HABÍA DICHO QUE LA EVASIÓN DEL CAMPO RONDA LA CUARTA PARTE DE LA COSECHA

Ruralistas afirman que Montoya dice "disparates"

"Decir que las dos terceras partes de la producción no se declaran es un completo disparate." Esta fue la definición unánime de las entidades rurales respecto de las declaraciones de Santiago Montoya, director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), que había afirmado que dos tercios de la cosecha se vendían en negro y que la evasión entre los productores bonaerenses alcanzaba los 1000 millones de pesos.

"Es absolutamente inexacto. No se corresponde con la realidad. Nosotros pedimos una audiencia con él para aclarar estos dichos, que no le hacen bien al sector ni a él como representante del gobierno", opinó Pedro Apaolaza, presidente de la combativa Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap). "Lo que más nos sorprendió es que tuvimos una reunión con él y con el gobernador Daniel Scioli la semana pasada y no nos mencionó esto", agregó Apaolaza.

Daniel Asseff, economista de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), tuvo expresiones similares. "No tiene ninguna lógica, el porcentaje de evasión que da es desacertado. Si fuera tan alta, ni Abad (Alberto, titular de la AFIP) ni nadie en el Gobierno dormiría tranquilo. Y lo que dijo es aún más desacertado para nuestro caso, que al ser una cooperativa debemos operar en blanco sí o sí", explicó.

"La realidad es que, a la hora de mirar fenómenos como éste, se corta el eslabón más débil, que es el productor. Habría que ver si la supuesta evasión no está en otros eslabones, como los comercializadores", opinó Asseff.

Mario Llambías, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), consideró que el control de la evasión era una buena medida en sí, pero que no se podía culpar a todo el sector de operar en negro.

"No se puede generalizar y decir que medio sector agropecuario evade", dijo Llambías. "Pero, por lo que leí después sobre el funcionario, que quiere acercarse a Néstor Kirchner y al PJ, me pregunto si no son palabras para congraciarse con alguien", dijo Llambías.

"No comparto para nada las estimaciones sobre la evasión en el campo, que no coinciden en absoluto con la realidad del sector", dijo Luciano Miguens, presidente de la Sociedad Rural Argentina.

Las declaraciones de Montoya cayeron, en boca de Apaolaza, "como un balde de agua fría" en un sector que ya se considera fuertemente presionado en materia de tributos por el pago de las retenciones a las exportaciones.

"Hay muchos impuestos distorsivos que caen sobre el campo. Hay cultivos en los que la presión llega al 50 o al 60%, entre derechos de exportaciones, Ganancias, IVA, Bienes Personales, Ingresos Brutos, Inmobiliario e impuestos municipales", enumeró Asseff.

También hubo quejas hacia las expresiones de Montoya relativas al fuerte control que se ejercerá sobre puntos específicos de la cadena, como los molinos o el maíz. "Montoya está en todo su derecho de pensar que hay evasión, pero creo que la industria molinera va hacia la formalidad absoluta", estimó Alberto España, presidente de la Federación Argentina de Industrias Molineras (Faima). "Y esa formalidad ha sido motorizada en gran parte por dos medidas de este Gobierno: la rebaja del IVA del 21 al 10,5% y la aplicación de las compensaciones", agregó.

"Montoya también dijo que en lo que es engorde con maíz hay mucho negro", explicó Llambías. "Si allí habla de los casos en que se vende maíz a terceros, está correcto tributar, pero cuando uno produce maíz para alimentar al propio ganado, no tendría por qué pagar por eso", opinó el presidente de CRA.

Ajeno a la polémica, ayer, en el lanzamiento de la ARBA, el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, elogió a Montoya, destacando "su vocación de servicio, el profesionalismo, la pasión y el compromiso permanente por buscar una recaudación más justa y más igualitaria".

Mientras Montoya afirma que las dos terceras partes de la producción agrícola bonaerense no se declaran, en el campo calculan que los actuales niveles de evasión rondarían entre el 20 y el 25 por ciento. (LA NACIÓN)