Dirigentes del agro aseguraron que no hay desabastecimiento

Mientras el detalle de las negociaciones entre el Gobierno y el campo se guarda en un buscado hermetismo, el secretario de Comercio Guillermo Moreno y los presidentes de las cuatro entidades que encabezaron el paro vuelven a verse cara a cara, esta vez en los Tribunales.

La reunión se realiza en el despacho del juez federal en lo penal económico, Marcelo Aguinsky, que la semana pasada convocó a las partes a una audiencia con la que pretende evitar el desabastecimiento de mercaderías en el caso de que el agro decida volver a la huelga si fracasan las negociaciones con las autoridades.

Antes de ingresar en el edificio de Comdoro Py, tanto Fernando Gioino, presidente de Coninagro, como Eduardo Buzzi, líder de Federación Agrario, rechazaron las denuncias de desabastecimiento por la falta de mercaderías durante el paro del campo.

"Ni hubo ni va a haber desabastecimiento", sentenció Gioino ante los periodistas que aguardaban en la entrada del edificio.

Buzzi fue algo más allá al cuestionar que el tema haya llegado a la Justicia. "Lo que importa en este caso, más allá de Moreno es mostrarle a la Juisticia que no hubo acción deliberada de desabastecimiento ni contra el pueblo", señaló.

En este contexto, cuestionó "judicializar la protesta" y criticó que se haya llegado "a la instancia judicial" con lo que describió como "un reclamo para que se contruya un país federal".

"Lejos estuvo de nuestro ánimo desabastecer o afectar al pueblo argentino", insistió Buzzi.

Ya están en Tribunales, además de Gioino y Buzzi, el presidente de la Sociedad Rural, Luciano Miguens y Moreno. Aún aguardan al titular de CRA, Mario Llambías.

Cortocircuito. Entre otras cosas, los ruralistas cuestionan a Moreno por la falta de aplicación del acuerdo para las carnes al que se llegó hace dos semanas. Pese a que el Gobierno se comprometió a ampliar el cupo de carne exportable y a reabrir el comercio con el exterior, nada de eso ocurrió hasta ahora.

A cambio, el funcionario exigió a los hombres de agro que garanticen los precios acordados con el Gobierno para 13 cortes populares de carne, en medio de amenazas sobre la posibilidad de aplicar la ley de abastecimiento.

Esa norma rige desde 1974 y prevé multas y penas de prisión y faculta a las autoridades a aplicarla a quienes dificulten o impidan el abastecimiento del mercado interno.

La ley, número 20.680, establece además que la autoridad encargada de aplicarla, esto es, la que tiene competencia para juzgar en primera instancia las conductas de los productores y para aplicar sanciones es, precisamente, la Secretaría de Comercio cuyo titular, Moreno, mantiene una ríspida relación con el campo.

Cuando convocó la audiencia la semana última, Aguinsky dijo a LA NACION que el objetivo del acto era "llegar a un acuerdo para que un eventual paro del campo no produzca desabastecimiento en la población".

En este contexto, se espera que Moreno muestre al juez una serie de carpetas que contienen, según adelantó uno de sus abogados, pruebas de hechos concretos de desabastecimiento que el paro del campo habría provocado, a fines del mes último, en distintos puntos del país.

Uno de los resultados de la audiencia podría ser la firma de un documento en el que quede sentado que los ruralistas no avalan el desabastecimiento de mercaderías. Con ello, estarán en una posición mucho más fuerte -dicen en el juzgado- para defenderse de la eventual imputación que, en el futuro, quiere impulsar Moreno.

Por el contrario, si alguna de las personas convocadas no concurre al acto o no se llega a un acuerdo, no sufrirán consecuencias inmediatas.

Denuncias. La causa que ahora está en manos del juez Aguinsky comenzó con tres denuncias penales por desabastecimiento y cortes de rutas que fueron presentadas por Eduardo Barcesat; Rubén Manusovich, titular de Fedecámaras, y por Eduardo Montovini. (LA NACIÓN)