Comienza la implementación de la ley Basura Cero

Desde junio, los habitantes porteños contarán con 12 mil contenedores para depositar allí las bolsas de residuos, explicó el ministro de Medio Ambiente porteño, Juan Manuel Velasco tras la firma del decreto reglamentario de la Ley Nº 1.854, Basura Cero, por parte del jefe de Gobierno de la Ciudad.

La iniciativa apunta a reducir progresivamente los residuos que se disponen en los rellenos sanitarios, con medidas orientadas a disminuir la generación, separar y reciclar la basura.

Velasco enfatizó "hacia fines de año se comenzará con la separación entre húmedos y secos para lo cual se implementará la recolección diferenciada, estos residuos se llevarán a los Centros Verdes donde trabajarán en cooperativas los cartoneros".

La ley prevé un cronograma de reducción progresiva de la disposición final de residuos sólidos urbanos que conllevará a una disminución de la cantidad de desechos a ser depositados en rellenos sanitarios. Estas metas a cumplir son un 30% para el 2010, de un 50% para el 2012 y un 75% para el 2017, tomando como base los niveles enviados al CEAMSE durante el año 2004. Se prohíbe para el año 2020 la disposición final de materiales tanto reciclables como aprovechables.

"Como se trata de una nueva forma que requiere ciertos cambios de hábitos, haremos una fuerte campaña de concientización en todos los barrios a través de los promotores ambientales para explicar el buen uso de los contenedores y el modo correcto de utilizarlos, y de esta forma contribuir a mejorar las condiciones higiénicas de las calles", explicó Velasco, promotor de la Ley de Basura Cero que fuera aprobada en la Legislatura Porteña en noviembre de 2005

El texto del decreto se acordó con más de 40 representantes de organizaciones ambientales, de cartoneros, empresarias y académicas, con las cuales se trabajo en 5 grupos temáticos durante un año.

El objetivo fue trabajar en conjunto y lograr una propuesta que integre las diferentes opiniones, criterios y conocimientos técnicos de los representantes del Consejo Asesor Permanente –CAP- y de aquellas organizaciones y asociaciones civiles con incumbencia en el área.