Scioli, preocupado por la situación fiscal de la provincia
El gobierno bonaerense buscará paliar la crisis estructural que soportan las finanzas de buena parte de los municipios de la provincia de Buenos Aires y atender a sus recurrentes pedidos de ayuda económica con una iniciativa legislativa que elevará en un 10% -unos 500 millones de pesos al año- los fondos distribuidos por la provincia a las comunas.
Con ese objetivo, en las próximas horas el gobernador Daniel Scioli enviará a la Legislatura provincial un proyecto de reforma del Código Fiscal, que implica una simplificación de alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos y la extensión del universo de contribuyentes industriales y comerciales gravado por ese tributo.
En el gobierno provincial estiman que la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) podría cosechar alrededor de $ 2200 millones al año, de los cuales el 27%, cerca de 600 millones, serán girados a las intendencias, a las que se les pedirá, a cambio, que resignen el cobro de las tasas de abasto y publicidad interior, que representan unos $ 112 millones.
Así, en la suma y resta, las comunas que acepten -deberán adherir por la vía de un convenio- podrán contar con 500 millones extras, que, repartidos según los criterios actuales de distribución, constituirán una suba de 1,5 puntos de lo coparticipado por la provincia para cada distrito.
"Esto llevaría en promedio el coeficiente de coparticipación del 16 al 17,5 por ciento, lo que representa un 10 por ciento más de ingresos para las comunas", confirmaron fuentes del Ministerio de Economía provincial. La decisión deriva de un reconocimiento oficial respecto de una profundización de las dificultades que atraviesan las comunas a raíz de inconvenientes coyunturales derivados de la crisis del campo y de la amenazante persistencia de la inflación, que golpea especialmente los distritos del conurbano.
Si Scioli logra que los legisladores aprueben rápidamente su propuesta -demorada durante dos meses por el conflicto desatado por el aumento de las retenciones a las exportaciones agrícolas-, las comunas podrían recibir, en lo que queda del año, un alivio de 250 millones.
Industrias y comercios
La reforma del Código Fiscal bonaerense apunta a gravar con el impuesto sobre los ingresos brutos unas 1300 industrias y 1500 empresas comerciales de mayor facturación y que hasta ahora estaban exentas.
Según explicaron fuentes del Ministerio de Economía provincial, la iniciativa busca simplificar la complejidad que implican las 17 alícuotas que posee el tributo y reducirlas a 6, que oscilarán entre el 1 y el 6 por ciento. El proyecto oficial sufrió diversos cambios en estos meses, en los que el gobierno de Daniel Scioli lo puso a consideración de los sectores afectados. En un principio, la idea era generalizar el impuesto a la industria y el comercio Sin embargo, ahora se planteó una notable limitación de los afectados por la medida.
Los 1500 grandes comercios que serán alcanzados representan el 0,7% de los 250.000 emprendimientos comerciales que funcionan en la provincia. Y son aquellos que facturan más de $ 30 millones al año.
Según el proyecto, se gravará con un 4% a las empresas dedicadas a la comercialización y se cargará con un 6% a las que trabajan en la intermediación. En cuanto a las industrias, se aplicará el impuesto a aquellas que facturan más de $ 60 millones anuales, que deberán pagar un 1% de lo facturado. Estas últimas representan el 2,2% de las 50.000 industrias de la provincia.
Las que sí sufrirán un impacto generalizado son las cerca de 50.000 empresas que venden sus productos en la provincia, pero que los fabrican en otras provincias. Para ellas se prevé aumentar del 1,5 al 3% la alícuota. De esta forma se iguala el porcentaje que hoy pagan las fábricas bonaerenses que venden sus productos en la Capital Federal. La iniciativa mantiene la exención para aquellos emprendimientos de carácter social, como las cooperativas.
El impuesto sobre los ingresos brutos representa casi el 70% de los ingresos tributarios propios que percibe la provincia (unos $ 10.606 millones, según el presupuesto de este año). El proyecto contempla otro aspecto controvertido: cambios en las valuaciones del impuesto inmobiliario urbano, que serán aplicables en 2009. (LANACION.com)