Queja formal del Gobierno argentino por la nueva Constitución malvinense
El Reino Unido volvió a desconocer olímpicamente los derechos argentinos sobre las islas Malvinas. Lo hizo al aprobar una nueva constitución para el archipiélago que promueve algunos mecanismos democráticos, aunque mantiene las atribuciones de Londres para proteger sus interés sobre ese territorio austral.
“Esta nueva acción unilateral británica constituye una flagrante violación del mandato que nos imponen las Naciones Unidas a los dos países en la disputa de soberanía sobre la Cuestión de las Islas Malvinas", afirmó, enérgico, el canciller Jorge Taiana.
"El Gobierno argentino ha presentado una protesta formal ante el Reino Unido y denunciará ante la comunidad internacional esta violación de la soberanía argentina y del derecho internacional", agregó, a través de un comunicado de prensa que difundió esta tarde la Cancillería.
Taiana señaló que lo único que persigue el Reino Unido "otorgando y aprobando lo que denomina reformas" es perpetuar una "anacrónica situación colonial". El canciller calificó al accionar británico como "una clara muestra del carácter colonial de la relación de la metrópoli con los súbditos de su colonia, por más que el Reino Unido se empeñe en evitar el uso de ese término usando sinónimos menos irritantes en pleno siglo XXI".
Desde el Palacio San Martín indicaron que Taiana denunció, hace dos años, este "accionar británico" ante el Comité de Descolonización de la ONU. "Todo intento encaminado a pretender otorgar ’constituciones’ o a fomentar nociones de ’autogobierno’ bajo tutela de la metrópoli a poblaciones coloniales de súbditos de la potencia ocupante, resultan irrelevantes en términos de descolonización y no hacen sino transgredir el mandato dispuesto por la ONU como expresión de la comunidad internacional en su conjunto", explicó.
El Foreign Office –la Cancillería británica- anunció que la nueva carta magna entrará en vigor el 1º de enero del próximo año. Reemplazará a la que rige desde 1985, tres años después de la guerra que disputaron Gran Bretaña y la Argentina por la soberanía del archipiélago.
La respuesta del gobierno argentino fue una convocatoria "con carácter de urgente" al Encargado de Negocios de la Embajada británica, "a quien se le hizo entrega de una enérgica nota de protesta". El caso registra, al menos, un antecedente: en 1985, el Gobierno argentino también transmitió su rechazo cuando el Reino Unido otorgó un documento similar a las ilegítimas autoridades coloniales británicas de las islas.
AUTODETERMINACION, BAJO EL OJO DE LONDRES.
En declaraciones a la agencia EFE, Michael Summers, legislador local y portavoz del gobierno malvinense, señaló que la nueva constitución limita “la discrecionalidad” que tenía antes el gobernador (en los hechos, representante de la Reina) sobre todo en política interior del archipiélago.
El texto que entrará en vigencia "fortalece la democracia local, al tiempo que mantiene suficientes poderes para que el gobierno británico proteja los intereses británicos y asegure la buena gobernabilidad global del territorio", indicó a través de un comunicado el Foreing Office.
"El mundo progresó desde que la anterior constitución de las islas Falkland (sic) entró en vigor, en 1985, y las Falklands se desarrollaron considerablemente, tanto económica como socialmente", señaló la viceministra de Relaciones Exteriores británica, Gillain Merron.
"Lo que no cambia es el derecho a la autodeterminación, fundamental para nuestra relación con todos nuestros Territorios de Ultramar", agregó Merron en un comunicado.
La lectura que hicieron los diplomáticos locales sobre la nueva constitución malvinense es bien distinta y entiende que la nueva constitución malvinense, desconce las resoluciones adoptadas desde 1965 por la Asamblea General y el Comité Especial de Descolonización de la ONU. Tales resoluciones reconocen que existe una disputa de soberanía y convocan a ambos países a reanudar las negociaciones sobre soberanía hasta alcanzar una solución "justa, pacífica y duradera de la controversia".
"Esta pretendida ’constitución’ adoptada por el Gobierno británico refiere al principio de libre determinación de los pueblos, que resulta totalmente ajeno, y en consecuencia inaplicable, a la disputa de soberanía", indicaron en un comunicado oficial. (CRÍTICA DIGITAL)