Arbitraje porteño: rápida solución de conflictos

En el marco de una tendencia mundial de buscar soluciones previas a la judicialización, la Defensoría del Pueblo porteña cuenta con un sistema de arbitraje tendiente a resolver causas "chicas".

A este sistema acudió Ricardo Otheguy -un jubilado de 74 años que tenía un conflicto con una mutual que le descontaba erróneamente una parte de su jubilación-. En menos de un mes el tema se arregló.

Este sería el primer caso resulto por este método inaugurado en octubre y en el que se están gestionando otros 16 expedientes. "El sistema está probando su efectividad, garantizando celeridad, gratuidad y administración de justicia", afirmó la defensora del Pueblo, Alicia Pierini.

El sistema supone un acceso más democrático y económico a la Justicia, porque en un arbitraje no es obligatorio ser representado por un abogado.

Ahora, ¿cómo es el arbitraje? Se trata de una especie de "juicio abreviado" si no hubo acuerdo en la mediación. Cuando un vecino tiene un conflicto con otro, o con alguna institución o empresa, puede pedir en la Defensoría que lleve el caso a arbitraje. Claro que la otra parte también debe aceptarla, porque los arbitrajes son voluntarios.

A diferencia de los mediadores comunes, que buscan un acuerdo directo entre las partes sin tomar partido, en el nuevo sistema hay un árbitro que tiene facultad para pedir pruebas y pericias a universidades e instituciones públicas. Y, lo más importante, su "laudo", su decisión final, tiene fuerza de fallo judicial y debe ser cumplido obligatoriamente.

Los árbitros son 46 abogados, nombrados por concurso el año pasado. Si el caso a arbitrar involucra montos de hasta $ 1.000, actúa uno solo. En cambio, si es por más dinero se forma un tribunal de tres árbitros.

Pueden ir a arbitraje todos los casos que suelen terminar en juzgados civiles y comerciales: problemas de consorcios, conflictos con empresas o prestatarias de servicios públicos, incumplimientos de contratos, indemnizaciones por accidentes de tránsito, alquileres impagos y otros.

Los que quedan afuera son los conflictos familiares (divorcios, sucesiones, casos que involucran a menores), los laborales, los penales o contra el Estado.

Según estadísticas de la Defensoría, el 42,6% de los conflictos entre vecinos son por filtraciones en medianeras; el 19,2%, problemas de convivencia; el 11,2% son denuncias contra administradores de consorcios y el 10,1%, por ruidos molestos. (Clarín)