Aprobaron la Ley que permite renovar todos los años a los administradores de consorcios porteños

Los administradores de consorcios de la Ciudad de Buenos Aires deberán revalidar sus mandato todos los años en las asambleas de propietarios, tal como anticipó Clarín. Así lo establece una ley aprobada anoche por la Legislatura, que fija un límite significativo en el poder de los administradores, ya que hoy pueden seguir en sus cargos, a menos que la asamblea de propietarios, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros, decida echarlos. Así, la nueva norma invierte la ecuación y obliga a los administradores a renovar en forma permanente el consenso de sus gestiones de los gastos y los ingresos de los edificios. La aprobación se concretó por unanimidad de los 40 diputados (sobre 60) que estaban anoche presentes en el recinto.

El proyecto fue impulsado por los diputados Sergio Abrevaya (Coalición Cívica) y Marcelo Meis (lopezmurphysta), quienes de todas maneras no pudieron imponer un artículo que prohibía a los administradores seguir participando en la negociación paritaria por los sueldos de los encargados, a menos que tuvieran autorización expresa de su consorcio. Las últimas subas salariales conseguidas por los encargados fueron cuestionadas por asociaciones de consorcistas, que reclaman participar en la paritaria con el argumento de que son ellos quienes pagan los sueldos. Sin embargo, los bloques del PRO y del PJ rechazaron modificar la paritaria. La oposición más fuerte la presentaron los diputados vinculados al sindicato de encargados, el SUTERH.

De todas formas, ese artículo había sido cuestionado porque la paritaria está regulada por la ley de Propiedad Horizontal, sancionada por el Congreso de 1948, y muchos diputados sostuvieron que la Legislatura no puede intervenir en el tema. Quienes sostienen que la Ciudad sí puede legislar sobre este tema argumentan que Buenos Aires adquirió su autonomía más tarde (en 1994) y dan el ejemplo de provincias como Santa Fe y San Luis, que cuentan con leyes de Propiedad Horizontal propias.

"La ley se trabajó durante un año y medio y obtuvo un amplio consenso. Así damos respuesta al reclamo de muchos consorcistas, que se acercaron para buscar una solución al problema de las malas administraciones", dijo Abrevaya. "Es importante porque fija un importante control del Estado sobre la actividad", afirmó Meis.

La norma sancionada anoche modifica la ley 941, votada en 2002, que creó el Registro Público de Administradores de Consorcios. Ayer se fijó un régimen de infracciones y sanciones. Entre las infracciones prevista está la contratación de servicios o la compra de bienes sin una descripción detallada de precios de los materiales y de la mano de obra y sin seguros de riesgos del trabajo. En cuanto a las sanciones, pueden ir entre uno y cien salarios de encargados de la menor categoría. (Clarín)