a partir de la reactivación, se crearan también centenares de miles de empleos. Pero sin duda, no se considera un instrumento apropiado, en particular para las Pyme.
Diversas alternativas de política económica
"Hoy el Estado utiliza diversos instrumentos, que lo soporta a través del subsidio al desempleado de $400, otra es compartir con la empresa el pago de parte de la remuneración, para aquellas que enfrentan restricciones de demanda y se comprometen a no reducir personal hasta que regularice su situación, o también a través del renunciamiento al cobro de las cargas sociales por parte del fisco, en el marco de los acuerdos preventivos de crisis", recordó el abogado Vicente Garófalo.
Además, agregó el experto, "una política alternativa, para desalentar los despidos sería, como ha anunciado el gobierno del presidente Lula, conceder créditos blandos a través del banco de desarrollo para aliviar los costos de las empresas que se comprometen a no disminuir la nómina de personal".
¿La duplicación de la indemnización por despido evitó la destrucción de puestos y desalentó las nuevas contrataciones? "La vigencia desde 2002 hasta principios de 2007 no impidió que las empresas achicaran la nómina durante la crisis, aunque favoreció a los empleados que perdieron sus trabajos a negociar mejor el retiro. De ahí que esa experiencia no estuvo mal, en función de los objetivos de política económica", dijo Garófalo.
En cambio, Ernesto Kritz, de SEL Consultores, sostuvo que "no hay evidencia empírica de que la implementación del régimen de doble indemnización por despidos fuera eficaz para frenar la destrucción de puestos de trabajo y que en la bonanza limitara la creación de empleos. De ahí que ahora tampoco cabe esperar de que si se restablece se pueda evitar el aumento de la desocupación, mientras que generaría mayores provisiones de despido por parte de las empresas, aunque no tengan la plata para enfrentar esa situación".
¿Cuál sería la mejor alternativa para enfrentar la crisis? "Sería mejor acordar entre sindicatos y empleados suspensiones rotativas de personal con pleno pago del salario neto, para la cual la propuesta sería ampliar el fondo de empleo, para evitar la ruptura la relación laboral", propuso Kritz.
¿La vigencia de la doble indemnización elevó los costos de las empresas? "Sin duda, en especial para las pequeñas firmas que no se caracterizan por tener suficiente respaldo financiero. Además, aún en los tiempos de la reactivación las empresas debieron aumentar las provisiones por despidos, aunque en general se trataba más de un efecto contable que financiero, porque muchos esa plata no la tenían", dijo el director del SEL.
"Toda medida destinada a atenuar los efectos de la crisis tiene costos. El Estado deberá hacer un análisis fino sobre cuál es la más conveniente para cada rama de actividad o situación coyuntural", concluyó Garófalo. (INFOBAE)