Biocombustibles: productores en riesgo acusan al Gobierno de no respetar la seguridad jurídica
Los productores de biodiesel expresaron a la Secretaría de Energía su malestar por el inesperado cambio de la fórmula que determina el precio por tonelada para la mezcla con gasoil y alertaron por la inminente suspensión de personal y el cierre de plantas elaboradoras de biocombustibles.
El fastidio se originó con la publicación en el Boletín Oficial de un valor para adquisición de biodiesel a partir de abril mucho menor al esperado y se canalizó a través de una carta que la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) envió al subsecretario de Hidrocarburos y Combustibles, Carlos Casares.
Este lunes, luego de casi 60 días sin actualización, el Gobierno nacional autorizó un aumento del 3,88% en el biodiesel, que pasó a ubicarse en $ 28.734 la tonelada. La decisión tomó por sorpresa a los empresarios, que esperaban alrededor de $ 30.500. La diferencia se explica en el “intempestivo” cambio de fórmula que ejecutó sin consulta la cartera energética.
“La (nueva) fórmula, además de contener errores, le quita previsibilidad y seguridad jurídica al marco regulatorio vigente”, denunciaron las pymes agropecuarias. “La decisión tomada es aún más drástica porque, en ausencia absoluta de diálogo o comunicación previa, se han introducido modificaciones que si no se revierten afectan y afectarán en formal terminal la actividad”, agregaron.
Desde Cepreb advirtieron que las actuales condiciones provocarán la cesación de unos 2.000 trabajadores, el consecuente desmantelamiento de fábricas nacionales y el desabastecimiento de gasoil. Aseguran que las nuevas reglas hacen inviable el negocio de los biocombustibles en la Argentina.
La magnitud del imprevisto conflicto abierto por el Gobierno ya se siente en la falta de provisión de biodiesel a las petroleras, que se vieron obligadas a aplicar cupos en la venta de gasoil a las estaciones de servicio, principalmente del interior del país. Sin gasoil, la actividad económica en general se verá más resentida.
Los productores recordaron en los últimos años realizaron “importantes” inversiones al amparo de la ley 26.093 y cuestionan la quita del ítem “Corrección Intermensual”, que actualizaba el precio de la tonelada según la variación del dólar. “La fórmula existente (la anterior), fue auditada durante más de un año y medio por funcionarios de este mismo Gobierno, y luego de intensas revisiones se llegó a una metodología de cálculo que mínimamente permitía trabajar con cierta rentabilidad y previsibilidad, sobre todo con el componente del tipo de cambio”, remarcaron los elaboradores.
Desde enero, el valor de la tonelada subió 6,58%. En el mismo período, el dólar oficial saltó de $ 38,31 (al 31/01/19) a $ 44,4 (al 29/03/19), un 15,90% más.
Directivos de las principales empresas del sector se reunieron el lunes con el subsecretario Casares en el Ministerio de Hacienda. El funcionario se limitó a oír las quejas y reproches y se comprometió a trasladarlos a su jefe Gustavo Lopetegui. Por las dudas, Cepreb se lo envió por escrito este martes.
La Cámara alertó por un “franco incumplimiento de la ley”. Lamentan que la fórmula acordada y certificada por Lopetegui en la Resolución 2/2019 solo se haya aplicado durante los primeros dos meses del año, ya que en marzo se continuó operando el precio de febrero. “En este escenario, nos reservamos el derecho de ampliar los hechos y perjuicios sufridos, así como también de iniciar las acciones legales tendientes a evitar la generación de mayores perjuicios o bien resarcir los daños efectivamente sufridos”, advirtieron.
Según los productores, a menos que haya una “inmediata” revisión de la publicación y se vuelva al esquema de la fórmula anterior, el “sector en estas condiciones va a desaparecer”.
“Esto no es algo que nos afecte de manera coyuntural o temporal, es la destrucción de la ley, que provocará el cierre de fuentes de trabajo con un mensaje que ahuyenta la inversión en el país por la falta de seguridad jurídica y autoritarismo de funcionarios que actúan intempestivamente”, concluyó la nota firmada por el director ejecutivo de Cepreb, Francisco Jáuregui.
Fuente: Ámbito