TUCUMÁN | ECONOMÍA
Un mercado laboral demasiado rígido
La decisión del Estado provincial de acudir a una nueva legislación para combatir el trabajo en negro fue en general bien recibida por la población, aunque con alguna reticencia por parte del sector empresario.
Las quejas no apuntan contra la medida política, sino contra el incremento de la rigidez que se produjo en el mercado laboral tucumano. Los planteos señalan que el costo laboral en la Argentina es demasiado elevado si se lo compara con otros países.
El sector empresario solicita que el Estado elabore un mecanismo que permita el blanqueo de los trabajadores en negro, pero con medidas añadidas que posibiliten la subsistencia de los empleadores. Expertos estiman que la mayor rigidez en el mercado laboral podría incidir en una menor demanda de personal.
“Los empresarios van a tener más reserva de tomar empleados”, opinó el tributarista Carlos Yaztkaier. El abogado laboralista Víctor Marcos, de Uatre, señaló que los controles en sí mismos no modifican o contribuyen a la solución del problema de fondo, si no están acompañados de una política pública y fiscal que alivie la carga tributaria de los empleadores.
El costo laboral es demasiado alto en Tucumán
La carga que deben soportar los empleadores para blanquear a los trabajadores puede tornarse excesivamente onerosa cuando se piensa en pequeñas y medianas empresas (PyME), cuyos ingresos a veces no bastan para hacer frente a este desafío, según referentes de este sector.
Por iniciativa del gobernador José Alperovich, a fines del mes pasado la Legislatura introdujo el viernes una serie de modificaciones en el Código Tributario, para permitir que las empresas que empleen trabajadores no registrados sean multadas con hasta $ 20.000, además de afrontar una clausura de hasta 10 días. Esta disposición plantea un condicionante que en muchos casos obliga a replantear las estrategias empresarias.
Los propietarios de una lavandería de nuestra capital calcularon que para blanquear a tres empleados necesitarían contar al menos con $ 5.000 mensuales, suma a la que no llegan con los ingresos de la empresa, los cuales a su vez se ven disminuídos, en parte, por la competencia de lavaderos ilegales.
“Como dueño de un lavadero debo pagar los impuestos correspondientes: a los ingresos brutos y a la salud pública. Si a esto se le suma el pago a las ART y los aportes de la seguridad social de cada empleado, no me alcanza para subsistir. Deberé cerrar porque me resulta imposible”, contó el comerciante.
“Estoy de acuerdo con la regularización laboral de los trabajadores, porque tengo mi propia familia y sé lo que es necesitar la obra social y tener los aportes. Pero es necesario que se considere y se regule la situación de los diferentes tipos de comercio. No es lo mismo el volumen, capital e ingresos con el que cuenta una gran empresa, o una fábrica, que la situación financiera de este lavadero, y recibimos el mismo trato en cuanto a este asunto”, manifestó.
Asimismo, expresó la necesidad de que el Gobierno elabore una solución que le permita blanquear a sus empleados y subsistir en el mercado. “De lo contrario, será la desaparición de las PyME. Los empleadores queremos seguir trabajando y estar dentro de la ley en cuanto a lo laboral, pero no podemos lograr un imposible. Queremos que una respuesta equilibrada del Estado, para que el negocio pueda subsistir tanto para el empleado como para el empleador”, afirmó el empresario.
Alternativas
El tributarista Carlos Yaztkaier opinó que a la lucha contra el trabajo en negro habría que enfocarla desde otro punto de vista. “Si el costo laboral es excesivo o no, es la causa del trabajo en negro. El costo global de tener un empleado en Argentina es muy alto”, remarcó.
El experto recalcó que el costo laboral para el empleador es excesivo. “En este momento, el costo de las ART es muy alto: llevaron las cuotas del 5% al 10% mensual en el riesgo de trabajo. En un año, sobre una nómina salarial, alcanza para pagar cualquier indemnización y encima les sobraría dinero”, apuntó.
La rigidez de los controles del trabajo en negro podría tener consecuencias en la baja sostenida del desempleo que se viene observando en los últimos años en la provincia. “Los empresarios van a tener más reserva de tomar empleados, sobre todo en el período de pruebas, porque no se sabe a quién están contratando. Si el empleado le miente a Rentas que hace dos años que está trabajando, eso, en alguna medida puede generar reticencia de tomar nuevos empleados y, ante la posibilidad de que se produzcan problemas, se va a tener más cuidado a la hora de tomar un trabajador”, opinó Yaztkaier.
¿Se conoce la experiencia de otros distritos o naciones en el combate del trabajo en negro?, le consultó LA GACETA a Yaztkaier. “En Estados Unidos, por ejemplo, los costos laborales son menores que en la Argentina, pero fundamentalmente no hay costo de salida para el empleador. Allí, el costo se canaliza a través del fondo de desempleo, que es uno de los principales gastos que debe afrontar el empleador. En cambio, en nuestro país, la legislación es demasiado estricta en contra de la patronal”, finalizó el especialista.
Lo que marca la ley
La Ley 7.999 dispone que las empresas que tengan trabajadores no registrados sean multadas con hasta $ 20.000, además de afrontar una clausura de hasta 10 días.
Además, las empresas podrán ser inhabilitadas por un año para acceder a licitaciones, y quedarán fuera de la nómina de firmas que actúan como proveedoras del Estado; no obstante, si registran al trabajador y lo mantienen durante 16 meses continuos podrán ser eximidas de las sanciones.
La otra novedad es que los particulares que cuenten con empleadas domésticas no registradas, sin cobertura social ni previsional, recibirán multas de $ 3.000. (LA GACETA ONLINE)