Polémica en la provincia de Córdoba por la designación del Defensor del Pueblo
La designación del defensor del pueblo de la provincia de Córdoba enfrenta un aluvión de cuestionamientos, que finalmente, se descuenta, tendrán que ser dirimido el Superior Tribunal de Justicia. No se descarta que en esa instancia, el nombramiento sufra un revés.
Ocurre que el radical Mario Decara fue puesto en el cargo luego de un polémico trámite en la Legislatura, donde el oficialismo justicialista se entendió con una facción neomestrista de la UCR.
Como no conseguían los dos tercios de los integrantes del cuerpo, esta alianza aplicó hace un par de semanas la interpretación de que debían establecerse en relación a los legisladores presentes. Sobre 70 faltaron 4 y eso facilitó el número. Así, se sorteó la exigencia, en medio de denuncias de haberse incurrido en un procedimiento inconstitucional.
Ya ha habido planteos interpuestos ante la Justicia por varios partidos de la oposición -el Frente Nuevo de Luis Juez entre ellos- y de miembros del radicalismo. En principio, los jueces de primera instancia los han desestimado escudándose en diversas razones.
Ahora, para reforzarlos, se ha considerado que también es necesaria la impugnación oficial de la UCR. Y esto fue lo que resolvió anoche el Comité Provincia del partido. Además, desautorizó la actuación de los legisladores partidarios que se entendieron con el oficialismo justicialista, por lo cual está revoloteando una fractura del bloque radical de 12 miembros.
Orgánicamente el radicalismo no participó del arreglo entre el PJ y el sector de legisladores radicales que ignoró la investidura del presidente partidario, Mario Negri, y a los cuerpos de dirección de la agrupación política.
Lluvia de denuncias. Entretanto, Decara es blanco de una lluvia de denuncias por presuntas irregularidades en sus actividades privadas, ligadas a la hotelería y a otros negocios. El diputado nacional Oscar Aguad (UCR) lo ha instado a renunciar al cargo "por decoro".
Decara emitió un comunicado en el que niega "absolutamente la veracidad" de los cargos que se le formulan. Para refutarlos, argumentó que "han tenido origen en fuentes mal intencionadas o en relatos parcializados de la realidad".
El cuestionado defensor del pueblo llegó a esa función por su amistad con el ministro de Gobierno, Carlos Caserio, y su relación con el propio gobernador Juan Schiaretti.
Si las objeciones al procedimiento seguido para su designación en la Legislatura son acogidas por el Superior Tribunal de Justicia, el pronunciamiento se traduciría en un serio revés político para el gobernador (LA NACIÓN)