Relanzan proyecto de ley para penalizar el trabajo infantil

Penas de dos a cuatro años de cárcel a los empleen a menores de 16 años.

Como consecuencia de los recientes casos de explotación de mano de obra en condiciones de esclavitud, donde se constató la presencia de menores, desde la Confederación General del Trabajo (CGT) y el oficialismo priorizarán en el reinicio de las sesiones la sanción de un proyecto de ley para penalizar el trabajo infantil. La iniciativa, que fue girada a la comisión de Legislación Penal de la Cámara Baja el año pasado, pertenece al diputado oficialista y referente legal de la CGT, Héctor Recalde.

En concreto, el proyecto de Recalde incorpora a los “Delitos contra la Libertad” del Código Penal a aquellos cometidos contra la integridad de los menores, para lo cual establece que serán reprimidos con penas de dos a cuatro años el que utilizare a un menor de 16 años, para trabajar en provecho propio o de un tercero. El texto del proyecto puntualiza que cuando se tratare de una persona jurídica, todo director, síndico, administrador, miembro de la comisión fiscalizadora o gerente de la sociedad, “que consintiere de cualquier modo que el menor trabajare en provecho de aquella, será reprimido con la misma pena”.

En los fundamentos del proyecto se indica que con la figura penal que se pretende introducir se tiende a prevenir y sancionar el “acuciante problema del trabajo infantil que repercute tan negativamente en lo económico y social, y en el ámbito de los Derechos Humanos, atentando contra el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de niños y adolescentes”.

La propuesta enumera el extenso marco normativo que en la actualidad prohíbe la utilización laboral de menores. Sin embargo, aclara que “se hacen necesarios no sólo medios de vigilancia, contralor o inspección sino medidas que hagan totalmente eficaz su cumplimiento”, tales como la figura penal que se pretende introducir.

“Hay un principio jurídico que sostiene que no hay obligación sin sanción y la realidad normativa indica que para algunos empresarios inescrupulosos por la dialéctica costo-beneficio no son suficientes las sanciones”, afirmó Recalde, quien aseguró que la cuestión formará parte de la agenda prioritaria del oficialismo.

“La realidad en torno a la explotación del trabajo infantil, además de violar Derechos Humanos esenciales, resulta agobiante e insoportable para quienes tienen aunque sea un mínimo de sensibilidad social”, explicó.

(Tiempo Argentino)