Buscan subir indemnizaciones por accidentes de trabajo

La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados tiene previsto impulsar durante el mes próximo un proyecto que busca aumentar en forma significativa las indemnizaciones para los trabajadores que sufren accidentes o enfermedades de origen laboral.

La iniciativa genera preocupación en los sectores empresariales y referentes de las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART): según la visión de los empleadores, la nueva norma subiría los costos sin solucionar la problemática de fondo del sistema y sin evitar que sigan en alza los planteos judiciales por accidentes.

Lo cierto es que, abierto este debate, sigue ausente la discusión legislativa por una ley que, además de mejorar las prestaciones, corrija la actual en los aspectos tachados de inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia hace casi tres años.

Según dijo a La Nación, el diputado Héctor Recalde, autor del proyecto y presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, el espíritu de la iniciativa es actualizar el valor de las prestaciones y, de esa manera, desalentar los juicios contra las empresas por parte de trabajadores que consideran que los pagos son insuficientes.

Silencio en el Ejecutivo

Recalde, que es un abogado de extracción sindical cercano a Hugo Moyano, dijo contar con el respaldo de la CGT para ir adelante con el proyecto. Desde el Poder Ejecutivo mantienen silencio, algo que es leído desde el sector empresarial como un indicador de que habría pocas chances políticas para la aprobación de los cambios.

Por de pronto, el legislador afirmó que serán invitadas a la próxima reunión de comisión la UART y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que conduce Héctor Verón y que depende del Ministerio de Trabajo. El encuentro sería el miércoles 1° de agosto o el siguiente, dependiendo de cuándo se reanude la actividad en el Congreso. "No vamos a demorar el tratamiento", señaló Recalde.

El texto prevé, entre otros puntos, un mínimo de $ 300.000 de resarcimiento por incapacidad total o muerte y un piso de $ 250.000 multiplicado por el porcentaje de incapacidad, cuando tal condición afecte en forma parcial.

La normativa actual, por el contrario, establece techos y no pisos tras definir cómo se calculan las prestaciones. También se busca establecer que, mientras dura la situación de provisionalidad de una incapacidad laboral, se cobre el 100% del salario.

Las fórmulas para determinar cuánto debe recibir un trabajador también se modifican en el proyecto, con lo cual los montos se elevan "casi hasta triplicarse", según estimó un consultor especializado en el tema. Los valores indemnizatorios tienen relación directa con los salarios y, por lo tanto, las mejoras en los ingresos tienen impacto en la cuantía de las prestaciones.

Dada la dinámica actual de recomposición de salarios, el proyecto de Recalde prevé que al ingreso base que se considera para calcular las prestaciones se le aplique una actualización trimestral. Según el principal asesor laboral de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, el proyecto sube costos al tiempo que no da seguridad jurídica, al no resolver el principal tema que dejó en jaque al régimen: qué pasa con la posibilidad de que el trabajador afectado vaya a la Justicia contra la empresa empleadora.

El artículo 39° de la ley 24.557, vigente desde 1996, buscó trabar el camino para que un empleado cubierto por una ART hiciera una demanda civil. Pero la Justicia lo declaró inconstitucional.

En este punto, la discusión es si debe disponerse que el trabajador tenga la opción entre cobrar del seguro o ir a juicio -esta es la posición empresarial- o bien si debe permitirse el cúmulo, es decir, que puedan pedirse ambos resarcimientos, tal como señala la postura sindical y del propio Recalde.

Por de pronto, sin solución del tema y con fallos que cuestionan otros aspectos de la ley debilitando el sistema, las aseguradoras y las empresas se quejan del incremento de la cantidad de litigios. En 2006 hubo 11.697 demandas, casi cuatro veces las ingresadas en 2003, el año previo a los fallos judiciales. Y para este año se prevé que los reclamos serán 17.845.

"Plazo razonable" Según Funes de Rioja, debería disponerse que la persona afectada tenga un "plazo razonable" para optar entre la indemnización de la aseguradora de riesgo del trabajo o un juicio, garantizando que se reciba la atención médica y el pago de los jornales.

"El sistema debe ser resarcitorio y, además, asegurable", apuntó el abogado, quien agregó que la modificación del régimen es una prioridad para las empresas, "sobre todo para las pequeñas y medianas", que son las que, ante un juicio, tienen un mayor impacto económico.

"El problema es que hoy el régimen está en tal situación de desorientación que la gente va a ir a un juicio aun cuando suban las indemnizaciones, con eso no alcanza", señaló un asesor empresarial. (La Nación)