Analizan anular el impuesto adicional bonaerense

La Suprema Corte bonaerense analizará hoy un planteo sobre la inconstitucionalidad del denominado Impuesto a la Riqueza, que grava a los contribuyentes provinciales que superen los $ 500.000 de patrimonio.

Los ministros deberán resolver, como etapa preliminar, si alguno de los integrantes del cuerpo se excusa de actuar por estar alcanzado por el impuesto. En ese caso, las vacantes deberán ser cubiertas por conjueces. La Corte nacional adoptó un mecanismo similar cuando evaluó un recurso por el Impuesto a las Ganancias.

Desde abril rige en la Provincia la aplicación de un adicional a los impuestos Inmobiliario Urbano y del Automotor para aquellas personas que excedan el monto establecido en la Ley 13.648. Casi 120 mil propietarios quedaron comprendidos en la legislación. De ellos, 50 mil presentaron la declaración jurada exigida por la normativa y pagaron la primera cuota, que venció el 28 de se tiembre.

Hasta anoche, la Subsecretaría de Ingresos Públicos bonaerense no tenía resuelto el comportamiento que adoptaría con esos 50 mil contribuyentes si la Suprema Corte determina una medida cautelar.

La Corte no informó quién hizo la denuncia que origina hoy el debate sobre el impuesto. Un fallo adverso provocaría efecto suspensivo de la medida e impediría continuar con el cobro del adicional hasta que la Justicia establezca un criterio definitivo.

La cuestión de fondo requiere verificar la existencia de agravio a la Constitución con un gravamen de tal naturaleza.

La ley, sancionada por el Parlamento provincial en febrero de este año, establece una alícuota de 0,25% cuando el total de propiedades tenga un valor de entre 500 mil y 700 mil pesos. El monto se calcula sobre el patrimonio y se paga como adicional del Inmobiliario o del Automotor. La alícuota asciende a 0,50 por ciento en patrimonios de hasta 1,2 millón, y a 0,75% cuando supere esa cifra.

Con el impuesto, la Provincia espera recaudar $ 300 millones. Representaría un parche al déficit proyectado de 1.600 millones cuando termine el ejercicio 2007. El subsecretario Santiago Montoya ya dirimió alguna de sus iniciativas en la Justicia y tuvo que retroceder en medidas como el secuestro de autos con patentes impagas y la disposición para embargar cuentas bancarias de morosos. (CLARÍN)