¿Quién controla la venta clandestina de automotores?

Uno de los problemas más acuciantes para el funcionamiento de las empresas está relacionado con las operaciones que se realizan en el llamado “mercado negro” que alteran el valor de los bienes y generan una competencia desleal

De esta forma, además de afectar los recursos estatales, producen grandes pérdidas a los empresarios que ajustan su cometido a las múltiples normas legales que regulan una actividad. Las normas legales son violadas, las cargas tributarias son eludidas, la corrupción de los entes fiscalizadores se agudiza, el comerciante honesto se ve afectado y el consumidor suele terminar estafado.

Al rubro automotor este problema no le es ajeno. La venta ilegal de los automotores es un flagelo que afecta de manera considerable a quienes realizan su actividad ajustándose a la legislación vigente.

Frente a quienes utilizan la vía pública o los parques como playa de exhibición de su mercadería (con un “tachito” como cartel de propaganda y donde los papeles y la documentación son casi inexistentes), están los comerciantes instalados que asumen el pago de alquileres, sueldos, honorarios, impuestos y tributos varios (entre ellos el de publicidad) y cargas sociales.

Además obtienen sus habilitaciones, regularizan los pagos de patentes e infracciones; peticionan libres deudas, realizan verificaciones y obligan a hacer transferencias ante el Registro de la Propiedad Automotor.

Debemos tener en cuenta que las operaciones que versan sobre los automotores tienen una trama complicada, con diligencias variadas y donde las equivocaciones u omisiones pueden ser gravosas, dado el alto valor de los bienes involucrados. Conviene detenerse en este aspecto: los automotores no son baratos y para llegar a su titularidad deben sortearse muchos trámites. Son operaciones que no pueden hacerse con improvisados o aventureros, y menos con marginales. Hay un capital importante en juego.

Las ventas en el circuito “negro” provocaron múltiples perjuicios a quienes se involucraron ante operaciones “llamativas” o de ocasión. Las operaciones en la vía pública a través de los “tachitos”, las intentadas a través de teléfonos celulares o en bares, residencias lujosas y similares, han concluido en graves estafas. Allí abundan los automotores mellizos, trillizos, las verificaciones falsificadas, la documentación adulterada y libres deudas inexistentes.

Aún cuando existan operaciones que no presentan dificultades al momento de concretarse, siempre queda en el automotor un resabio que perdura. Por ejemplo: reclamos de patentes y multas anteriores , documentación complementaria, defectos de funcionamiento, etc. Allí, sólo la existencia del comerciante instalado con domicilio fijo y habilitado puede garantizarle una atención para la búsqueda de una solución al problema que se presenta. En las demás operaciones no hay persona a quien consultar, reclamar o responsabilizar. (INFOBAE)