Diputados dio sanción definitiva a la ley antilavado

La Cámara de Diputados dio ayer sanción definitiva a un proyecto que modifica el Código Penal para castigar las "asociaciones ilícitas terroristas" y su financiación, una norma que era reclamada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), pero que fue cuestionada por parte de la oposición y organizaciones de derechos humanos.

De este modo se cumplió con una imposición del GAFI, organismo mundial que lucha contra el lavado de dinero e integra la Argentina, y que había puesto este mes como plazo para la sanción de una norma que perfeccione el combate contra el terrorismo internacional, a riesgo de imponer sanciones al país.

El proyecto, que había recibido media sanción del Senado la semana pasada, fue aprobado por 101 votos a favor y 35 en contra. Por el oficialismo habló la diputada del Frente para la Victoria Rosario Romero, que negó que se propicie "la represión de la protesta social y política".

Dijo que "es un tipo penal muy cuidado y cerrado", y detalló quiénes se verían comprendidos en esa figura delictiva. Romero respondió de esta manera a varias organizaciones de derechos humanos, que ayer emitieron un comunicado de prensa denunciando que "se pretende calificar como terrorista a todo aquel que intente imponer sus reclamos al Gobierno, y extendiendo enormemente las atribuciones represivas de las fuerzas policiales, de inteligencia interna, de jueces y fiscales".

Esas entidades, que habían realizado una concentración frente al Congreso para expresar su repudio a esta iniciativa, sostuvieron que, en cambio, "los verdaderos terroristas, entre ellos los captores de Julio López y los asesinos de Carlos Fuentealba, siguen impunes".

La diputada Romero admitió que "todo lo que suene a ley antiterrorista suena mal, porque en nuestra historia hubo leyes que buscaban reprimir la protesta social y la oposición política", pero pidió que "no se actúe con prejuicios" y que se analice cuidadosamente el texto para comprobar que este no es el caso.

En tanto, la diputada macrista Nora Ginzburg criticó "la demora del Gobierno" en avanzar con esta ley, y sotuvo que demandaría "varios años" probar que un imputado incurrió en el delito de "asociación ilícita terrorista".

"Va a ser imposible acreditar este delito", señaló la legisladora del Pro, y en particular cuestionó que no se contempla el caso de organizaciones nacionales, sino solamente las que tienen conexiones internacionales.

Al respecto, precisó que con esta ley "no estarían contempladas ni las FARC, ni Sendero Luminoso, ni la ETA", y advirtió que "no servir para combatir el terrorismo".

A su turno, el radical Alberto Beccani explicó que su bloque apoyaría en general esta ley, pero realizó algunas observaciones. El legislador de la UCR consideró que la nueva figura penal "de ninguna manera va a servir para reprimir protestas sociales y políticas", y dijo que tendría que estar dentro de "una ley especial", en vez de modificarse el Código Penal.

Beccani dijo luego que el financiamiento de las asociaciones terroristas proviene en gran parte de los denominados "paraísos fiscales", y tras indicar que varios de ellos pertenecen a países del Primer Mundo, entre los que citó a Estados Unidos, Gran Bretaña y Holanda, cuestionó "la hipocresía" de esas naciones, que exigen cambios en las legislaciones de otros países.

También se pronunció a favor el duhaldista Juan José Alvarez, si bien sostuvo que la figura de asociación ilícita terrorista no es totalmente precisa.

Oposición

Por el ARI habló Emilio García Méndez, que manifestó la total oposición de esa bancada a esta iniciativa, y advirtió lo delicado que es esta cuestión en un país "que no sólo experimentó el terrorismo internacional, sino el insidioso terrorismo de Estado".

García Méndez afirmó que "es difícil de imaginar un delito que ya no está contemplado en nuestro Código Penal", por lo que desechó que exista "un vacío jurídico" que deba llenarse con esta norma.

"Este proyecto es gratuitamente violatorio de derechos fundamentales", indicó el legislador del ARI, ya que -a su juicio- ni siquiera servir para combatir al terrorismo.

En tanto, con diversas fundamentaciones, también se manifestaron en contra Carlos Tinirello (Red de Encuentro Social), Laura Sesma (Socialismo), Juan Carlos Godoy (Concertación Entrerriana), Miguel Bonasso (Convergencia).

La norma contempla para los fundadores o jefes de la asociación ilícita que el mínimo de la pena será de diez años de reclusión o prisión. Se dispone además que será reprimido con reclusión o prisión de cinco a quince años, salvo que correspondiere una pena mayor, el que recolectare o proveyere bienes o dinero, con conocimiento de que serán utilizados, en todo o en parte, para financiar a una asociación de ese tipo.

Fuente: NA