Aumentaran la tarifa de gas a hogares e industrias para construir un ducto de u$s 1500 millones
El Gobierno tiene previsto aplicar aumentos en la tarifa de gas el año próximo para financiar la construcción del Gasoducto del Nordeste Argentino, una megaobra valuada en u$s 1.500 millones para transportar gas desde Bolivia, que el kirchnerismo intenta concretar desde la llegada al poder, en 2003.
Así lo establece el proyecto de presupuesto enviado la semana pasada al Congreso por el Ejecutivo. En su artículo 73, la iniciativa dispone la creación del “Fondo Fiduciario Gasoducto Noreste Argentina (GNEA) cuyo objeto será financiar, avalar, pagar y/o repagar las inversiones, los tributos y los gastos conexos necesarios para la realización del proyecto” que lleva el mismo nombre. Esa herramienta financiera se integrará, de acuerdo con el proyecto oficial, con un “cargo a pagar por los usuarios de los servicios regulados” de transporte y distribución, que abarca a hogares, pequeñas industrias y comercios, y por los consumidores que reciben directamente el gas de los productores (una modalidad muy utilizada por los mayores complejos productivos del país).
También deberán pagar el adicional las empresas que “procesen gas natural”, entre las que se encuentran las fabricantes del insumo con el que se llenan tubos y garrafas.
El proyecto de Presupuesto no establece los montos a pagar por cada uno de los consumidores, algo que se conocerá al momento de la reglamentación de la norma, si es que resulta aprobada.
Larga data
En noviembre de 2003, el titular del grupo Techint, Paolo Rocca, le presentó formalmente y en persona el primer proyecto del GNEA al ex presidente Néstor Kirchner. Sucede que la idea y el diseño habían surgido de sus ingenieros. Pero la oposición sostuvo que había prerrogativas para el gigante siderúrgico, que dio un paso al costado.
En Planificación contaban con tenerlo listo para 2006, algo que no ocurrió. Y luego sobrevino la crisis energética de 2007 y los cortes de gas que duraron hasta el pasado invierno.
Enarsa es la responsable de la construcción, mantenimiento, operación y prestación del servicio de transporte por ese caño. Ya inició algunas licitaciones del proyecto.
El mes pasado, la presidenta Cristina Fernández aprobó la ampliación de la traza provisoria del gasoducto para que abastezca a Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y Santa Fe. Y estableció que el Ministerio de Economía, a cargo de Amado Boudou, debía garantizar el financiamiento.
Planificación firmó este año varios acuerdos con Bolivia para aumentar la importación de gas desde un mínimo de 5 millones de metros cúbicos (m3) diarios hasta 13 millones de m3 en 2013 y a 27 millones de m3 en 2017, para lo cual es imprescindible el GNEA. El último número equivale, por caso, a cerca de un 15% del consumo actual de la Argentina. Hasta hace dos años, la creación de cargos específicos fue una de las herramientas predilectas del kirchnerismo para financiar obras de infraestructura de gas en un contexto en que las empresas transportadoras, con tarifa congelada, no se hacen cargo de las inversiones más grandes. Pero en todos los casos cosechó críticas por el lado de los usuarios.
El último cargo adicional a la demanda que confeccionó el Gobierno se conoce como el decreto 2067, a finales de 2008. Incluye diversos pagos extra por encima de la tarifa –en algunos casos llega al 100%– y tiene como destino cubrir los costos adicionales de la importación de gas por barco y desde Bolivia. En algunos casos no se aplica debido a fallos judiciales que frenaron los aumentos.
Previamente, creó el pago adicional para la ampliación 2005 del sistema de ductos (que derivó en el denominado caso Skanska), que estableció un adicional de 70% sobre la tarifa (congelada desde hace una década) para las industrias dentro de la red de la transportadora TGN y en torno al 80% para las que obtienen el insumo de TGS.
Y luego creó el Fideicomiso II, que implica un adicional de 380% sobre la tarifa de transporte de industrias para financiar la denominada ampliación 2006-2008, que aún no finalizó.
El proyecto enviado la semana pasada al Congreso también contempla la creación de otro cargo adicional para financiar gasoductos o redes domiciliarias de magnitud.
(El Cronista)