Acuerdo de precios: analizan cuáles son las condiciones para que sea posible
El nuevo Gobierno impulsará un acuerdo de precios y salarios, pero esto no traerá los resultados deseados si no se inscribe en el marco de una política monetaria, fiscal y cambiaria alineada.
Así lo indica el último informe del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano, el cual señala cuáles son los condicionantes que el próximo gobierno va a encontrar y los posibles cursos de acción que tiene para adoptar.
El escenario de partida para la gestión de Alberto Fernández será muy complejo: la administración de Mauricio Macri dejará a la Argentina con una de las inflaciones más altas en el mundo, en el orden del 60% anual.
El presidente electo anunció la puesta en marcha de un acuerdo de precios y salarios, que apuntaría a romper con la inercia inflacionaria, al estipular pautas de aumentos de precios y salarios para un período futuro, divorciadas de la inflación pasada, explicó Víctor Beker, director del CENE.
"Pero dicho acuerdo debería ir acompañado de una política monetaria, fiscal y cambiaria alineada con las pautas acordadas. De nada valdría estipular, por ejemplo, aumentos anuales del 10% en precios y del 12% en salarios, si el tipo de cambio crece un 20%, las tarifas suben un 30% y la oferta monetaria se incrementa en un 40%", continúa.
Por otro lado, el PBI per cápita habría caído en un 7% entre 2015 y 2019, configurando lo que se conoce como estanflación.
La recuperación de la economía requiere una baja drástica de las tasas de interés a niveles compatibles con las pautas acordadas para precios y salarios.
Ello requerirá el desarme de las Leliq, pero evitando generar un exceso de oferta monetaria que ponga en riesgo las pautas inflacionarias acordadas, dijo el economista.
Inflación más recesión dieron como resultado un fuerte incremento en los niveles de pobreza, que pasaron a afectar al 35,4% de la población en el primer semestre de 2019 y se espera un nuevo incremento para el segundo semestre de este año.
La reducción de la pobreza dependerá en buena medida del éxito que se logre en abatir la estanflación, estabilizando los precios y generando aumentos en la producción y el empleo, según el estudio.
La desocupación trepó al 10,6% a comienzos de 2019, pero su incremento relativamente bajo se debió a la licuación de los salarios reales, por efecto de la inflación, que determinó que cayera el peso relativo de los costos laborales y amortiguó el traslado de los efectos de la recesión sobre el nivel de empleo.
Esto se refleja en el aumento registrado en el porcentaje de subocupados involuntarios, que alcanzó el 9,2% en el segundo trimestre de 2019.
"Ahora, el incremento del empleo dependerá de la reactivación económica", añade Beker.
En el segundo trimestre de 2019, el total de la deuda de la Administración Central totalizaba 337.267 millones, reflejando la estrategia de endeudamiento, en gran medida en dólares, elegida por la actual administración para financiar el déficit.
"Las sucesivas devaluaciones hicieron que el peso del pago de intereses gravite cada vez más en el presupuesto, demandando en lo que va de 2019 un 17% del total de los ingresos fiscales", indicó el CENE.
Según el análisis, el próximo gobierno deberá encarar la tarea de renegociar la deuda con los acreedores, de modo que sus pagos sean sostenibles, por lo que la reestructuración de la deuda debe posibilitar que los pagos anuales sean compatibles con el superávit primario y con el superávit de cuenta corriente.
Fuente: Ámbito.com