Denuncian protección política de la piratería comercial

Las vidas que se pierden en accidentes de tránsito en los que falló una autoparte no autorizada por el fabricante. El riesgo en la salud de quienes consumen medicamentos "truchos". Las fallas en la seguridad informática y los más de US$ 200 millones que se restan al producto bruto interno (PBI) argentino porque sólo un cuarto de su software es original. Las pérdidas para el fisco, los puestos de trabajo que no se crean, la falta de incentivo a la innovación y la inversión y, por si aquello fuera poco, el daño a la imagen del país en el exterior son algunas de las consecuencias de la extensión de la piratería, según advirtieron ayer varias empresas en un seminario sobre propiedad intelectual.

Y aunque reconocieron que la normativa actual es la adecuada y que ha habido importantes avances en el control aduanero, señalaron que no siempre hay voluntad política y judicial de aplicarla.

"El Poder Ejecutivo tiene que bajar línea a los intendentes y gobernadores de que la falsificación se acabó. Este es un negocio que está amparado políticamente. Los punteros políticos están haciendo un negocio con las ferias informales, como la de La Salada", reclamó el representante legal de Nike, Santiago Ferrer Reyes. El sector del calzado es uno de los más perjudicados por las falsificaciones.

Orlando Grassetti, director de Servicios al Cliente de Ford, dijo que el mercado oficial de autopartes mueve US$ 450 millones al año, pero eso representa sólo el 60% del total. Se venden autopartes no legítimas por US$ 300 millones al año. "Cuando uno compra autopartes originales, garantiza el funcionamiento del vehículo. Más del 20 por ciento de los accidentes ocurren porque detrás hay una autoparte falsificada", dijo.

El director de Asuntos Legales de Microsoft, Jorge Vega Iracelay, indicó que la Argentina ocupa el puesto 51 en un ranking de 70 países sobre políticas públicas de protección a la propiedad intelectual. Pidió que el Estado invierta en educación y sea "un usuario ejemplar" de productos no pirateados.

El seminario, del que también participaron funcionarios de la Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Estados Unidos, fue organizado por la Cámara de Comercio de EE.UU. en la Argentina (AmCham).

En diálogo con LA NACION, el director ejecutivo de la cámara, Alejandro Díaz, sostuvo: "La situación de la propiedad intelectual hoy es un poco ambigua. El titular de la Aduana, Ricardo Echegaray, implementó un sistema de alerta temprana que funciona bien para prevenir que ingrese la piratería. Pero respecto de que lo que es fabricado en el país, no tengo tan claro que haya una proactividad manifiesta para combatirlo".

Para Raúl Gatica, del laboratorio Merck Sharp & Dome, coordinador de la iniciativa de propiedad intelectual de la AmCham, "hay todavía muchas áreas grises por la falta de cooperación entre agencias del Gobierno". Según un informe de la AmCham, el 69% de los consumidores compra productos falsificados o pirateados.

La situación en la Justicia no es mucho mejor. De las 4193 denuncias entre 2000 y este año por delitos contra patentes y marcas en la Capital Federal, sólo 163 fueron elevadas a juicio y apenas 15 terminaron en condena. "En los juzgados federales uno ve cómo entra la señora con el bolso a vender mercadería en infracción", se quejó el abogado de Nike. Y criticó un fallo en primera instancia que consideró que si la falsificación es muy evidente, entonces no hay engaño.

Antes de irse al acto por el 11 de septiembre, el embajador norteamericano, Earl Wayne, inauguró el encuentro. "Proteger los derechos de propiedad intelectual es una prioridad para ustedes y para mí. Y también es bueno para la Argentina. Puede contribuir al crecimiento de este país", opinó.

Varios de los presentes elogiaron el plan que aplicó Brasil para coordinar distintas fuerzas en la lucha contra la piratería y duplicar en pocos años el valor de los productos incautados. "La piratería implica riesgos para la economía del país. Aleja inversiones externas, afecta el mercado de trabajo y compromete la recaudación", dijo André Barcellos, funcionario del Ministerio de Justicia de ese país.

Con una exposición muy franca, la directora de Aduanas de Paraguay, Margarita Díaz de Vivar, reconoció la vulnerabilidad de sus fronteras y sostuvo que "el corazón del problema de la piratería" en el Mercosur está en la zona de la Triple Frontera. (La Nación)